A horas de una nueva marcha por los jubilados, el Gobierno difundió un mensaje amenazante en la cartelera del transporte público.
El Gobierno de Javier Milei nuevamente utilizó los canales de comunicación públicos para enviar mensajes amenazantes a la población. A horas de una nueva marcha por los jubilados, advirtió mayor represión contra los manifestantes. «La policía va a reprimir», apuntó contundente.
«Protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la república», reza el mensaje que se difundió esta mañana en diversas pantalla de los Trenes Argentinos, entre ellos la línea San Martín, Roca y Sarmiento. En octubre del año pasado, también había utilizado el mismo mecanismo para apuntar contra las medidas de fuerza gremiales, publicó El Destape.
Juicio político ya por fascista, estafador y retrasado. pic.twitter.com/F9YLjOf8Y4
— mauro (@MauroFdz) March 19, 2025
Los jubilados volverán a marchar hoy hacia el Congreso acompañados por militantes, organizaciones sociales y politicas, luego de los graves incidentes ocurridos la semana pasada con un saldo de heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quién se encuentra internado en estado grave, y cientos de detenidos. Los jubilados piden una mejor remuneración ante los casi 280.000 pesos que perciben del haber mínimo, que son el 70% del total.
«Después de la represión ilegal, está más claro que nunca que la lucha es por los jubilados y principalmente en defensa de la democracia», señaló Rodolfo Aguiar, titular del sindicato de estatales ATE, uno de los convocantes a la marcha.
Operativo contra la marcha
En este marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz, en el despacho que el asesor presidencial, Santiago Caputo, para coordinar el operativo de seguridad que se desplegará en las inmediaciones del Congreso será similar al del último miércoles. Habrá mil efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Tras la marcha de la semana pasada, el Gobierno denunció penalmente por los delitos de «sedición», «atentado al orden constitucional» y «asociación ilícita agravada» a los organizadores, mientras que recusó a la jueza Karina Andrade por su decisión de liberar a los detenidos pocas horas después de los incidentes.
