Los diputados provinciales, Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga del Bloque Comunidad Organizada, le solicitaron a través de un Proyecto de Resolución al Gobernador Sergio Ziliotto que genere los canales de diálogos necesarios con el Gobierno Nacional a fin de «lograr la continuidad de las obras públicas de carácter nacional y/o de financiamiento mixto que se desarrollan en La Pampa».
El bloque de diputados expresó: “El proyecto insta a la generación de dialogo entre el gobierno provincial y el nacional, para que a partir de esa vía de contacto inter institucional, puedan tratarse diferentes necesidades provinciales y así arribar a soluciones mucho más viables para el pueblo pampeano, evitando consecuencias indeseables y complejas”.
Destacan que “En estas últimas horas, en un primer momento las expresiones públicas del señor Ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, ante una pregunta específica respecto a las obras públicas nacionales en las provincias, manifestó que las mismas no se han frenado desde el 10 de diciembre, sino con anterioridad, a partir fundamentalmente del proceso inflacionario que venía ocurriendo”.
Expresan que “No obstante ello, se conoció que el Poder Ejecutivo Nacional, está dispuesto a analizar con cada gobierno de provincia, la cesión de obras originalmente contratadas por Nación a los distintos Estados Provinciales, y con ello, poniendo en manifiesto la real voluntad de la Nación de concluir las obras nacionales”.
Los legisladores indican que “Al día de hoy el oficialismo provincial pretende hacerse cargo de las obras a través una ley que declara la emergencia de obra pública, sostenida dicha acción solo a partir de una previa intimación, con respuesta negativa u omisiva para así hacerse de las obras con dinero provincial”.
“Tampoco podríamos en términos jurídico-institucionales, por ningún instrumento provincial, sea decreto o ley, cambiar la jurisdicción de un contrato de obra nacional para pasarlo a un ámbito provincial, lo cual conllevaría consecuencias jurídicas, judiciales, hasta de un ámbito penal por una situación manifiestamente irregular e inapropiada, en términos de alteración de contratos y situaciones que pueden conllevar hasta falsedad ideológica, adulteración en instrumentos públicos, generando también consecuencias negativas hasta para los mismos contratistas de las obras.” concluyeron.
