Al momento de repudiar al gobierno de Javier Milei por habilitar que los Kelpers, pobladores implantados en Malvinas, puedan reclamar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y el ofensivo y video difundido el 24 de marzo, la concejala de Comunidad Organizada fue la única que apoyó al libertario.
Fabiana Castañiera asumió la postura más extrema, que la dejó del lado de la Casa Rosada que intenta comparar el terrorismo de estado con delitos penales comunes que pudieron haber cometido las organizaciones armadas, e incluso, más sola quedó cuando se negó a repudiar el discurso del Presidente durante el 2 de abril, cuando no hizo hincapié en la soberanía sobre Malvinas y habilitó la autodeterminación de los isleños implantados en el territorio.
Como el tema forma parte del “cordón sanitario democrático”, el PRO y la UCR modificaron su postura respecto del repudio a políticas de Milei y se sumaron al cuestionamiento propuesto por el FreJuPa.
Sin usar la palabra, la concejala Fabiana Castañiera se negó a rechazar el video del 24 de marzo, pero sí habló en el caso del proyecto de Malvinas para defender al presidente Javier Milei. En este punto intentó morigerar las palabras oficiales que agredieron a la soberanía y la memoria de los caídos y excombatientes, y mantuvo un cruce con el concejal Francisco Bompadre, al que volvió a confundir con su hermano, cuando en el gobierno de Tierno, se manifestó desnudo.
El presidente de la bancada del FerJuPa, Francisco Bompadre, remarcó que Fabiana Castañiera una vez más se negaba a repudiar al Presidente y la chicaneó: “se ve que no atendió el teléfono, porque su jefe hizo un acuerdo con Schiaretti y no con La Libertad Avanza. Nadie le pidió tanto para defender a Milei”.
El proyecto de repudio a las declaraciones de Javier Milei por el tema Malvinas, fue presentado por la concejala Rocío Olguín, hija de un excombatiente pampeano.
La concejala le recordó que es “una obligación” de quienes ocupan cargos públicos reclamar por Malvinas, tal se desprende de la primera clausula transitoria de la Constitución Nacional, reformada en 1994.
Video negacionista
El proyecto de resolución del concejal de Patria Grande, Mariano Algageme, apoyado por el resto del bloque del FreJupa, todo el PRO y toda la UCR, recuerda que “el 24 de marzo de 2025, a través del sitio web de la Casa Rosada (www.casarosdada.gob.ar) y de las cuentas oficiales de redes sociales (Facebook, Instagram, X) el Gobierno Nacional difundió un video institucional bajo el título ‘24 de marzo: Día de la Memoria. Completa’, que fue replicado por el Presidente de la Nación y autoridades del Estado Nacional” y lo comparó con “un video de características similares que fue rechazado por este Concejo. Lo mismo ocurrió el día 8 de marzo de este año, Día Internacional de las Mujeres”.
Recordó que “el 24 de Marzo fue instituido en el año 2002 por Ley N° 25.633, como ‘Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia’ en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976”, incorporado al calendario de feriados nacionales.
“El video difundido por el gobierno nacional en las redes de comunicación oficiales -expuesto como la única comunicación oficial de ese día- NO CITA, NI CONDENA, NI REPUDIA el golpe anticonstitucional perpetrado el 24 de Marzo de 1976 y sus atroces, sistemáticas y planificadas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en nombre y desde el Estado Argentino”, resaltó Alfageme.
“Dichas violaciones a los Derechos Humanos han sido y están siendo juzgadas por la Justicia Argentina, en procesos legales reconocidos mundialmente por su transparencia y porque exponen la valentía de un pueblo y sus organizaciones que dentro de las vías democráticas abonan la búsqueda y construcción de Memoria, Verdad y Justicia”, indicó.
“Desde la asunción del gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023, se ha producido un retroceso institucional permanente y un desmantelamiento generalizado de las políticas públicas vinculadas a la construcción de Memoria, Verdad y Justicia” y enumeró:
• Ajuste del 90% de los fondos presupuestados para la puesta en valor de los Espacios de la Memoria, del 55% de los fondos destinados al Banco Nacional de Datos Genéticos y del 85% de los recursos destinados al espacio de la memoria ubicado en la ex-ESMA.
• Despido de 356 trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
• Reducción o suspensión de visitas educativas a los sitios de la memoria.
• Cierre del Centro Cultural “Haroldo Conti” ubicado en el predio de la ex-ESMA
• Cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Comisión por el Derecho a la Identidad (CONADI).
• Rechazo de los Ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación a entregar legajos de efectivos militares y policiales a la CONADI.
• Desmantelamiento del Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa.
• Despido de 8 (ocho) abogados de la Secretaría de DD.HH que actuaban como querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad en marcha. Como consecuencia, los juicios de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Corrientes y Mendoza quedaron sin representación.
