Mediante un comunicado de prensa, los bloques de concejales y concejalas de la Unión Cívica Radical, Comunidad Organizada y el PRO, salieron al cruce de la municipalidad de Santa Rosa y recordaron que el taller que realiza la verificación técnica no está habilitado por la ANSV.
El comunicado completo, consigna lo siguiente:
La Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Santa Rosa salió a bancar la RTO apelando a chicanas baratas y acusando a los concejales de la oposición de mentirosos. Un clásico entre quienes hablan sin fundamentos sólidos.
Lejos de hacerse cargo de las graves irregularidades en las que ha incurrido el Municipio y de los perjuicios ocasionados a los vecinos, realizó una interpretación parcial y equivocada del decreto que reglamenta la RTO para intentar justificar su accionar. Puras excusas.
Las declaraciones oficiales no han llevado ninguna tranquilidad a los vecinos en general y los propietarios de taxis, remises y transportes escolares en especial, que han realizado la RTO en el taller Técnica Sur creyendo que estaba todo en regla, desinformados por el Municipio. Pero la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), ha sido contundente: hasta que el taller no esté debidamente registrado a nivel nacional, “ninguna verificación que realice es válida”.
La única forma de que las verificaciones sean válidas es que el taller se registre debidamente ante la autoridad nacional competente y que emita documentación aprobada y homologada. Cualquier otra alternativa que se plantee es un mero atajo, ilegal, violatorio de la normativa vigente, del convenio suscripto entre el Municipio y la ANSV, y del contrato de concesión.
Mientras se suman cada vez más voces en contra de la RTO, seguimos esperando la respuesta formal del Intendente a la carta documento enviada, para que inste al taller al cese inmediato de la prestación del servicio y de la entrega de obleas no autorizadas por la ANSV.
A los argumentos que venimos dando desde hace largos meses acerca de lo inoportuno e irrazonable de esta exigencia, y al amplio rechazo de la ciudadanía, se suman las graves irregularidades mencionadas. En este contexto, aunque hayan declarado que no piensan dar marcha atrás, la única salida sensata que queda es suspender la exigencia de la RTO y dar respuesta a los damnificados.
Para llevar mayor claridad a la ciudadanía en este tema técnico, y sin perjuicio de que la normativa aplicable no deja lugar a dudas y contradice rotundamente a la Secretaria de Gobierno, quedamos a disposición para debatir la cuestión públicamente.
