Por Javier Urban – El establishment pampeano contra el aporte solidario. Como Milei, entienden a la justicia social como una atrocidad. La revisión de estrategia de Milei duró poco, no puede con su ira y eso no es gratis. Ziliotto referencia nacional. Tampoco para él, determinados gestos le son gratis.
Fue aquella noche del 13 de agosto del año pasado, cuando en el bunker de la Libertad Avanza se festejaba su inesperada victoria en las elecciones primarias, que el desquiciado presidente que hoy se atreve a las peores atrocidades, puso en palabras lo que la derecha, el gorilismo, la aristocracia, la oligarquía argentina, desde siempre pensaba y esperaba que alguien dijera.
Aquella noche Javier Milei expuso a los gritos que se terminaba «la atrocidad de que donde hay una necesidad nace un derecho, cuya máxima aberración es la justicia social», algo que sus fanáticos celebraban en nombre de los más de siete millones de argentinos que lo votaron. Y Milei explicaba «se olvidan de que alguien lo tiene que pagar. Se olvidan de que es injusto que la paguen sólo algunos. Es robarle a alguien para darle a otro, un trato desigual frente a la ley», decía.
Eso cree el presidente y definitivamente es eso lo que habilita a un amplio marco de la dirigencia pampeana a fijar la misma postura frente a una clara decisión política tomada por el gobernador en el marco de la justicia social.
La Justicia social es un concepto moderno y humanista. Es un concepto que entiende al ser humano, no como un individuo aislado de los demás, sino como un ser social, libre y axiológico (o sea atravesado por un orden de valores morales). Su punto de partida es la dignidad humana y el amor al prójimo. Entiende que los bienes y recursos que hay en una sociedad son producto no de un esfuerzo individual, sino de uno colectivo. Y por lo tanto que debe existir una mayor equidad en el reparto de los mismos. Y que es un entorno social justo el que va a contribuir a la cohesión, la paz social y el desarrollo de esa sociedad. Hace referencia entonces a la igualdad y equidad social, la igualdad de oportunidades, la distribución del ingreso y la lucha contra la pobreza.
Y para llevar adelante estos objetivos sociales es necesario que el Estado tenga un rol activo protegiendo a los sectores más desvalidos, regulando el mercado, poniéndole límites a los poderes privados en beneficio del conjunto social.
Históricamente, la justicia social es bandera del peronismo a partir de que con la revolución del 17 de octubre de 1945, el Estado justicialista toma el rol de un Estado de bienestar y llevó adelante políticas activas en pos de la distribución de los frutos del desarrollo y la dignidad humana, inspirado en la Encíclicas Sociales. E incluso en 1949 promulgó una Constitución que garantizaba los derechos de la niñez, la ancianidad, a la vivienda, a la alimentación, a la salud física, al cuidado de la salud moral, al esparcimiento, al trabajo y los derechos de los trabajadores y un nuevo concepto de la propiedad limitada en su función social.
Esa concepción peronista es la que naturalmente orienta al gobernador Sergio Ziliotto y es la que le obliga a tomar medidas frente a lo que calificó como «la tormenta perfecta» -generada por las medidas de Milei- que «hará insuficiente a los recursos previstos en el presupuesto provincial 2024, no sólo por el descomunal e incesante aumento del precio de los alimentos sino porque lamentablemente serán muchos los grupos familiares que caerán en la indigencia».
Es así que dispuso establecer, por ley, un aporte solidario y extraordinario que alcanzará principalmente a todo el sector financiero, pero además a los altos salarios públicos provinciales y a la posesión de inmuebles y vehículos vinculados a las mayores valuaciones fiscales.
Serán 4 mil los contribuyentes alcanzados por este aporte, los que tengan 5 o más casas o departamentos o que la valuación fiscal de todos sus inmuebles supere los 50 millones de pesos; los dueños de autos y camionetas 4×4 que tengan un valor superior a los 40 millones de pesos y los funcionarios públicos o empleados jerarquizados de la administración pública que cobren más de 2 millones de pesos por mes. Con eso el gobernador cree que podrá recaudar unos diez mil millones de pesos para garantizar el acceso a los alimentos por parte de núcleos familiares en estado de vulnerabilidad social.
Y claro, Ziliotto mandó ese proyecto a la Cámara de Diputados y saltaron los que nunca imaginaron que, después de que Milei «hubiera puesto las cosas en su lugar» -con eso de que la justicia social es un robo, un trato desigual frente a la ley-, el Estado provincial iba a querer asistir a los que han caído en el umbral de la pobreza y la indigencia, «con la nuestra».
Los diputados radicales dicen que «es mayor carga fiscal», que «es la creación de un nuevo impuesto», que «como pasa con casi todos los impuestos, arrancan diciendo que son para una cuestión temporal y de emergencia y terminan quedándose para siempre», que «por ahí puede parecer que afecta a un lado, a un sector o a otro, pero termina impactando en todos».
