La agrupación opositora, Verde y Rosa, informó que la Corte Suprema determinó que el Juzgado Laboral N° 2 de Santa Rosa es el órgano competente para entender “en la causa por el fraude electoral cometido en las elecciones de UTELPA del 7 de septiembre de 2022”.
La oposición en la Seccional Santa Rosa mostró su entusiasmo con el fallo judicial que remitió el fallo de la Corte al juzgado de primera instancia laboral, habituada a no inmiscuirse en elecciones sindicales.
“Después de años de dilaciones y de una estructura sindical que apeló a todos los artilugios posibles para sostenerse ilegítimamente en el poder de la seccional, empieza a quedar claro lo que desde el primer día denunciamos: manipularon e inflaron urnas, y hasta se atrevieron a interpretar la voluntad de los afiliados como si fueran dueños de sus votos”, se entusiasmaron desde la lista Rosa y Verde.ñ
“No fue un error. Fue un atropello deliberado. Fue fraude”, afirmaron.
“Desde la Lista Rosa y Verde – Pedimos la Palabra – nunca callamos. Denunciamos, resistimos, informamos y acompañamos a cada compañero docente que sintió el golpe de una dirigencia que dejó de representarnos hace tiempo. La impunidad con la que se movieron fue tal, que hasta trasladaron votos desde las urnas nacionales –donde no teníamos fiscalización– a las provinciales, modificando los resultados a su antojo”, añadieron.
“La justicia ahora tiene en sus manos la posibilidad de sentar un precedente histórico: que ninguna conducción sindical puede torcer la voluntad de sus afiliados, ni manipular los resultados con total impunidad. Que el poder tiene límites, y que la democracia sindical no es una cáscara vacía para validar sus privilegios”, indicaron.
“Marchamos con carteles que decían “El voto es secreto. Leer ‘intenciones’ es fraude”, y lo seguiremos haciendo. Porque esto no se trata solo de una elección perdida, se trata de la dignidad colectiva de cientos de docentes que exigen justicia, transparencia y representatividad real”, añadieron.
“Que este caso se grabe como antecedente. Para que nunca más vuelva a ocurrir. Para que la justicia garantice herramientas concretas que protejan a los afiliados y sancione a quienes creen que pueden manejar un sindicato como su propiedad privada”, finalizaron.
