Maximiliano Boga Doyhenard (foto InfoPico)
Repudiaron la condena a una docente que abordó el conflicto palestino-israelí en el aula. La Organización de las Naciones Unidas determinó que la reacción de Israel desde octubre de 2023 y julio de 2024 tiene “métodos compatibles con el genocidio”.
“Desde Patria Grande La Pampa repudiamos la acusación del juez Maximiliano Boga Doyhenard del Juzgado Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico y hacemos público nuestro apoyo a la docente píquense Ana Contreras”, señalaron en un comunicado de prensa.
Destacaron que “la docente, en cumplimiento de su rol, como agente estatal y garante de derechos de niñas, niños y adolescentes brindó una clase sobre el Terrorismo de Estado en Argentina y la utilización del concepto Genocidio, lo que derivó en la discusión sobre la pertinencia de los conceptos para analizar el caso de la ocupación Israelí del territorio Palestino en la actualidad”.
“Creemos que esta acción judicial sienta un precedente de mucha gravedad y deja en desprotección al colectivo docente, ya que, ante cualquier contenido sensible o controversial podría ser judicializado, atentando directamente contra la libertad de cátedra y el derecho a la formación ciudadana crítica, como así también al marco normativo vigente que establece que los alumnos son sujetos de derecho y no propiedad de sus progenitores. No es, bajo ningún aspecto, una situación de adoctrinamiento; no se obliga a estudiantes a pensar de la misma forma que un docente. Lo que se dio y debatió dentro del aula está contenido y contemplado en las líneas curriculares aprobadas por el Ministerio de Educación”, agregaron.
“Esto no es un caso aislado, esta misma semana docentes rionegrinos fueron acusados desde las bancas legislativas provinciales de ‘adoctrinamiento’ por dictar contenidos de Educación Sexual Integral garantizados en la Ley Nacional 26.150, situación que se viene repitiendo a lo largo y ancho del país, y que está sirviendo como forma de disciplinar a los trabajadores de la educación, reemplazando una construcción crítica de saberes por la mera transmisión de ciertos contenidos curriculares seleccionados a discreción”, señalaron.
Por último, indicaron que “la educación no puede quedar a merced de la censura ni de intereses particulares que desvirtúan los valores democráticos. Esta sentencia contradice los principios constitucionales, así como tratados internacionales donde se consagran y garantizan el derecho a la educación, de pensamiento y de libertad de opinión”.
Genocidio
“La guerra de Israel en Gaza es coherente con las características del genocidio, con bajas civiles masivas y condiciones que amenazan la vida impuestas intencionalmente a los palestinos allí, dijo el Comité Especial de la ONU para investigar las prácticas israelíes”, concluyó un informe de la ONU del 23 de noviembre de 2024.
“Desde el comienzo de la guerra, las autoridades israelíes han apoyado públicamente políticas que privan a los palestinos de los bienes esenciales para su sustento: comida, agua y combustible —declaró el Comité—. Estas declaraciones, junto con la interferencia sistemática e ilegal de la ayuda humanitaria, dejan clara la intención de Israel de instrumentalizar suministros vitales para obtener beneficios políticos y militares”, detallan.
El informe, que abarca el período comprendido entre octubre de 2023 y julio de 2024, examina los acontecimientos en el territorio palestino ocupado y el Golán sirio ocupado, pero se centra en el impacto catastrófico de la actual guerra en Gaza sobre los derechos de los palestinos.
“Mediante su asedio a Gaza, la obstrucción de la ayuda humanitaria, junto con los ataques selectivos y el asesinato de civiles y trabajadores humanitarios, a pesar de los repetidos llamamientos de la ONU, las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones del Consejo de Seguridad, Israel está causando intencionalmente muerte, hambre y lesiones graves, utilizando el hambre como método de guerra e infligiendo un castigo colectivo a la población palestina”, dijo el Comité.
El informe documenta cómo la extensa campaña de bombardeos israelí en Gaza ha diezmado los servicios esenciales y desatado una catástrofe ambiental con consecuencias sanitarias duraderas. A principios de 2024, se habían lanzado sobre Gaza más de 25.000 toneladas de explosivos (equivalentes a dos bombas nucleares), causando una destrucción masiva y el colapso de los sistemas de agua y saneamiento, devastación agrícola y contaminación tóxica.
“Al destruir sistemas vitales de agua, saneamiento y alimentación, y contaminar el medio ambiente, Israel ha creado una combinación letal de crisis que infligirá graves daños a las generaciones futuras”, afirmó el Comité.
El informe plantea serias preocupaciones sobre el uso por parte de Israel de sistemas de orientación mejorados con inteligencia artificial para dirigir sus operaciones militares, y el impacto que ha tenido sobre los civiles, particularmente evidente en el abrumador número de mujeres y niños entre las víctimas.
“El uso por parte del ejército israelí de objetivos asistidos por IA, con una mínima supervisión humana, combinado con bombas pesadas, pone de relieve el desprecio de Israel por su obligación de distinguir entre civiles y combatientes y de adoptar las salvaguardias adecuadas para evitar muertes de civiles”, afirmó el Comité.
“”En medio de la devastación en Gaza, la creciente censura de los medios de comunicación por parte de Israel, la represión de la disidencia y los ataques a periodistas constituyen esfuerzos deliberados para bloquear el acceso global a la información”, concluyó el Comité. También señaló cómo las empresas de redes sociales eliminaron de forma desproporcionada el contenido pro-palestino en comparación con las publicaciones que incitaban a la violencia contra los palestinos.
“Este silenciamiento deliberado de la información, combinado con la desinformación y los ataques a los trabajadores humanitarios, es una clara estrategia para socavar la labor vital de la ONU, cortar el sustento de la ayuda que aún llega a Gaza y desmantelar el orden jurídico internacional”, afirmó el Comité.
El Comité instó a todos los Estados Miembros a que cumplieran con sus obligaciones jurídicas de prevenir y detener las violaciones del derecho internacional por parte de Israel y a exigirle cuentas.
“Es responsabilidad colectiva de cada Estado dejar de apoyar el ataque a Gaza y el sistema de apartheid en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental”, afirmó el Comité.
