La Cátedra Libre Extracurricular de Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam cuestionó al juez Boga Doyenhard por condenar a una docente que abordó el conflicto israelí – palestino, que para la ONU, las acciones del estado judío tienen “métodos compatibles con genocidio”.
Ante el fallo, la cátedra “expresa su más firme solidaridad con la docente pampeana Ana Contreras y repudia enérgicamente el fallo del juez contravencional Maximiliano Boga Doyhenard, quien no solo sancionó a la profesora, sino que además la conminó al pago de una multa por abordar, en el marco de los derechos humanos, el conflicto entre Israel y Palestina durante una clase de Construcción de la Ciudadanía”.
Resaltan que “esta denuncia fue impulsada por un padre que, en otras ocasiones, ha intentado obstaculizar el derecho de sus hijas a recibir Educación Sexual Integral (ESI). El magistrado, lejos de proteger el ejercicio pedagógico, argumentó «maltrato psicológico» y exhortó a la docente a evitar «hechos de esta naturaleza», criminalizando así la discusión crítica en el aula”.
Esta resolución “no solo agravia injustamente a una docente comprometida con la educación pública, sino que sienta un precedente peligrosísimo: la judicialización de los contenidos educativos y la censura a la enseñanza desde una perspectiva de derechos humanos”.
“La docente en cuestión ha cumplido con su rol de educadora desde un enfoque de derechos, promoviendo espacios de reflexión crítica y empatía, en línea con los estándares constitucionales. Cualquier intento de censura o intimidación hacia su labor no solo viola la libertad de expresión (art. 14 de la Constitución Nacional) sino también la libertad de enseñar/aprender en valores éticos y democráticos, atendiendo a la resolución pacífica de los conflictos (Art. 11 inciso c de la ley 26.206 de Educación Nacional Argentina), a la igualdad sin discriminación (Art. 11 inciso f de la ley 26.206 de Educación Nacional Argentina) y protección de los derechos de niñxs y adolescentes (Ley 26.061)”, fundamentan.
Desde La Cátedra Libre Extracurricular de ESI y DDSSyRR “acompañamos a Ana Contreras y a todes les docentes que, como ella, defienden una educación pública plural, democrática y emancipadora. El respeto irrestricto a la labor docente y su autonomía profesional en el marco de las leyes vigentes es un derecho que debemos exigir. La educación no es un adoctrinamiento: es un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva”.
“Rechazamos cualquier intento de intimidación hacia quienes promueven el pensamiento crítico y el debate en las aulas. Por ello es necesario exigir la intervención de las autoridades educativas para garantizar los derechos del personal docente y estudiantil, rechazando presiones o campañas de desinformación”, agregaron en un documento que lleva la firma del Comité Asesor de la Cátedra Extracurricular de ESI de la Facultad de Ciencias Humanas (Paula Massano, Docente FCH-UNLPam; Leticia Garcia, Docente FCH- UNLPam; Silvia Siderac, Docente FCH-UNLPam; Mirta Fiorucci, por el Foro Pampeano por el Aborto Legal Seguro y Gratuito; Miriam Germani,Docente jubilada FCH – UNLPam; Verónica Zucchini, Vicedecana FCH – UNLPam; Beatriz Cossio, Decana FCH- UNLPam; María Cristina Ércoli, por el Foro Pampeano por el Aborto Legal Seguro y Gratuito; Paula Pedelaborde, Docente FCH-UNLPam; Rocío Sánchez, Docente FCH-UNLPam; y Virginia González, Docente FCH-UNLPam.
Personas se manifiestan hoy en apoyo a la libertad del pueblo palestino y contra los bombardeos israelíes sobre Gaza, en Montevideo (Uruguay). EFE/Gianni Schiaffarino
Genocidio
“La guerra de Israel en Gaza es coherente con las características del genocidio, con bajas civiles masivas y condiciones que amenazan la vida impuestas intencionalmente a los palestinos allí, dijo el Comité Especial de la ONU para investigar las prácticas israelíes”, concluyó un informe de la ONU del 23 de noviembre de 2024.
“Desde el comienzo de la guerra, las autoridades israelíes han apoyado públicamente políticas que privan a los palestinos de los bienes esenciales para su sustento: comida, agua y combustible —declaró el Comité—. Estas declaraciones, junto con la interferencia sistemática e ilegal de la ayuda humanitaria, dejan clara la intención de Israel de instrumentalizar suministros vitales para obtener beneficios políticos y militares”, detallan.
El informe, que abarca el período comprendido entre octubre de 2023 y julio de 2024, examina los acontecimientos en el territorio palestino ocupado y el Golán sirio ocupado, pero se centra en el impacto catastrófico de la actual guerra en Gaza sobre los derechos de los palestinos.
“Mediante su asedio a Gaza, la obstrucción de la ayuda humanitaria, junto con los ataques selectivos y el asesinato de civiles y trabajadores humanitarios, a pesar de los repetidos llamamientos de la ONU, las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones del Consejo de Seguridad, Israel está causando intencionalmente muerte, hambre y lesiones graves, utilizando el hambre como método de guerra e infligiendo un castigo colectivo a la población palestina”, dijo el Comité.
El informe documenta cómo la extensa campaña de bombardeos israelí en Gaza ha diezmado los servicios esenciales y desatado una catástrofe ambiental con consecuencias sanitarias duraderas. A principios de 2024, se habían lanzado sobre Gaza más de 25.000 toneladas de explosivos (equivalentes a dos bombas nucleares), causando una destrucción masiva y el colapso de los sistemas de agua y saneamiento, devastación agrícola y contaminación tóxica.
“Al destruir sistemas vitales de agua, saneamiento y alimentación, y contaminar el medio ambiente, Israel ha creado una combinación letal de crisis que infligirá graves daños a las generaciones futuras”, afirmó el Comité.
El informe plantea serias preocupaciones sobre el uso por parte de Israel de sistemas de orientación mejorados con inteligencia artificial para dirigir sus operaciones militares, y el impacto que ha tenido sobre los civiles, particularmente evidente en el abrumador número de mujeres y niños entre las víctimas.
“El uso por parte del ejército israelí de objetivos asistidos por IA, con una mínima supervisión humana, combinado con bombas pesadas, pone de relieve el desprecio de Israel por su obligación de distinguir entre civiles y combatientes y de adoptar las salvaguardias adecuadas para evitar muertes de civiles”, afirmó el Comité.
“En medio de la devastación en Gaza, la creciente censura de los medios de comunicación por parte de Israel, la represión de la disidencia y los ataques a periodistas constituyen esfuerzos deliberados para bloquear el acceso global a la información”, concluyó el Comité. También señaló cómo las empresas de redes sociales eliminaron de forma desproporcionada el contenido pro-palestino en comparación con las publicaciones que incitaban a la violencia contra los palestinos.
“Este silenciamiento deliberado de la información, combinado con la desinformación y los ataques a los trabajadores humanitarios, es una clara estrategia para socavar la labor vital de la ONU, cortar el sustento de la ayuda que aún llega a Gaza y desmantelar el orden jurídico internacional”, afirmó el Comité.
El Comité instó a todos los Estados Miembros a que cumplieran con sus obligaciones jurídicas de prevenir y detener las violaciones del derecho internacional por parte de Israel y a exigirle cuentas.
“Es responsabilidad colectiva de cada Estado dejar de apoyar el ataque a Gaza y el sistema de apartheid en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental”, afirmó el Comité.