Los del PRO-MID manifestaron, la diputada Laura Trapaglia lo hizo, “su más enérgico rechazo” a la creación del nuevo aporte. Dijo que Ziliotto omitió adrede decir que se trataba de un nuevo impuesto pero que «lo es y en caso de entrar en vigencia, perjudicaría totalmente a la inversión y al ánimo de emprender, al penalizar el éxito económico y la rentabilidad”.
Todos alineaditos con la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, que considera que «la solución no puede limitarse únicamente a la imposición de nuevos impuestos para algunos y la distribución de esos fondos de manera poco eficiente».
Todos alineaditos con Milei. Un robo, un trato desigual contra la ley. Que lo digan como quieran, pero es eso lo que eternamente les pasa. No se bancan la justicia social. Y Ziliotto fue claro: «la mayoría de los ciudadanos de la provincia, no tienen ninguna posibilidad de contribuir más, no hay modo, no hay forma de que el ajuste lo sigan soportando ellos» que es lo que quieren radicales, macristas y agricolaganaderos asociados.
Como producto de una sociedad frustrada y enojada, pero a la vez de una época de liderazgos líquidos, la imagen de Milei terminó destrozada en sus primeros dos meses de gestión donde, con un decreto de necesidad y urgencia, atribuyéndose una enorme cantidad de potestades legislativas, y un proyecto de ley “ómnibus”, en el que también se abordaron cuestiones de la más diversa índole en casi setecientos artículos y seis anexos, pretendía dejar sin derechos a la mayoría de los sectores poblacionales y productivos del país, creía que lo suyo sería un ir en coche hacia su autoritario objetivo anarcocapitalista en el que dinamitaría al Estado para concebir una sociedad que, sin controles, dejaría su razón de ser. La intención del Presidente no fue que esas cuestiones fueran debatidas por las cámaras, sino que el Congreso las aprobara sin vacilar, considerando que ahí estaría la razón universal revelada por las “fuerzas del cielo”. Naturalmente su estrategia fracasó con respecto a la “ley ómnibus” y está peligrando la continuidad del “megadecreto” de necesidad y urgencia, que podría ser rechazado por ambas cámaras del Parlamento. Eso desató su ira calificando al Congreso de “nido de ratas”, a los legisladores de “traidores” y se enfrentó con los gobernadores. Todo le salió mal y ante una sociedad que, harta y agobiada por la crisis económica le aceptaba la idea de la motosierra, pero confiando en que el ajuste lo absorverían otros, y prontamente se dió cuenta que éste también les mintió; Milei, o seguramente al menos quienes lo rodean, entendieron que el país no es una pista de autitos chocadores y que la estrategia de la confrontación no lo conduce a buen puerto. Es así que parecía que había recalculado, incluso retrocedido en el tiempo, y en la inauguración de las sesiones ordinarias, convocó a un “pacto” fundacional, invitando a los gobernadores y a miembros de “la casta” a la que tanto desprecia. Claramente daba señales de que había revisado su estrategia.
Pero cual adolescente, no se pudo contener y con una reunión de gobernadores para acercar posiciones a 48 horas vista, le saltó esa rabia sobreactuada, indominable desde su amateurismo, y en un encuentro privado en la muestra ExpoAgro, les confió a su auditorio vip: «a los gobernadores los voy a mear a todos, ¿quiénes se creen que son? y si siguen jodiendo, les cierro el Congreso». Todo ante la duda de quienes con él hablaban sobre la suerte de la ley ómnibus en su segundo intento de aprobación.
Después, de manual, se victimizó diciendo «creí que podía negociar de buena fe con los gobernadores, agregamos un capítulo fiscal en la ley bases para arreglarles el problema que tenían las provincias y ellos en lugar de tomarlo como algo de buena voluntad creyeron que era un síntoma de debilidad».
Su perversión es evidente, no hay indicio alguno de que lo que quiera sea negociar, siempre lo que ha querido es imponer condiciones, por más que determinados actores de poder insinúen que ahora apuesta al diálogo con los gobernadores.
Por eso, toda esta movida de crear dos comisiones -una integrada por los ministros de Economía provinciales y el equipo del ministro Luis Caputo «para continuar avanzando en los temas del Pacto de 25 de mayo»; y otra por los ministros de gobierno provinciales y el jefe de la cartera de interior que conduce Guillermo Francos para avanzar en los temas políticos-; la presentación de una «nueva Ley Bases u ómnibus, condensada; una nueva fórmula de actualización de jubilaciones; y un proyecto sobre el Impuesto a las Ganancias; es más de lo mismo. El gobierno de Milei lo que pudo haber ganado es tiempo, pero aun así ¿para qué?…porque no sólo los reclamos de las provincias por los fondos para la educación y el transporte quedaron afuera, sino fundamentalmente porque, por más que logre el impresentable de Francos que los impresentables Jaldo, gobernador de Tucuman y Frigerio, de Entre Ríos, lo franqueen en una conferencia de prensa donde sólo pudo decir que «hubo consenso mayoritario sobre los principales puntos de la ley bases», todas las agresiones, insultos y malos tratos de Milei no son gratis, por más que «el profesionalismo» de los gobernadores no se lo hagan saber del modo grotesco y degradante que a él lo caracteriza.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está firme en su postura de que «a Santa Fe no la van a extorsionar. Ni la van a amedrentar. Santa Fe es una provincia pujante. Una provincia que tiene mucha potencia productiva y que obviamente va a poner su posición en una mesa de diálogo siempre”. En la misma línea, el cordobés Martín Llaryora, asegura que el Presidente está perdiendo imagen y apoyos por el ajuste y la tensión con las provincias.
