El gobernador pampeano interpuso a través de la Fiscalía de Estado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia solicitando se ordene al Estado Nacional a pagar en forma inmediata la deuda del Gobierno Nacional en concepto de déficits de las cajas previsionales. Además, planteó la inconstitucional del DNU presidencial.
El Gobierno provincial fundamentó la presentación en el incumplimiento del Pacto Federal de 1999, ratificado por ley 25.235, y de las leyes 27.260 y 27.701, luego de agotada la vía administrativa ante la falta de respuesta a los reclamos provinciales. Asimismo se plantea la inconstitucionalidad del reciente DNU 280/24 que pretende derogar la citada normativa.
«Defendemos La Pampa, también ante la Corte Suprema de Justicia Nacional. Presentamos una demanda exigiendo el pago de deudas por el Déficit Previsional provincial», expresó el gobernador Sergio Ziliotto.
Denunció que el gobierno nacional «incumple el Pacto Federal de 1999, ratificado por ley 25.235, y las Leyes 27.260 y 27.701. Asimismo, pretende derogar toda esa normativa con el DNU 280/24, el cual no solo rechazamos, sino también planteamos su inconstitucionalidad», dijo.
Esta semana, Ziliotto dio un informe público sobre los alcances del ajuste de Milei en La Pampa. Ahora reiteró que «desde diciembre pasado no recibimos ningún pago. A pesar de constantes reclamos y ante la falta de respuesta exigimos lo que nos corresponde».
“La defensa de los recursos de las y los pampeanos trasciende a los gobiernos nacionales. Lo hicimos, lo hacemos, lo haremos”, cerró el gobernador pampeano en su mensaje en redes.
Presentación
La Fiscalía de Estado pampeano, fundamentó la presentación en «la manifiesta falta de pagos por incumplimiento de anticipos mensuales, la omisión de realizar simulaciones y sus consiguientes auditorías, la negación a pagar las sumas debidas en concepto de actualización y la posterior actitud asumida al dictar el D.N.U. N° 280, prueban acabadamente que el Estado Nacional incumple en forma flagrante el marco normativo vigente desde 1999, generando un grave perjuicio a la Provincia, desfinanciando sus Cajas Previsionales y obligándola en consecuencia a asumir con recursos propios dicho déficit».
Además, planteó que «la actitud del Estado nacional de no realizar las simulaciones, negarse a abonar los adelantos, eliminar las partidas presupuestarias, dañan la autonomía de la provincia y la forma de gobierno federal que nuestra Constitución establece».
Y remarcó: «de continuar esta situación se verán perjudicadas las personas que perciben sus jubilaciones, afectando gravemente una prestación de carácter alimentario».
La deuda que La Pampa reclama, estimada por Auditorías realizadas por el Instituto de Seguridad Social del año 2024, calculadas al 31 de marzo, es de $5.104.478.586,96.
A ello se le suman los déficits de 2020, 2021, 2022 y 2023. «Cabe aclarar que del año 2020 solo se reclama la actualización, habida cuenta que el anterior gobierno nacional efectivizó el pago de ese período. Del resto de los años se reclama el déficit actualizado, descontando los anticipos recibidos», indicaron.
En el mismo planteo, La Pampa solicitó a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de Decreto 280/2024 emitido por el Poder Ejecutivo mediante el cual, bajo falsas premisas de urgencia y necesidad, incorpora diversas disposiciones que modifican el presupuesto vigente.
