La iniciativa, anunciada el lunes en conferencia de prensa por el gobernador Sergio Ziliotto, ingresó a la Legislatura este martes por la tarde.
El proyecto de ley enviado a la Legislatura evita el quorum de la oposición al modificar una alícuota vigente: las entidades financieras y el Casino pagarán un 15,47 %.
Tras el intento de aprobar una ley de aporte solidario por seis meses de funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, más un incremento para el Casino y los Bancos, que se chocó con la negativa opositora, Ziliotto esquivó el bloqueo y envió un proyecto de ley de modificación del presupuesto 2024.
Ante el argumento de una supuesta inconstitucionalidad que esgrimieron radicales, macristas y tiernistas, el gobernador presentó un proyecto que no necesita mayoría especial y expone a la oposición a tomar una decisión: sostener que no quiere un aumento de impuestos a los bancos, lo que retrasa la ayuda a sectores vulnerables, o sentarse a dar quorum y votar en contra.
En los fundamentos del proyecto el gobernador señala que toma la decisión porque “las estimaciones se realizaron en un marco de gran incertidumbre por las medidas económicas que tomaría la nueva administración del Estado Federal, donde las autoridades electas planteaban un cambio drástico en el rol del Estado, con fuerte reducción en sus funciones como en su financiamiento, y resultaba esperable una merma significativa de recursos hacia las jurisdicciones provinciales”.
“El devenir en la gestión del nuevo Gobierno Nacional hizo que no solo se cumpliera con lo estimado, y explicado en el mensaje de elevación del Presupuesto, sino que fue mucho más profundo el recorte de recursos hacia las jurisdicciones provinciales”, añade.
“Haciendo un poco de memoria, podemos recordar cómo el flamante Gobierno Nacional asumió diciendo que no iban a existir rupturas de contratos y que se iban a respetar las obligaciones asumidas con la Provincia. La historia de los hechos fue otra, y desde el 11 de diciembre las remesas de fondos no automáticas, pero con un sustento legal o con un Convenio oportunamente firmado, simplemente dejaron de tener lugar”, lamenta
“Sin poder disponer de estas fuentes y honrando los compromisos asumidos oportunamente, es que se procedió a utilizar las reservas acumuladas en años anteriores, como consecuencia de una política de estado de una administración financiera equilibrada y responsable. Esto ha dejado al erario en un estado de vulnerabilidad en el cual se deben compensar en forma permanente los flujos de ingresos y gastos, limitando severamente la posibilidad de realizar políticas contra cíclicas ante posibles shocks futuros”, resalta.
“A la fecha la deuda acumulada por el Gobierno Nacional asciende a la suma de PESOS SESENTA MIL MILLONES ($60.000.000.000,00) con una proyección que a fin de año ascendería a la suma de PESOS CIEN MIL MILLONES ($ 100.000.000.000.00)”, calculó.
“Este proceso iniciado a nivel nacional, con serias incidencias en el mercado de trabajo y en las finanzas provinciales, se enmarcaba en un proceso mucho más amplio de redefinición de la economía en su conjunto. Y se producía a la par de un nuevo proceso de erosión de la recaudación de impuestos, a la sombra de un nuevo ‘blanqueo’ y una nueva ‘moratoria’ que, lógicamente, actuaron reduciendo la propensión a oblar los tributo, en un verdadero revival de lo ocurrido en 2016”, argumenta.
Ziliotto también indica que “la absorción de semejante impacto, que además demostró ser de tracto sucesivo, requirió hacer uso de la totalidad de los medios financieros disponibles derivados de la situación social que las medidas económicas nacionales había disponibles, previéndose incorporar fuentes de recursos adicionales para atender los gastos agravado”.
“Así, – prosigue – los profundos cambios macroeconómicos operados a partir de medidas fiscales y cambiarias de naturaleza violenta e intempestiva definidas por las nuevas autoridades, provocaron una estampida en el nivel general de precios, cuyo correlato en términos de recaudación impositiva y de recuperación salarial fue en el mejor de los casos, parcial”.
“Dicho de otra manera, a partir de modificaciones deliberadas en la estructura económica se generó un ahorro en el sector público nacional, transfiriendo el costo de su absorción a jubilados y asalariados, por un lado, y a las jurisdicciones «subnacionales» -utilizando el vocablo impuesto desde el 2015-, por el otro”, compara.
“Como corolario, este resultado se estructuró mediante los cambios impositivos sancionados en la Ley Nº 27.743, terminando de perfeccionar una trasferencia de renta de una magnitud inaudita, hacia la clase media. A nivel recaudatorio, la renta tributaria federal ofreció, como ya se mencionó con la sola excepción de los ingresos extraordinarios derivados de la liquidación del Impuesto a las Ganancias- un derrotero decadente en términos de poder adquisitivo, que derivó en un lamentable traslado hacia el resto de la sociedad pampeana del ajuste impuesto por el Gobierno Nacional, sin que resultara fiscalmente posible absorber tal impacto en toda su magnitud”, sentencia.
“Hacia el futuro, únicamente luce esperanzador el desempeño del Impuesto sobre los Bienes Personales e costa de disminuir la recaudación a 5 años vista de ese gravamen y se prevé un impacto positivo en términos recaudatorios en el Impuesto a las Ganancias, muy inferior al difundido públicamente, habida cuenta de la judicialización esperable de las renovadas retenciones a la renta derivada del trabajo personal, así como también de las notables exageraciones en los cálculos que fueron difundidos, los cuales partían en la mayoría de los casos de análisis anualizados o realizados a partir de supuestos incorrectos”, agrega.
“A nivel provincial, el desempeño de la recaudación estuvo marcado por la erosión de los impuestos autogenerados, liquidados a partir de otra estructura de precios, lo que determinó una apreciable disminución en la presión fiscal ejercida a nivel patrimonial, con una evolución que tendió a degradarse a medida que se profundizaba la recesión económica y que disminuía el stock de pases pasivos en poder de las entidades financieras, los cuales están alcanzados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos”, describe.
“Desde el punto de vista de los recursos patrimoniales, los mismos se vieron favorablemente incididos por el valor interno de la divisa norteamericana. Lógicamente, este tipo de modificaciones alteraron la nominalidad de las variables presupuestadas, sin que lógicamente pudieran alcanzar el valor que supieron tener en términos reales, en una demostración práctica de que el criterio prudencial utilizado en la Ley de Presupuesto resultó correcto compensándose los recursos presupuestados en menos con los recursos con finalidad específica que en ese momento la racionalidad indicaba que al iban a seguir siendo distribuidos para demostrar luego el devenir de los hechos que serían también objeto de un recorte total (vgr, FONID)”, dice.
Además, “se plantea por tanto incrementar las alícuotas que tributan los referidos sectores al QUINCE COMA CUARENTA Y SIRTE POR CIENTO (15.47%) por lo que resta del año fiscal, requiriéndose de porte de los señores legisladores un pronto tratamiento del tema a los efectos da no seguir perdiendo meses de recaudación, habiéndose perdido ya la posibilidad de abstener los ingresos de estos contribuyentes derivados de los pases pasivos del Banco Central de la República Argentina, los cuales han sido reconvertidos en otros instrumentos o en circulante”.
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