Y sobre todo, firmes están en su postura Ziliotto y el resto de los gobernadores patagónicos que al reunirse la semana pasado sacaron un documento del que el mandatario pampeano dijo: «tenemos en claro que a la Argentina la sacamos adelante a partir del desarrollo armónico, ligado al federalismo con la participación de un Estado fuerte a partir de los recursos. Estamos viendo como potenciamos esos activos que tenemos a partir de los recursos naturales. Fuimos la primera región que dimos el puntapié inicial en 1996 para fortalecernos» y recordó que «desde 1988 siempre hubo varios pactos fiscales donde a las provincias le fueron decayendo los recursos y hoy Nación se queda con el 56% y las provincias con el 44%, cuando hace 25 años la distribución de recursos era de un 58% para las provincias y un 42% para Nación. Tenemos que romper las asimetrías de las responsabilidades. Las provincias somos responsables de la salud, la seguridad, la educación, la justicia y, mayoritariamente, la obra pública. Queremos ir a discutir un nuevo federalismo fiscal, queremos recuperar lo que nos pertenece».
Nada de todo eso parecería querer discutir el presidente que los quiere “mear” y por eso, Ziliotto, después de la inocua reunión con Francos y Posse, dijo “siempre vamos a dialogar. Lo dijimos y lo hacemos. Estamos dispuestos a acompañar propuestas para desarrollar la Argentina y generar inclusión social expandiendo la economía con más producción y más trabajo, lo que nunca será posible ajustando y, menos aún, ignorando el federalismo. Por eso reclamamos los recursos que nos corresponde y nos quitaron, por eso rechazamos el Impuesto a las Ganancias al salario de las y los trabajadores”, sumándose a la mayoría de los gobernadores que lo rechazan aunque, ya lo hemos dicho, a La Pampa le favorecería que se re impusiera ese impuesto.
Ese fuerte posicionamiento político desde la patagonia hizo que la CGT, que está definiendo por estas horas una nueva medida de fuerza para los próximos días, sume a los gobernadores de la región en la cruzada contra el mega DNU. Rodolfo Daer buscó a Ziliotto como referente en ese sentido porque ya en diciembre había sido uno de los primeros en manifestarse contrario al mismo. Aquel surgimiento del gobernador de La Pampa en el amanecer de la pesadilla Milei, oponiéndose a esas primeras medidas y su persistencia en ese sitial, indudablemente lo erigen a Ziliotto como un referente nacional de la oposición y del peronismo en particular.
Ahora, así como decía que a Milei no le será gratis su grosero destrato a legisladores y gobernadores, evidentemente tampoco le es gratuito a Ziliotto algo que parecía, si no diluido, por lo menos postergado en cuanto a sus consecuencias, por la tormenta perfecta que Milei representa y ante la que urge guarecerse.
Tanto es así que los medios se guiaban por la lógica y se animaban a presentar -vaya a saber de dónde lo sacaron- la intención de avanzar rápidamente en el tratamiento de los dos proyectos que el gobernador envió el martes pasado –el del aporte solidario y el de la continuidad de la obra pública que abandonó el Gobierno Nacional en la provincia-, por parte del bloque de diputados y diputadas del FreJuPa. E incluso decían que «fuentes legislativas consultadas» explicaron que se trata de temas «sensibles que merecen celeridad en el tratamiento y también para darle las herramientas para gobernar» y que «la intención es darle tratamiento desde esta semana» decían, por la pasada.
En fin, esas fuentes no deberían tomarse como muy confiables porque el bloque oficialista está dominado, por más que a la presidencia la ostente Espartaco Marín, por diputados y diputadas que responden al ingeniero Carlos Verna y éste se quedó esperando que un par de secretarios y, por lo menos, un ministro que permanecen en el staff del gobierno, dejaran de ocupar esos cargos desde el 10 de diciembre del año pasado. Suponía que, después de haber dicho antes de las elecciones provinciales de mayo del año pasado que «Sergio merece una segunda gestión» y porque, como manifestó en su momento, “él ha dicho reiteradamente que me consulta sobre lo que pienso… y yo opino con total sinceridad, faltan funcionarios que tengan más presencia en el territorio, que vayan más a ver a los intendentes, por eso confío en que eso es algo que el Gobernador corregirá durante esta segunda gestión”, dispondría de esos cambios en el gabinete. Sin embargo…
Mucho ha estado pasando y sigue ocurriendo desde entonces, pero…nada es gratis, y en el oficialismo, la mayoría de los diputados/as mucho apuro no han mostrado, siquiera, para darle ingreso a los proyectos del gobernador.
