En Santa Rosa, cuando un taxista paga impuestos, tasas de servicios, control psicológico y médico, la aplicación no le deja nada a la Provincia y se queda con el 30 % del ingreso de los “ubers”. Los números de una relación desventajosa, que se sostiene por la diferncia en la tarifa.
El funcionamiento de Uber en Santa Rosa dejó al desnudo que al que presta el servicio legal, el estado le exige vehículos más nuevos, inscripción impositiva, registración laboral, desinfección semanal, una licencia de conducir con un costo de 100 mil pesos, y una habilitación municipal de 14 mil pesos mensuales, entre otras demandas.
En el mismo plano, Uber no paga nada ni cumple con ninguno de esos requisitos legales.
Este martes, representantes de la Cámara de Propietarios de Taxis visitarán apresidente del bloque de la UCR, Hipólito Altolaguirre.
Los números que le llevan al diputado, partidario de una regulación equitativa para unos y otros, indican que una licencia de conducir, que, en el mejor de los casos, dura dos años, tiene un costo de 100 mil pesos. A los mayores de 45, se las otorgan solo por un año.
El chofer, sea dueño de la licencia o empleado, se debe someter a estudios médicos, y psicológicos regulares. El vehículo, desinfectado una vez a la semana en la terminal de ómnibus, bajo control municipal, previo pago de un sellado.
El propietario que ponga choferes deber registrarlos como empleados (formulario 931, monotributo e ingresos brutos).
La habilitación del vehículo los obliga a tener cómo máximo un auto con siete años de antigüedad.
En la capital provincial hay 170 taxis habilitados por dos empresas, que emplean a más 700 personas de manera directa (choferes y personal de radio, de administración, entre otros). Y por supuesto, pagar luz, gas, habilitación.
La aplicación de transporte de personas puso de relieve la gran diferencia entre unos y otros, que se dedican a lo mismo. A eso hay que sumarles a los taxis truchos, que gozan de los mismos beneficios de Uber, ya que ambos no se sujetan a la legislación vigente.
La equidad se alcanza extendiendo la regulación a todos, controlando a los truchos, o liberando a todos de cualquier compromiso fiscal, laboral o de seguridad.
En el medio, las y los pasajeros, que optan por Uber o un trucho por el costo del viaje, mucho más barato que el de un auto legal.
