Ya ha pasado mucho tiempo. Milei no afloja ni se toma el helicóptero. Ziliotto insiste con combatirlo. Misiones demostró que no hacerlo y ser colaboracionista no sirve de mucho. La intersindical y los docentes anunciaron que van a parar. A di Nápoli le torcieron el brazo.
(Por Javier Urban) Otra vez, La Pampa no es una isla. Y la realidad se nos vino encima. Durante la campaña electoral del año pasado, cuando elegimos presidente, advertíamos, sobre todo antes del ballotage, que el fenómeno Milei, motosierra en mano, tenía previsto un fenomenal ajuste a las provincias. Que, de acuerdo a su plataforma electoral, pensaba echar a un millón y medio de trabajadores públicos (la mitad del total en todo el país) y que iría por los muchachos de los gremios.
Como muchos otros, desde este espacio editorial decíamos que no se trataba de una campaña del miedo, sino de miedo de verdad por lo que esta bestia prometía hacer. El peronismo, que había ganado en la primera vuelta, ya no pudo frenar el antiperonismo de Juntos por el Cambio aliado a Milei y sin que las mayorías creyeran que verdaderamente iba a llevar adelante el ajuste más feroz de la historia de la humanidad, como se jacta de estar ejecutando, lo votaron y ahí está de presidente.
Pero esa incredulidad respecto a lo que sería capaz de hacer no sólo fue de sus votantes, sino que también los dirigentes políticos opositores, particularmente los peronistas están azorados sin poder creer la masacre que en todo sentido el presidente está provocando. Y es ese darse cuenta de que no estamos padeciendo un mal sueño en medio de la noche, sino que estamos viviendo una pesadilla en la realidad, que al mismo tiempo lastima y desconcierta, al punto de provocar impotencia. Pero esa alteración dramática de la realidad, exige toma de decisiones y al tomarlas se abandonan zonas de confort e identificación frente a lo inesperado.
Cuando el gobernador Sergio Ziliotto asumió su segundo mandato, el 10 de diciembre del año pasado, advertía que «claramente nos veremos afectados negativamente si debemos soportar un escenario económico de recesión y deterioro de la actividad producto de la anunciada apertura económica indiscriminada que, como en el pasado, llenará góndolas y exhibidores de productos importados», pero lo hacía con la convicción de que “intentaremos potenciar este modelo de producción y trabajo, de crecimiento con inclusión, de bienestar social creciente, y a partir de un Estado ordenador, eficiente, dinámico, abierto y presente”.
Y unos 3 meses después, cuando inauguró el período ordinario de sesiones en la Legislatura, revelando que “el impacto negativo que vislumbrábamos por el efecto del modelo jurídico y económico que el gobierno nacional pretendía instaurar en la Argentina, es una dura y angustiante realidad que con la suba irracional de los precios de los alimentos está llevando a la pobreza y a la indigencia a una abrumadora mayoría de la sociedad argentina”, anunciaba la necesidad de “incorporar aportes extraordinarios de quienes tienen mayor capacidad económica para garantizar el acceso a los alimentos de los núcleos familiares en estado de vulnerabilidad social” y ante el enorme daño que produce la paralización de la obra pública, provocada por la cancelación de su financiamiento instrumentado por el gobierno nacional, propuso declarar la emergencia de la obra pública en La Pampa que permitirá reactivar las obras abandonadas por el Gobierno nacional con recursos provinciales, pero siempre reafirmando que “nuestras políticas de Estado seguirán siendo apostar a la producción, a las pymes y al trabajo”.
Pero, si bien planteaba que “estamos en presencia de una tormenta perfecta que generará un escenario cada vez más desfavorable, no sólo para una importante mayoría de la sociedad pampeana, no sólo para las finanzas provinciales y municipales, sino fundamentalmente para nuestro futuro como Estado autónomo”, señalaba que eso sería “de mantenerse en el tiempo”, suponiendo que, como ocurre frente ante cualquier tormenta, cada vez que “llovió, paró” y que esto también pasaría. E hinchaba el pecho dando tranquilidad con su afirmación de que “nuestra provincia no tiene déficit ni tiene deudas y contamos con fondos anticíclicos”.
Ziliotto, además, adoptó una postura definitivamente confrontativa con el gobierno nacional, desde el inicio mismo de la gestión Mieli. Con entusiasmo se sumó a los otros 5 gobernadores patagónicos y acompañó con su firma el documento en el que le reclamaron a Milei por los fondos de coparticipación, transporte y educación, aunque centrándose en el caso de la provincia de Chubut, a la que en ese momento el Ministerio de Economía de la Nación le había retenido ilegalmente $ 13.500 millones, más de un tercio de su coparticipación mensual; recordando que «las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio». Aquella vez, bancó al gobernador Ignacio Torres cuando Chubut estuvo a punto de no entregar más su petróleo y su gas.
