Así lo denuncia el Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Al cumplirse cuatro años de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Foro lo definió como “un hito relevante en la conquista de derechos para las mujeres y personas con capacidad de gestar del país, saludada por el resto de la región y a nivel internacional en reconocimiento a la red de apoyos alcanzada gracias a la tarea de incidencia política realizada, donde se destaca la actuación de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito, organización federal, feminista, transversal e intergeneracional, a la que se integra el Foro Pampeano en el año 2006”.
“Durante el debate parlamentario del 2020, amplios sectores de nuestra sociedad se involucraron, y su resultado positivo fue el fruto de las luchas constantes, sostenidas, del movimiento de mujeres en la Argentina desde el retorno de la democracia, que ya habían logrado leyes que ampliaron derechos civiles y políticos, la Patria Potestad Compartida, el Matrimonio Civil, leyes de abordaje de la Violencia de Género, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Ley de Educación Sexual.
Luego, comenzó la compleja etapa de la implementación de la Ley IVE para lograr reducir las desigualdades interprovinciales y realizar cambios significativos vinculados con el acceso a la información y a la ESI, garantizar los métodos anticonceptivos y las interrupciones seguras del embarazo. Se duplicaron los efectores de salud que dan acceso a IVE-ILE, y se logró disminuir los indicadores de la mortalidad vinculada con el aborto inseguro y con las causas indirectas por enfermedades pre existentes o agravadas por embarazo. Relevante fue la reducción de la fecundidad adolescente al 50% (con un descenso inédito en América Latina del 57% en edades de 10 a 14 años)”, señalaron.
Pero, “este laborioso proceso fue intencionalmente interrumpido en la actual gestión del presidente Javier Milei que enuncia, junto con sus colaboradores, una posición refractaria a las luchas feministas y a los grupos LGTTBIIQ+, y se opone a postulados y acciones enmarcadas por leyes vigentes. En el marco de profundos recortes presupuestarios a las provincias, desfinanció políticas públicas relevantes al reducir: un 100% la compra de mifepristona/misoprostol, un 45,5% la distribución de preservativos, un 54% la entrega de anticonceptivos inyectables y orales, un 57% la entrega del implante subdérmico del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia”.
“El efecto provocado es la inequidad entre provincias en el acceso de la población a los servicios de salud, por diferencias en sus recursos económicos”, denunciaron.
“Sin embargo, y aún en medio de un contexto socio-político desfavorable, las organizaciones que
constituimos la inmensa marea verde que logró la Ley en 2020, estamos activas en nuestros territorios cada día, enredándonos estratégicamente, porque crecimos en la lucha y sabemos festejar logros, pero también sabemos construir en la adversidad. Unidas e indómitas luchamos por la salud, por la libertad y el derecho a decidir, individual y colectivamente, sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Hoy, como entonces, como siempre, decimos: ¡Educación sexual para decidir, Anti conceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir!”, finalizaron.
