Josefina Ignacio.
Así lo señaló Josefina Ignacio, integrante del Comité Nacional Prevención de la Tortura. En el país, son 15 las jurisdicciones que cuenta con esta herramienta que busca evitar la vulneración de derechos.
Josefina Ignacio, integrante del Comité Nacional Prevención de la Tortura, expuso este martes en la Comisión de Derechos Humanos, en el marco del tratamiento del proyecto de creación de un mecanismo local de prevención de la tortura en la provincia.
“Hemos sido invitados por la Comisión de Derechos Humanos que está tratando un proyecto de ley de Creación de un Mecanismo local de Prevención de la Tortura en La Pampa. Ya hemos estado en otras oportunidades, conversando con legisladores, legisladoras y autoridades de la Cámara, para promover este proyecto y que significaría que La Pampa cumple con todos los mandatos legales y normativos, vinculados a la Prevención de la Tortura”, resaltó.
“En la medida que La Pampa tenga su mecanismo local, va a integrar el sistema nacional de Prevención de la Tortura, va a integrar el Consejo Federal de Mecanismo Locales y, sobre todo, va a tener un organismo propio que va a ejercer un control sobre los lugares de encierro y colaborar con los tres poderes del estado, para que no se violen Derechos Humanos en esos espacios”, explicó Ignacio.
“La Pampa tiene un proyecto que se debe aprobar y luego, conformar el organismo. El proyecto es uno que acompañamos desde el inicio. Siempre decimos que los proyectos tienen que ser factibles, posibles, que puedan realizarse y que se ajusten a las necesidades y singularidades de cada provincia”, agregó.
“Nosotros no pretendemos que todos los proyectos de cada provincia sean iguales. No hay proyectos enlatados que venimos a promover, sino que emitimos algunas recomendaciones básicas, cuestiones que sí o sí tienen que tener los proyectos y, a partir de ahí, cada Legislatura es autónoma para dictarse su propia ley. Este proyecto, en principio, respeta todas las recomendaciones que nosotros como organismo nacional hemos volcado a las provincias a la hora de dictar sus propias leyes”.
“Además, es un proyecto que tiene en cuenta lo dicho y lo informado por el Comité Nacional. Venimos a acompañar el proyecto, a que cada bloque opine y sea la propia Legislatura, representando al pueblo de la provincia que decida su propia ley, pero queriendo que esto salga pronto, acompañando todo el proceso y a disposición de eso, de acompañar este proceso que, en buena hora, celebramos que la Legislatura esté llevando adelante”, dijo Josefina.
Consultada sobre cómo está la situación en el país, Ignacio dijo que son 15 jurisdicciones provinciales que ya tienen sus propias leyes y que están con los mecanismos trabajando. “Hay otras donde se han aprobado los proyectos de ley, pero el mecanismo no se ha puesto en funcionamiento y otras que, directamente, no hay proyecto ni debate parlamentario sobre este mecanismo”.
Josefina Ignacio señaló que la ley deberá tener injerencia en controles e inspecciones de cárceles y comisarías o alcaidías. “También está lo vinculado con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal y en el sistema proteccional, si hay hogares en la provincia”.
“El Comité efectúa recomendaciones, asesora en programas y políticas públicas vinculadas al tema, asesora en proyecto de ley, vinculados a la temática y tiene todo un trabajo colaborativo. No es reactivo, no va atrás de una denuncia o ante una situación grave —que también lo puede hacer— pero no es su función específica, sino que es preventiva, hace un control permanente de estos espacios para prevenir situaciones o condiciones que puedan generar situaciones de vulnerabilidad de derecho, situaciones de violencia o torturas”, dijo Josefina Ignacio.
