La justicia volvió a fallar contra el gobierno de Javier Milei, porque retiene los alimentos para comedores y merenderos.
Juan Grabois, referente de Patria Grande y Argentina Humana, impulsó la denuncia que obliga al gobierno nacional a repartir los alimentos que tienen guardados en depósitos estatales, con riesgo de vencimiento.
“Nuevo fallo contra la incumplidora serial Sandra Pettovello por dejar a los pibes sin comer y ocultar pruebas. Siguen jugando con el hambre de los chicos y delinquiendo alegremente”, señaló Juan Grabois.
Este jueves el juez Casanello emitió una orden de presentación con allanamiento en la Dirección de Logística del superministerio con el objetivo de recabar información sobre la retención y vencimiento de alimentos que el ministerio debía entregar.
Además de la entrega de la computadora asignada Pablo Ariel Berardi -director de Logística- el pedido del Juzgado exigen la entrega de todas las órdenes de entrega emitidas desde el 27 de mayo de 2024, así como los partes diarios de los depósitos “Buenos Aires” y del Centro Operativo Tucumán, que deben incluir detalles sobre stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos.
También se exige la provisión de constancias del sistema informático S.U.M.A. que registren los movimientos de alimentos desde la misma fecha. La orden de presentación incluye el acceso a varias cuentas de correo electrónico utilizadas por empleados y funcionarios para actividades oficiales, con el objetivo de extraer todos los correos enviados y recibidos desde el 27 de mayo hasta la fecha.
Además del allanamiento de este jueves la denuncia del Ministerio de Capital Humano sobre la supuesta mala calidad y/o falta de controles sanitarios respecto 12 mil toneladas de yerba adquiridas por el gobierno anterior, se volvió un boomerang para Sandra Pettovello: mientras ella reclamaba saber si estaba en buen estado para ser consumida, en una inspección realizada el viernes pasado por orden del juez federal Ariel Lijo en el galpón de Villa Martelli habrían encontrado excremento de gato en la mercadería y olor a orín rodeando los productos allí acopiados. No es la única noticia adversa para la ministra favorita de Javier Milei.
En tanto, el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa la intimó para que explique en plazos de cinco a diez días –según distintos puntos– cómo está garantizando el derecho a la alimentación de quienes acuden a comedores y merenderos comunitarios, algo que le exigió en una cautelar que dictó el 12 de julio último. La cartera asegura que cumple y que hay programas alimentarios vigentes, pero más de 160 comedores comunitarios y un grupo de organizaciones sociales que forman parte del amparo colectivo aseguran que siguen sin recibir ni comida ni fondos desde diciembre.
