De izquierda a derecha: Maximiliano Aliaga, Enrique Juan.
Los diputados Enrique Juan (PRO) y Maximiliano Aliaga (CO) reaccionaron ante una nota informativa sobre el alcance del SIRCREB, vigente en 21 provincias y CABA, sobre un total de 24 jurisdicciones.
El diputado del PRO, Enrique Juan, compartió la nota en sus redes sociales y reiteró que presentó un proyecto de ley para eliminar el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias que afecta a quienes son incluidos fácilmente por una deuda impositiva, del que cuesta mucho salir.
“El SIRCREB no es insignificante para los miles de pampeanos que lo sufren a diario. Concuerdo con las palabras del Pte. de Agrícola Ganadera. Hoy mismo solicité en Comisión habilitar el tratamiento del Proyecto que presenté para derogarlo”, destacó Juan.
El PRO en La Pampa ha sido el partido que tomó como política propia la eliminación del SIRCREB. La inició Martín Ardohain y la continúo Juan en La Pampa. A nivel nacional, el propio Ardohain, pidió lo mismo.
Por su parte, Maximiliano Aliada, de Comunidad Organizada, interpretó que una noticia que pone luz sobre un sistema que rige en casi todo el país, menos en Tucumán y Misiones, buscaba “justificar lo injustificable”.
“JUSTIFICANDO LO INJUSTIFICABLE, PARA SEGUIR LLEVANDO COMIDITA PARA LA OLLA, MILLONES DE MOSCAS COMEN MIERDA, NOSOTROS TAMBIEN DEBERIAMOS”, escribió Aliaga en sus redes sociales.
Opiniones al margen, todas respetables, dato mata relato: la información sobre el SIRCREB se consigue en el sitio de la Presidencia de Javier Milei. Y rige en CABA, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, y Tierra del Fuego.
SIRCREB: un caballito de batalla opositor que rige en 22 de las 24 provincias del país
El proyecto del diputado Juan
El diputado provincial del PRO pidió la eliminación del SIRCREB, que retiene fondos del impuesto a los ingresos brutos porque “resulta ostensiblemente violatorio de importantes garantías de raigambre constitucional” debido “a que dota a la Administración Pública Provincial de la competencia para extraer montos depositados en cuentas bancarias por presuntas deudas tributarias” lo que “atenta contra la inviolabilidad de la propiedad privada y la garantía del debido proceso”.
“La propiedad privada se ve afectada debido a que sustrae recursos de los ciudadanos sin un proceso legal justo, con un alto carácter confiscatorio porque retiene de manera arbitraria fondos de los contribuyentes sin considerar si estos provienen de actividades gravadas por el impuesto. A su vez, al intervenir en las cuentas bancarias sin la debida orden judicial, vulnera el principio de defensa en juicio”, añade.
Juan indica que se viola “la garantía del debido proceso” que “se sustenta en una serie de etapas procedimentales que resulta esencial para el derecho a la defensa y mediante el SIRCREB se produce una violación automática de ese derecho. Nadie niega el poder tributario del Estado Provincial, pero el mismo debe siempre ejercerse dentro de los parámetros y límites impuestos por la Constitución Nacional”.
Maquieyra: “Vamos a eliminar el SIRCREB como mecanismo confiscatorio”
“Aún más violatorio resulta que los contribuyentes que reúnen los requisitos para pretender ser excluidos, se enfrentan a un complejo procedimiento con innumerables obstáculos, además de sufrir demoras en la devolución y/o compensación de los saldos a favor”, fundamenta en el punto de mayor cuestionamiento al SIRCREB, del que resulta muy difícil se exceptuado una vez que se ingresa en él.
“Entendemos que en materia tributaria los intereses resarcitorios están relacionados con el hecho de no haber ingresado, en fecha, el pago de una obligación y que los contribuyentes que no paguen en término deben soportar el interés y las sanciones en caso de corresponder. En éste sentido los contribuyentes no tienen porqué sufrir la detracción de fondos de sus cuentas bancarias, en muchos casos acumulando montos que superan sus obligaciones contributivas, y con dificultosos trámites burocráticos para ser excluidos del régimen”, destaca.
“En resumen, el sistema es confiscatorio y presenta una serie de deficiencias que afectan negativamente los derechos de los contribuyentes. Es necesario derogar este sistema para garantizar la equidad, la transparencia y el respeto por los derechos fundamentales”, finaliza.
