La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa), junto con las y los docentes de la provincia, “subraya la responsabilidad del Ministerio de Educación en este caso. La falta de implementación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación ha contribuido directamente a los perjuicios sufridos por la docente involucrada”, señalaron desde la conducción gremial. La ONU condenó la reacción de Israel luego del 7 de octubre de 2023 y determinó que implementó métodos compatibles con el genocidio.
“Esta situación no solo afecta a la profesional, sino que establece un precedente alarmante para toda la comunidad educativa, exponiendo al sistema escolar a intromisiones indebidas que vulneran derechos laborales y pedagógicos. Garantizar marcos protectores es indispensable para evitar que estos episodios se repitan”, agregaron.
“La judicialización de conflictos educativos refleja la ausencia de aplicación de protocolos diseñados para resolver situaciones en el ámbito escolar, como la Guía Provincial de Intervenciones y el Estatuto del Trabajador de la Educación. Estas herramientas deben garantizar la autonomía de las instituciones y defender una educación pública libre de injerencias externas” solicitaron.
“Exigimos que el Ministerio de Educación asuma su responsabilidad, fortalezca los espacios de escucha y acompañamiento, y proteja a las y los docentes frente a medidas arbitrarias que comprometan su estabilidad laboral y pedagógica”, agregaron.
“Invitamos a toda la comunidad a sumarse en defensa de una educación pública y democrática, en un contexto donde los discursos de odio y los ataques a las y los trabajadores de la educación amenazan las garantías fundamentales para convivir en comunidad”, apelaron.
“Junto a CTERA, reafirmamos nuestro compromiso en la búsqueda de la absolución de la docente Ana Contreras y exigimos el fin de la intromisión judicial en las escuelas. Este mensaje es un respaldo claro y contundente a las y los trabajadores de la educación y un llamado firme a las autoridades ministeriales y al sistema judicial para que respeten los derechos educativos y democráticos que sostienen nuestro sistema educativo”, cerraron.
Genocidio
“La guerra de Israel en Gaza es coherente con las características del genocidio, con bajas civiles masivas y condiciones que amenazan la vida impuestas intencionalmente a los palestinos allí, dijo el Comité Especial de la ONU para investigar las prácticas israelíes”, concluyó un informe de la ONU del 23 de noviembre de 2024.
“Desde el comienzo de la guerra, las autoridades israelíes han apoyado públicamente políticas que privan a los palestinos de los bienes esenciales para su sustento: comida, agua y combustible —declaró el Comité—. Estas declaraciones, junto con la interferencia sistemática e ilegal de la ayuda humanitaria, dejan clara la intención de Israel de instrumentalizar suministros vitales para obtener beneficios políticos y militares”, detallan.
El informe, que abarca el período comprendido entre octubre de 2023 y julio de 2024, examina los acontecimientos en el territorio palestino ocupado y el Golán sirio ocupado, pero se centra en el impacto catastrófico de la actual guerra en Gaza sobre los derechos de los palestinos.
“Mediante su asedio a Gaza, la obstrucción de la ayuda humanitaria, junto con los ataques selectivos y el asesinato de civiles y trabajadores humanitarios, a pesar de los repetidos llamamientos de la ONU, las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones del Consejo de Seguridad, Israel está causando intencionalmente muerte, hambre y lesiones graves, utilizando el hambre como método de guerra e infligiendo un castigo colectivo a la población palestina”, dijo el Comité.
El informe documenta cómo la extensa campaña de bombardeos israelí en Gaza ha diezmado los servicios esenciales y desatado una catástrofe ambiental con consecuencias sanitarias duraderas. A principios de 2024, se habían lanzado sobre Gaza más de 25.000 toneladas de explosivos (equivalentes a dos bombas nucleares), causando una destrucción masiva y el colapso de los sistemas de agua y saneamiento, devastación agrícola y contaminación tóxica.
“Al destruir sistemas vitales de agua, saneamiento y alimentación, y contaminar el medio ambiente, Israel ha creado una combinación letal de crisis que infligirá graves daños a las generaciones futuras”, afirmó el Comité.
El informe plantea serias preocupaciones sobre el uso por parte de Israel de sistemas de orientación mejorados con inteligencia artificial para dirigir sus operaciones militares, y el impacto que ha tenido sobre los civiles, particularmente evidente en el abrumador número de mujeres y niños entre las víctimas.
“El uso por parte del ejército israelí de objetivos asistidos por IA, con una mínima supervisión humana, combinado con bombas pesadas, pone de relieve el desprecio de Israel por su obligación de distinguir entre civiles y combatientes y de adoptar las salvaguardias adecuadas para evitar muertes de civiles”, afirmó el Comité.
“”En medio de la devastación en Gaza, la creciente censura de los medios de comunicación por parte de Israel, la represión de la disidencia y los ataques a periodistas constituyen esfuerzos deliberados para bloquear el acceso global a la información”, concluyó el Comité. También señaló cómo las empresas de redes sociales eliminaron de forma desproporcionada el contenido pro-palestino en comparación con las publicaciones que incitaban a la violencia contra los palestinos.
“Este silenciamiento deliberado de la información, combinado con la desinformación y los ataques a los trabajadores humanitarios, es una clara estrategia para socavar la labor vital de la ONU, cortar el sustento de la ayuda que aún llega a Gaza y desmantelar el orden jurídico internacional”, afirmó el Comité.
El Comité instó a todos los Estados Miembros a que cumplieran con sus obligaciones jurídicas de prevenir y detener las violaciones del derecho internacional por parte de Israel y a exigirle cuentas.
“Es responsabilidad colectiva de cada Estado dejar de apoyar el ataque a Gaza y el sistema de apartheid en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental”, afirmó el Comité.
