El integrante del Consejo Nacional de Participación Indígena, Pedro Coria, rechazó los dichos de Sonia Ochoa vinculadas al avance de proyectos mineros sin respetar la opinión de los pueblos preexistentes.
Pedro Coria, integrante por La Pampa del CPI en representación del pueblo Rankulche, firmó una declaración de repudio a los dichos de la Directora de Tierras del INAI, Sonia Ochoa, durante jornada de derecho indígena en Catamarca, donde minimizó el papel y la opinión de los pueblos preexistentes.
“Desde el Consejo de Participación Indígena (CPI), queremos expresar nuestro repudio a las declaraciones de la Dra. Sonia Ochoa, directora de Tierras del INAI, durante una jornada sobre derecho indígena en Catamarca. Sus comentarios, publicados en un sitio web patrocinado y dedicado a la minería, son perjudiciales para los pueblos indígenas y reflejan una ideología adversa a nuestros derechos, tal como están contemplados en la Constitución Nacional y los instrumentos jurídicos internacionales a los que nuestro país suscribe”, señalaron en el comunicado que firmo Coria.
“La Doctora. Ochoa sostiene que ‘las consultas libres, previas e informadas que se realizan a las comunidades, si bien son un paso fundamental, no tienen carácter vinculante y no pueden detener por sí solas el avance de un proyecto minero’. Al otorgar todas las prerrogativas a las provincias, ignora el mandato constitucional que garantiza la participación de los pueblos indígenas en la gestión de sus recursos naturales, desconociendo así nuestros derechos territoriales reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, resaltaron.
“También malinterpreta el principio de igualdad ante la ley, olvidando que ”este principio está vinculado al reconocimiento de las diferencias culturales. Los pueblos indígenas tenemos derechos específicos debido a nuestras culturas distintas, y tratarlos como parte de una “cultura occidental” simplifica y distorsiona la complejidad de nuestras situaciones”, indicaron.
“Es evidente que el INAI ha minimizado su rol, delegando competencias a las provincias y restringiendo los derechos indígenas, presentándose como un mero consultor. Esto muestra un retroceso en la construcción de un Estado intercultural y plurinacional, favoreciendo intereses extractivos sobre los derechos de las comunidades indígenas”, agregaron.
Recordaron que “como antecedente a favor de los pueblos indígenas y como jurisprudencia, recordamos que Argentina debe adecuar sus políticas en materia de derecho indígena, fundamentando que la consulta es vinculante y que su objetivo es obtener el consentimiento de las comunidades. De no ser así, el Estado puede ser demandado, y en este caso, los estados provinciales serían los responsables, como se evidenció en el caso de Lhaka Honhat. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por incumplir con el procedimiento de consulta y participación, ordenando la adopción de medidas legislativas y administrativas para garantizar la seguridad jurídica del derecho de propiedad comunitaria indígena y ampliar la participación en la toma de decisiones. Esto pone en evidencia la marcada intención de la actual gestión del INAI de favorecer intereses privados y la explotación indiscriminada de los territorios, en detrimento del medio ambiente y en beneficio de emprendimientos y negocios espurios”.
“Como Consejo de Participación Indígena, hacemos un llamado a la Dorctora. Sonia Ochoa a concretar una instancia de rectificación de los conceptos erróneos que está desarrollando en estas capacitaciones, con el agravante de estar ejerciendo un cargo público que sostenemos con nuestros impuestos, a fin de que dé respuesta a la mesa nacional de los CPI por los dichos vertidos y brinde las explicaciones correspondientes. El rol con el que fue creado el INAI, por la lucha de los propios pueblos indígenas, fue para la defensa y desarrollo y la plena participación en el proceso socioeconómico de la Nación, según el Convenio 169 de la OIT. El CLPI garantiza el derecho de los pueblos indígenas a dar o negar su consentimiento a cualquier actividad que afecte sus tierras, recursos y territorios. Los principios de este consentimiento constituyen un marco que brinda los protocolos, procesos, normas y reglamentos que los pueblos indígenas podemos exigir tanto al Estado como a empresas privadas”, apelaron.
“El derecho a la consulta no es un instrumento no vinculante, como afirma la funcionaria del Estado Nacional. Todo lo contrario, el proceso se desarrolla con el fin de obtener o no el consentimiento y es vinculante en todos los casos, por más que las políticas liberales actuales de la gestión a la que ella pertenece intenten día a día cercenar estos derechos mediante manipulaciones, mentiras y cipayismo. No permitiremos que nuestros territorios sean regalados al mejor postor para engrosar los bolsillos de un par de empresas que solo traen miseria y dolor a nuestros territorios y a nuestra Madre Tierra”, indicaron.
“Seguiremos resistiendo estas nuevas entregas de tierras y asumiendo que este gobierno para pocos, por más que intente separarse del mundo y no firmar acuerdos internacionales, como el reciente voto negativo que el país tuvo en la ONU sobre el documento que “Promueve el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de culturas y lenguas de los pueblos originarios”. Estas políticas van en consonancia con la falta de políticas públicas que este gobierno lleva adelante. No resignaremos ni un solo derecho conseguido con la lucha, la sangre y el cuerpo de nuestros hermanos y hermanas por el derecho a la tierra y a nuestros territorios. No vamos a permitir el avasallamiento, las amenazas ni la inutilidad de funcionarios cipayos. No vamos solo a llamar al diálogo porque no hay un verdadero respeto. Solicitamos la rectificación de este tipo de capacitaciones que tergiversan la realidad e iniciaremos las acciones legales correspondientes por incumplimiento de funciones como funcionarios públicos”, finalizaron.
