Un empleado de la de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad fue detenido durante las últimas horas y le dictaron prisión preventiva por 60 días. Está sospechado de una presunta estafa, al prometer gestiones a una víctima para que pueda recuperar su auto.
El caso se conoció el lunes y este jueves se realizó la Audiencia de Formalización, de la que participaron el Juez Daniel Ralli, la fiscal Natalia Urruti y el propio imputado, Fabricio Vigne, acusado de hacer gestiones particulares en el Poder Judicial, acción que no está permitida al ser empleado del organismo.
En la audiencia del día de hoy, el acusado fue detenido y se le dictó una prisión preventiva de 60 días. Sus abogados defensores particulares son Mariano Alomar y Nicolás Espínola. “Fabricio Vigne es empleado del Poder Judicial, de la Fiscalía de Delitos contra la propiedad. El lunes fue denunciado por una persona de Toay que tenía secuestrado en otra causa un auto y denunció a Vigne, que lo había contactado en el Poder Judicial, en un pasillo, donde le preguntó a qué había venido y él le dijo que era para reclamar un auto”, repasó Paulucci.
“El empleado se comprometió a gestionar la entrega de ese auto y le cobró $97.000 en Fiscalía y unos $100.000 en la plaza central de Toay, comprometiéndose en su calidad de abogado a gestionar esto. Y eso es ilegal, porque sí bien es abogado y también empleado del Poder Judicial, no tiene matrícula habilitada a gestionar esto”, detalló el Fiscal General al periodista Daniel Lucchelli.
“El martes esta persona habló con su abogada, que le advirtió que las gestiones eran ilegales y le reclama, vía WhatsApp a Vigne que no debía haberle cobrado nada. En esa comunicación, Vigne habría manifestado que no se lo iba a devolver y que el trabajo lo había realizado. Lo cierto es que el auto quedó en la comisaría de Toay y no se lo entregaron al denunciante que, según dijo, pensaba que la gestión que hacía, era legal”.
“En virtud de eso, allanamos el domicilio de Vigne, secuestramos su celular y pedimos cámaras de Seguridad en el Poder Judicial. Logramos demostrar que los dichos del denunciante se condicen con las pruebas de informes, de lo que dice los chats y se puede advertir que ese mismo día lunes, hubo un contacto entre ellos y que, evidentemente, Vigne se habría comprometido a una gestión claramente ilegal, debido a su función, ya que es un empleado público y no un abogado particular”, dijo Paulucci.
“Él, como empleado judicial, no puede más que cobrar el sueldo y, en todo caso, ser docente, pero no puede hacer gestiones particulares. Menos en la Fiscalía donde desempeña su labor y, menos aún, en calidad de abogado, para la que no tiene autorización. Por todo eso, quedó detenido en el día de ayer y se lo formalizó en el día de la fecha por distintos delitos. Uno de ellos, es el de incumplimiento de los deberes de funcionario público y por estafa contra esta víctima. También acciones ilegales y se consideró el ejercicio ilegal de la profesión, porque habría actuado como presunto abogado, sin tener matrícula habilitante, por ser empleado judicial”, dijo Paulucci.
“Ahora quedó con prisión preventiva por 60 días. Sus defensores pidieron la libertad o medidas sustitutivas, pero el juez Ralli dispuso esta medida inicial de 60 días de prisión preventiva y la apertura de su teléfono celular, para ver las comunicaciones con la víctima”.
Paulucci dijo que, además, son importantes las comunicaciones que ordenó el juez al Procurador General, a la Secretaría de Recursos Humanos del Poder Judicial y al Fiscal General de Investigaciones Administrativas.
Consultado sobre los pasos a seguir, Paulucci dijo que “es sorprendente que nuevamente un empleado de la fiscalía temática, esté imputado y detenido por delitos relacionados con la función pública. Nuestra expectativa tiene que ver con un hacer un juicio común o juicio abreviado. Por su calidad, en este caso, no hay salidas alternativas, como suspensiones de juicio o posibilidades de acuerdos económicos”.
“La ley así lo prevé. Si formalizamos, consideramos que tenemos elementos suficientes para avanzar. Yo no puedo decir cómo terminará esto. La expectativa de la Fiscalía es un resultado sancionatorio”, dijo el Fiscal General.
“No somos nosotros quienes, a nivel administrativo, dirán si se lo exonera o se realiza cualquier tipo de sanción. Eso se nos escapa, pero sí tenemos la obligación de estar a disposición de esos organismos, darle la información que se requiera, para que se avance administrativamente. Para nosotros, la prueba es contundente y por eso pedimos la detención y la prisión preventiva”, finalizó Máximo Paulucci.
