El concejal de Patria Grande en el FreJuPa, Mariano Alfageme, presentó el proyecto aprobado por mayoría, en el que se le pide a las y los legisladores nacionales por La Pampa que rechacen el DNU que permitió 14 mil “despidos arbitrarios e ilegales” en todo el país, 90 de ellos, en la Provincia.
“Estos despidos arbitrarios e injustificados revelan no sólo un total desconocimiento de la gestión del Estado Nacional, sino también la intención de desmantelar todas las políticas públicas, impactando de manera negativa en gran parte de la población de nuestro país”, afirmó el edil santarroseño.
En el proyecto de resolución, aprobado con el voto del bloque del FreJuPa de Santa Rosa, interpela a las y los diputados nacionales para que no acompañen el DNU 70/2023 porque “afecta derechos económicos, culturales, sociales, sindicales, vinculados a la salud, vivienda y alquileres, trabajo, ambiente, tierra y seguridad de todos los y las habitantes de la Nación”.
Recordó que fue rechazado por el Senado de la Nación, pero sigue vigente porque no se trató en diputados.
Por ello les solicita a los legisladores nacionales por La Pampa, Martín Maquieyra y Martín Ardohain (PRO), y Marecela Coli (UCR) que “no avalen que casi un centenar de familias pampeanas se queden sin trabajo por despidos se están llevando adelante ilegalmente, ya que se efectúan de forma arbitraria e injustificada, violan lo dispuesto por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la legislación laboral argentina”.
“Esperemos que los diputados y la diputada nacional de la oposición no sean cómplices del ajuste y los despidos, como lo hicieron el bloque del PRO y Comunidad Organizada del Concejo Deliberante de Santa Rosa””, reclamó.
“A la fecha el gobierno de Milei despidió a 14 mil trabajadores de un total de 70 mil proyectados, lo que revela la intención de desmantelar todas las políticas públicas, impactando de manera negativa en gran parte de la población de nuestro país”, añadió.
Recordó que en La Pampa “han sido despedidos/as hasta la fecha más de 90 (noventa) trabajadores y trabajadoras de organismos públicos nacionales, entre ellos 38 (treinta y ocho) del Programa Nacional “Primera Infancia”; 15 (quince) del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI); 14 (catorce) de las delegaciones de ANSES de Santa Rosa, Santa Isabel y Victorica; 8 (ocho) del Centro de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social; 7 (siete) del Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM); 4 (cuatro) del Distrito 21º de la Dirección Nacional de Vialidad; 2 (dos) de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), 2 (dos) del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y 2 (dos) del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)”.
A eso se le suma que “en los casos del INAFCI, el INADI, el CAJ y el ENACOM, el despido de sus trabajadores/as implica el cierre de la delegación provincial de estos organismos nacionales y el fin abrupto de las políticas públicas impulsadas por dichas reparticiones”.
Y en el caso de ENACOM el accionar del gobierno de Milei se vio agravado “por la presencia de un patrullero y de la Policía Federal, que impidió el ingreso del personal a las oficinas del organismo, en una clara señal de amedrentamiento ante posibles manifestaciones o protestas”.
También desacreditó el discurso oficial nacional que estigmatiza a las y los estatales porque “en la mayoría de los casos despidieron a personas que tienen una antigüedad laboral que va de los 5 a los 20 años, y que no tenían antecedentes de sanciones que avalen su cesantía”.
Los despidos también fueron cuestionados por Alfageme ya que “fueron notificados mediante WhatsApp o correo electrónico, y sin el telegrama de despido en los plazos y formas exigidos por Ley”.
Advirtió que a estos despidos se le “suman el cierre de la agencia estatal de noticias TÉLAM y el intento de privatización del Banco de la Nación Argentina” que fue repudiado ide manera institucional por el Concejo Deliberante.
Por último, afirmó que los despidos generan incertidumbre y preocupación en las familias pampeanas que perdieron el salario, y “afecta los servicios a la población local que se prestaban en estas reparticiones estatales, cuyo cierre y/o achicamiento implican el desmantelamiento de políticas públicas y la desarticulación de capacidades técnicas y profesionales construidas a lo largo de las últimas décadas”.
