Martín Saravia, Defensor General del Poder Judicial, denunció irregularidades en el fallo judicial que ordena la escolaridad de un menor de General Pico que estaba siendo educado en su casa.
Martín Saravia, Defensor General, cuestionó la resolución judicial que ordenó la escolarización del niño, señalando una serie de irregularidades y errores.
En diálogo con el periodista Daniel Lucchelli, manifestó que “Este conflicto tiene dos grandes dimensiones, una tiene que ver con la tarea de defensa y la otra es la resolución de fondo del conflicto en sí, en relación con la defensa nosotros observamos algunos errores de puntos técnicos en el fallo, lo que cuestionábamos es que se violaba el principio de la imparcialidad porque no se escuchó la opinión de la defensa y no está considerado en el fallo”.
Otra crítica se refiere a la decisión del Tribunal de ordenar la asistencia inmediata del niño a la escuela sin haber escuchado previamente al menor: “entendemos que el fallo también tiene un error en el punto cuarto, cuando impone de manera inmediata el cumplimiento de la asistencia escolar al niño, pero no se escuchó previamente al niño. Tampoco se ha dado la intervención de un abogado de defensa de la niñez, entonces se transforma nulo el fallo”.
Respecto al uso de la Cámara Gesell, señaló que “el fallo tomó una cita del Ministerio Público Fiscal, donde dicen que se trató de llevar dos veces al niño y los padres no fueron, en realidad lo que hicieron los padres fue protegerlo, ya que la Cámara Gesell no puede ser sometido para estos temas”.
Continuó indicando que “la Cámara Gesell es un dispositivo especial para tomar un testimonio de un menor de edad, donde hay un imputado o hay un delito, pero no es el dispositivo apto para recabar los intereses de un niño. Es una prepotencia exagerada de parte del Estado pretender imponer una la cámara para esto. Por eso, desde mi punto de vista, no fue un capricho de los padres, no aceptar la Cámara Gesell, fue una defensa de su hijo”, le dijo a Lucchelli.
El defensor general resaltó que el hecho comenzó porque la familia tomó la decisión de educar a su hijo en casa durante la pandemia.
Saravia afirma que no se está cuestionando el sistema educativo obligatorio ni defendiendo un sistema educativo en casa. “Lo que estamos criticando es la actitud del Estado, que pretenda resolver este conflicto por el poder punitivo”.
Remarcó que “afortunadamente no hizo lugar a la pretensión de la fiscalía que había pedido una pena mayor, una simple amonestación recae sobre los padres. El conflicto no puede ser resuelto en estos ámbitos, no existió el descuido que amerite ser sancionado”.
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