Foto NA:AGENCIA CORDOBA
Consecuente con eso, fue el primer gobernador en criticar públicamente el Pacto de Mayo que planteó el presidente y remarcó que «los acuerdos devienen del consenso y no de la imposición pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender». También cargó contra el DNU diciendo que “es lo que está destrozando la economía y ya no hay constitucionalistas que digan que es constitucional” y, cuando Milei se felicitó a sí mismo por el superávit fiscal, Ziliotto dijo que «es la ratificación de un escenario que claramente no es lo que marca la realidad», asegurando que “llegar a mostrar un equilibrio fiscal a partir de no cumplir con las deudas o los compromisos, no cumplir con la constitución, no cumplir con las leyes, marca que es un escenario que primero es ficticio, y segundo que, lamentablemente, es irrealizable en el tiempo».
Y recientemente fue contundente afirmando que “es mentira que las finanzas provinciales se benefician con la recaudación producto del regreso del impuesto a las Ganancias sobre el salario de más de un millón de trabajadoras y trabajadores” explicando que “el Gobierno nacional se apropia ilegalmente de fondos que nos pertenecen por Pactos Federales, leyes y convenios. Aunque busque argumentar falsamente que son de ‘su’ uso discrecional”, revelando que “lo que perderán las y los trabajadores irá al bolsillo de los poderosos y no al consumo, profundizando la caída de la actividad económica al suprimir el efecto multiplicador del salario”. Ziliotto sentenció que “el proyecto de Medidas Fiscales es tan nocivo como el de Ley Bases. El Senado es la representación cabal del federalismo” y llamó a sus integrantes “a defender las provincias, lo que es su rol”.
Además, inició una demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la deuda que Casa Rosada tiene con La Pampa para cubrir sus cajas previsionales por unos 90 mil millones de pesos. Antes había presentado otra por los fondos del subsidio al transporte y ayer una más pidiendo la restitución de los ATN a la Corte.
Esta conducta de Sergio Ziliotto lo diferencia sustancialmente de sus predecesores en el cargo que, pese a haber tenido que convivir con presidentes no peronistas, jamás adoptaron una actitud beligerante para con ellos, así sea en defensa propia. En tiempos de Alfonsín, como de De la Rúa y Macri, tanto Rubén Marín como Carlos Verna marcaron sus diferencias con el primer mandatario, pero siempre estuvieron prestos a lograr acuerdos que representaran obras y fondos para La Pampa. Y no tener esa actitud frente al gobierno nacional es lo que desde el interior mismo del peronismo le cuestionan a Ziliotto. “La confrontación no le está dando más réditos que el de encabezar una encuesta que lo posiciona como el más opositor, ¿en qué beneficia eso a la provincia?”, lo cuestionan.
La cuestión es que pasados casi siete meses desde la asunción de Milei, el gobierno nacional sólo está realizando los envíos automáticos por coparticipación y el ministro de hacienda de la provincia, Guido Bisterfeld, reconoció la asfixia a la que Nación somete a La Pampa que se tuvo que hacer cargo de la deuda de 32 mil millones de pesos, que para poder pagar sueldos el mes pasado tuvo que suspender el pago a proveedores durante 5 días, que tuvo que acudir en auxilio del SEMPRE y así “el Fondo Anticíclico se evaporó”.
Lo cierto es que esta inédita situación ha sido absolutamente imprevisible para el gobernador, que esperaba que en algún momento Milei redirigiera sus políticas en relación a las provincias o, como muchos lo consideráramos, que con los estragos que ocasiona su destino ya estuviera fuera de la Casa Rosada. Eso no pasó y en el gobierno provincial ahora tienen la ley de emergencia de la obra pública, pero no plata para reanudarlas y se lamentan de no haber acelerado el tratamiento del proyecto de aporte solidario, a estas alturas tan imprescindible como de difícil aprobación en la Legislatura. Y el loco de la motosierra está decidido a llevar adelante lo que esbozó en su campaña electoral: reducir el gasto público a la mitad; echar a un millón y medio de empleados de todas las jurisdicciones; sacarle a las provincias salud y educación; eliminar la coparticipación federal haciendo que las provincias vivan del impuesto inmobiliario, patentes de autos e ingresos brutos, y que las provincias, que alguna vez Cavallo llamo “inviables”, se declaren jurisdicciones financieramente inviables, solicitar su quiebra y recurrir a la integración regional (con otras provincias) o zonal (con otros municipios)”. O sea, desaparecer.
Ese es el alud que a Ziliotto se le ha venido encima y, por más que sea contra fáctico, tampoco se puede asegurar que de no haber tenido la postura contraria al gobierno nacional que quiere desfinanciar a la provincia y arruinar a los que menos tienen –que insisto, es lo que le reclaman muchos de sus “compañeros”- hubiera obtenido la consideración que todo gobernador, que toda provincia, merece del gobierno central. El ejemplo es Misiones, donde el gobernador Hugo Passalacqua anduvo a los abrazos con el ministro del interior de la Nación, Guillermo Francos, y con su premisa de que “gobernabilidad con gobernabilidad se paga” manifestó el apoyo de Misiones a la Ley de Bases “herramienta fundamental que pide el presidente, para que el país supere rápido esta etapa de recesión y ajuste”; y ahora, desde el 17 de mayo, Misiones es un polvorín, con policías, maestras y enfermeras protestando contra sueldos de hambre, ataques al derecho de huelga y una educación pública cada vez más ajustada, mientras que Patricia Bullrich, ministra de seguridad del gobierno de Macri sentenció que «el conflicto lo tiene que arreglar la provincia».
