Desde Comunidad Organizada, manifestaron que la revisión técnica obligatoria en Santa Rosa tiene que tener “la convalidación del Consejo Provincial de Tránsito, lo cual no existe, como así también la habilitación específica de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que tampoco existe”. Sostuvieron que “es ilegal”.
En un comunicado expresaron que “La Municipalidad de Santa Rosa, al igual que todas las municipalidades de la provincia de La Pampa, en ejercicio de su autonomía, tomó la decisión institucional, ya hace muchos años, de integrarse al Sistema Nacional de Seguridad Vial. Con ello, al principio rector de la unidad normativa de centralización ejecutiva, para darle seguridad jurídica a la ciudadanía”.
Detallan que “Eso significa que las normas locales que se dicten, aún por ordenanzas respecto al tránsito, tienen que estar dentro del sistema de convalidación del Sistema Nacional. Por ello, hay una ley provincial que determina que el Consejo Provincial de Tránsito es el que debe considerar las medidas locales, en tanto y en cuanto, se adecúen al Sistema Integrado de Seguridad Vial. Asimismo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como órgano ejecutivo a nivel nacional del sistema, es la autoridad de aplicación para muchos ítems referidos al mismo, entre ellos, la revisión técnica vehicular”.
Recordaron que “Cuando Di Nápoli y su grupo político aprobaron la ordenanza, desde Comunidad Organizada en Concejo Deliberante, se les dijo expresamente que ello era ilegal, porque, previo a ello, tenían que tener la convalidación del Consejo Provincial de Tránsito, lo cual no existe, como así también la habilitación específica de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que tampoco existe”.
“Por lo tanto, la ordenanza producida es ilegal y, por ende, no es obligatoria. Esto se sostuvo en el Consejo Provincial de Tránsito, que, después de años, desde el Gobierno Provincial, hicieron una convocatoria, también irregular, porque no se les dio participación a los municipios de la provincia, a cuyas poblaciones también afecta arbitrariamente la revisión técnica del grupo Di Nápoli”.
Se refirieron a las declaraciones que dio ayer la fundadora de Estrella Amarillas, Silvia González, “sobre politización y la necesidad de la revisión técnica, desde Comunidad Organizada, hemos sostenido y posibilitado a sus integrantes en distintas situaciones, que la Fundación Estrellas Amarillas integre como miembro pleno el Consejo Provincial de Tránsito y también, desde la presidencia del Consejo Federal de Seguridad Vial, a cargo de Juan Carlos Tierno, en dos oportunidades, se decidió que la misma Fundación sea miembro permanente de dicho Consejo Federal”.
“No obstante, ello, las expresiones sobre politización de la revisión técnica vehicular son absolutamente improcedentes y podrían responder a los intereses de la nombrada respecto al desenvolvimiento político, sea di Nápoli o de algún otro protagonista de esta situación, pero públicamente se rechazan”.
Indicó que “La seguridad vial dejó de ser una política de Estado hace años en La Pampa, ciertamente porque no hay cajas para recaudar, excepto las que está generando el intendente Di Nápoli, sea con el estacionamiento medido y llevándose la plata grupos económicos ajenos a la provincia, sea con los radares con foto multas, violatorios de la normativa técnica del Sistema Nacional de Seguridad Vial, sea con esta arbitraria revisión técnica vehicular y de esa manera demostrando que quieren usar el tránsito como caja de recaudación, incluso con beneficios para intereses o grupos económicos ajenos a Santa Rosa y a La Pampa y con total irresponsabilidad dejando de lado las medidas genuinas para constituir políticas de Estado en la educación y prevención en siniestros de tránsito, por lo cual Santa Rosa es una de las ciudades acorde de población de la Argentina con mayor siniestralidad vial”.
Finalmente, expresan que “la arbitrariedad usando las instituciones públicas de Di Nápoli en la revisión técnica es ilegal y por ello, no podría ser de ninguna manera de carácter obligatorio, sin perjuicio de los intereses económicos y políticos sectarios de quienes puedan apoyar dicha conducta de arbitrariedad y menoscabo de los derechos de la población”.
