El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideró que no hubo causa justa, lícita ni necesaria para la acción. Una de las interventoras fue la diputada provincial, María Luz Alonso.
La Secretaría Electoral de ese juzgado, declaró la nulidad de la intervención del Partido Justicialista de Salta, al considerar que no hubo causa justa, lícita ni necesaria para la acción.
Los interventores, designados por Cristina Fernández de Kirchner en su calidad de presidenta del PJ Nacional, fueron la pampeana María Luz Alonso y el exministro de Seguridad, Sergio Berni.
En el fallo, se establece que en el PJ salteño no existían conflictos internos, acefalía ni anormalidades que justificaran la medida y que, en definitiva, la votación de algunos diputados nacionales del espacio – contraria a la línea nacional del partido – no es argumento suficiente para la intervención.
La presentación de nulidad fue realizada por el presidente del PJ Salta, Esteban Amat, que cuestionó la decisión del Consejo Nacional del partido, porque el peronismo salteño estaba funcionando ordenadamente, con autoridades elegidas de forma democrática y respetando las normativas vigentes.
Asimismo, Amat expuso también que la intervención tenía intencionalidad política y que llegaba como represalia por no alinearse el PJ salteño con la conducción nacional, además de cuestionar la competencia del Consejo Nacional para decidir la intervención.