Justamente ese conflicto tiene como característica que la masa salió a la calle, y cuando hablo de masa es porque pretendo compartir la definición que hacía el general Perón de Pueblo, que para él es la masa organizada. En Misiones las manifestaciones son sin organización previa, la masa salió a las calles para expresar su descontento.
Y en La Pampa, las razonables propuestas de aumento salarial que el gobierno hiciera en la paritaria de la semana pasada, por encima del 7,5% que anunció Axel Kiciloff para los bonaerenses y en línea con lo acordado por los correntinos con Gustavo Valdés (10%) y los puntanos con Claudio Poggi (15%), pusieron en tensión la impecable relación que desde hace años tiene con los gremios que integran la intersindical y los docentes. Fueron estos últimos los que advirtieron que esta vez no podían aceptar. Tal vez en alerta ante el efecto cascada que pudiera generar la situación en Misiones que envalentonara a sus bases, no podían acordar con el gobierno, si pretendían encauzarlas. Vocero del rechazo a la oferta salarial fue el legislativo Aldo Bafundo, que desde finales del año pasado viene reclamando por la “presupuestada cláusula gatillo de diciembre de 2023 que no se nos pagó” y que esta vez sacudió el avispero de la interna política del gobierno, “Macri estaba a nivel nacional y Verna a nivel provincial, y no se perdió ningún punto de inflación», recordó.
Así las cosas, los gremialistas se dieron cuenta lo caldeada que está la situación –y no precisamente la climática, porque nos estamos congelando- al escuchar a sus representados que les dicen que con los sueldos no pueden siquiera aspirar a renovar los alquileres por los aumentos impagables, también los servicios les quedan inalcanzables y a las tarjetas ya las han “reventado” cuantas veces pudieron, quedando endeudados hasta la coronilla…”y como solución nos proponen más créditos desde el Banco Pampa, ahora para comprar comida en cuotas, no, basta de endeudarnos, queremos salarios”. Esta vez no podían limitarse a un “enérgico” rechazo de la propuesta, una especie de “fulbito para la tribuna” total “al aumento el gobierno lo da por decreto y listo”. Es así que anunciaron que le van a hacer un paro al gobierno. Un paro a Ziliotto que, desde ya, divide aguas.
Pero guarda. Que el gobierno provincial tenga conflicto con sus empleados estatales, hasta puede hacer de muestra del desastre que Milei provoca en La Pampa y terminar por generar más empatía con Ziliotto. Ahora, los gremios no pueden dejar de tener en cuenta lo que perversamente Milei también imagina para ellos.
En su plataforma hablaba de prohibir el derecho a huelga de los estatales y limitarlo en la actividad privada, lo mismo que los cortes de calles y rutas, eliminar indemnizaciones, flexibilización laboral, que los aportes patronales, pasen a ser aportes de los trabajadores, reelección gremial máximo dos mandatos, sindicatos por empresa, atomización sindical, cierre de las obras sociales sindicales, jubilación para mujeres a los 65 años, no actualización de jubilaciones y no jubilación sin 30 años de aportes. Y, particularmente para los empleados públicos nacionales, provinciales o municipales quiere crear una “Agencia Nacional de reinserción laboral” ante la que cada organismo declarará la nómina de empleados “redundantes” que serán transferidos a esa agencia. A partir de su pase a disponibilidad, el empleado tendrá dos posibilidades: a) mantener su sueldo a valor nominal actual (sin indexar) durante tres años. b) conseguir un empleo en el sector privado manteniendo el sueldo indexado más lo que pacte con el privado. Es decir opción a) si ganás 500 mil pesos, y no conseguís empleo en el sector privado, ese monto se mantiene igual durante tres años, con la lógica depreciación. La b) el Estado le paga a la empresa donde ingresás, tu sueldo indexado durante tres años, más lo que el privado decida pagarte extra.
“Milei dijo que iba a haber 70.000 despidos, luego dijeron que 15.000, que 20.000. Ese ida y vuelta impacta en nuestra salud mental y en la vida cotidiana, está todo el mundo paralizado sin saber qué va a pasar, nadie sabe quién será el próximo; estamos viviendo una situación de terror psicológico”, afirmaba una trabajadora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, hace unos días. Y el bovocero del presidente adelantó que habrá más despidos a partir del 30 de junio, usando el eufemismo “limpieza de la planta estatal”.
En la esencia de los laburantes está luchar por defender sus derechos. Frente a la libertaria negativa del intendente de Santa Rosa -que incluso apretó a uno de ellos haciéndole llegar la amenaza de despido- con su retención de tareas, los trabajadores del Servicio de Estacionamiento Medido le torcieron el brazo y pudieron contar con flamante ropa de trabajo, después de dos años, para afrontar abrigados las gélidas jornadas en la calle.
El panorama, si algo no es, es claro. El desafío está en que ya no hay tiempo de desensillar hasta que aclare.
