Ediles opositores juntaron 12.000 firmas para la suspensión de la RTO. Quieren que la audiencia se haga durante este mes.
Ediles de la oposición en el Concejo Deliberante presentarán este lunes un pedido de audiencia pública para suspender la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos, que empezará a regir a partir de octubre.
Como adelantó Plan B, ya reunieron 12.000 firmas y solicitarán al Ejecutivo municipal que esta audiencia se haga en el mes de septiembre.
“Pedimos el recinto del Concejo Deliberante para hacer esta conferencia y nos fue negado. El pedido lo hicimos, así como lo manifiesta el oficialismo, para que el pueblo pueda expresarse, pero lo tuvimos que hacer acá en el hall”, dijo en el inicio de la conferencia, Fabiana Castañeira, de Comunidad Organizada.
“En esta convocatoria vamos a hacer la presentación formal y solicitarle al Intendente la realización de una Audiencia Pública. En este petitorio, tenemos 12.000 firmas que reflejan el descontento de la ciudadanía”, dijo.
“El motivo de la Audiencia Pública es suspender la ordenanza 6.977 que comenzará a regir a partir del 1 de octubre y exigirá la Revisión Técnica Obligatoria a todos los autos y motos que transitan en la ciudad”, agregó .
Desde el bloque del PRO, María Fernanda Oddi recordó que se presentó un proyecto en enero para suspender la ordenanza y el proceso licitatorio, aprobados en la gestión anterior. “Los motivos fueron por el estado de las calles, ya que consideramos que debe haber una mínima estructura vial para exigir después”.
“Sabemos que el en estado de las calles, confluyen el estado de abandono de la ciudad, sumado a las obras que se están haciendo para los recambios de la red cloacal y demás, por lo que las calles están complicadas para transitar y por eso, planteábamos suspender la ordenanza, hasta que se avance bastante con las obras”, recalcó.“A esto se sumó la situación económica y la crisis que estamos atravesando. Además, en el transcurso de estos meses, se han ido sumando diferentes voces”, agregó.
Por su parte, Romina Paci, concejala de la UCR, dijo que “nosotros manifestamos esta preocupación y esto se ha extendido a toda la provincia. Ya hay más de 15 localidades que han presentado en sus concejos, solicitando al intendente de Santa Rosa, suspender esta ordenanza. Entre esas localidades se destacan Toay, General Pico, General Acha, Eduardo Castex, Intendente Alvear, General San Martín, Doblas, Colonia Barón, Realicó, Alpachiri y otras, independientemente de que no logren un despacho”.
“Esto es una preocupación en todas las localidades, ya que los vecinos asisten permanentemente a Santa Rosa y se les exigirá y esto generará multas que repercutirán en cada uno de los vecinos. Además, esto incide en los índices de coparticipación, porque lo que recaude Santa Rosa por multas, en un recurso no tributario que incide en la coparticipación, en detrimento de otras localidades”, dijo.
“Esta preocupación también fue receptada por nuestros diputados, que presentaron en la Legislatura un proyecto para que el intendente de Santa Rosa para que posponga la ordenanza. También se han sumado otras voces como el Centro de Empleados de Comercio, que han presentado en la Comisión Administrativa y de Reglamentaciones y también ha ingresado una nota de la Intersindical a la que le vamos a dar tratamiento este jueves en la Comisión y serán recibidos, cuando se decida en la comisión”, agregó la edil de la UCR.
En referencia a por qué solicitar una audiencia pública, el concejal del radicalismo, Diego Camargo dijo que el intendente tiene que escuchar a la ciudadanía. “La Audiencia Pública es un procedimiento de participación ciudadana que viene a democratizar la toma de decisiones”.
“Este mecanismo favorece que las decisiones tengan cierto grado de legitimidad social. En el caso de la RTO -claramente- carece de licencia social para esta implementación. Así lo demuestra la cantidad de firmas presentadas y se percibe en la calle. La mayoría de la gente está en contra de esta medida”, precisó.
“Para implementar una medida aplicada a toda la ciudadanía, además, de los procedimientos formales cumplidos al sancionar la ordenanza, hay que analizar el impacto en la sociedad y tenemos que recordar el proceso de sanción de la ordenanza. En noviembre de 2023 que fue maratónico, el Intendente vio la necesidad de sancionar una serie de ordenanzas para su segundo mandato, dentro de las cuales estaba la de la RTO”, recordó Camargo.
“Esto se aprobó con la composición anterior del Concejo Deliberante, donde el oficialismo tenía mayoría y quórum propio, herramientas que perdía a partir de diciembre, cuando cambiara la composición del Concejo Deliberante. Lo más lógico era que esas ordenanzas fueran discutidas, consensuadas y votadas con esta composición, donde está representada actualmente la ciudadanía. Pero, el intendente apeló a una picardía política de sancionar las ordenanzas antes de que asumamos los nuevos concejales, pero el costo que pagó con eso, fue no tener licencia social, no tener legitimidad social, la medida que quiere implementar”, evaluó el concejal de la UCR.
“En este caso, la audiencia pública, lo que puede hacer es darle participación a todos los que se sientan afectados y deseen opinar. Que puedan venir a anotarse, participar, expresar su opinión. Y es la oportunidad de las autoridades municipales para expresar con claridad su fundamento”, dijo Camargo.
“Hasta ahora, se la han pasado tirando chicanas en los medios de prensa. Pero la Audiencia sería el lugar preciso para exponer sus fundamentos. Además, el intendente cuenta con una ventaja, que es que las Audiencias Públicas no son vinculantes. Es decir que podría apartarse de la opinión mayoritaria de esa audiencia, fundamentando por escrito los motivos por los cuales desoye la opinión mayoritaria de la gente”, dijo el concejal y agregó que la falta de reglamentación de la ordenanza no es un impedimento para la realización de un audiencia.
Por último, Luján Mazzucco, concejala del radicalismo llamó al oficialismo a realizar menos chicanas. “Nosotros decimos que no somos una oposición endeble ni contradictoria. La RTO tal cual está es ilegal y la autoridad de aplicación es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que nos respondió que no se pueden otorgar certificados ni obleas”.
“Por lo tanto, ese taller no está habilitado como correspondiere. Puede tener una habilitación comercial, como cualquier kiosco, pero para la revisión técnica, tiene que tener otro tipo de habilitaciones, porque tiene otro tipos de máquinas habilitados para tal fin. Seguimos insistiendo en nuestros fundamentos, que están siendo avalados por 12.000 vecinos, en un mes de trabajo de la oposición. Imagínense si hubiéramos comenzado anterioridad a buscar firmas. El tiempo de la Audiencia Pública se termina, hay plazos y por este motivo hacemos esta presentación al intendente”, finalizó la edil de la Unión Cívica Radical.
