En un encuentro realizado en Casa de Gobierno se opusieron a su reglamentación y solicitaron su derogación. Argumentan que tiene “defectos de origen”, que ha quedado obsoleta y aseguran que “criminaliza la actividad agropecuaria”.
El gobierno provincial convocó a las partes interesadas para trabajar en la reglamentación de la Ley 3.288, de Gestión Integral de Plaguicidas.
La actividad se desarrolló en el Salón de Acuerdo de Casa de Gobierno y contó con la presencia de la ministra de la Producción, Fernanda González, funcionarios del área y legisladores de la oposición y del oficialismo.
Desde el sector rural rechazaron la implementación de dicha ley, que fue debatida y consensuada entre todos los sectores de la sociedad pampeana.
En un documento presentado al gobierno provincial, señalaron “su firme rechazo a la implementación de la Ley 3288 por los graves perjuicios que provocara a la producción agropecuaria pampeana y por sus defectos de origen”.
En este marco, afirmaron que “en su redacción no se tuvo en cuenta el largo y fecunda trabajo realizado en el seno de la COPROSAVE para la actualizacion de la Ley 1173 en el que participaron referentes de entidades publicas y privadas”.
También agregaron que “durant esu tratamiento legislativo se soslayaron todos los aportes realizados por organismos técnicos y de entidades representativas del sector agropecuario, los que incluyeron serios y fundados argumentos acerca de sus nocivas consecuencias”.
Además criticaron “la falta de aporte técnico en su redacción y tratamiento”, que implica, al decir de los ruralistas, “que al día de hoy la Ley 3.288 ya esté desactualizada y contenga serios vacíos ante los avances tecnológicos”.
En este contexto, rechazaron el tratamiento del borrador de Reglamentación de la Ley 3.288. Para la Agrícola, “incrementa hasta lo imposible la carga burocrática innecesariamente y atenta contra el derecho a la propiedad privada que esta amparado por las Constituciones Nacional y Provincial”.
Sostienen, además que “criminaliza la actividad agropecuaria” y que “impacta fuertemente en los productores agropecuarios pampeanos muy especialmente en los de menor infraestructura administrativa”.
Por todo ello, rechazaron el tratamiento de la Reglamentación y advirtieron acerca de las serias consecuencias de insistir en su implementación, por lo que solicitaron “la derogación de la Ley 3.288 por parte del Poder Legislativo. Y se comprometen como lo hemos hecho cada vez que se nos convocó. a trabajar en una nueva Ley que cuide la Salud. el Ambiente y la Producción de nuestra querida provincia”, cierra el documento presentado al gobierno provincial y que fue firmado por CARBAP, la Sociedad Rural Argentina y CONINAGRO, entre otras entidades agropecuarias.
