Juan Cruz Vega había sido convocado a la Comisión de Investigación y Reclamos Públicos para que contara las amenazas que recibió de militantes peronistas.
La Comisión de Investigación y Reclamos Públicos no pudo sesionar este miércoles por falta de quorum: el PJ no bajó a dar tratamiento al tema que proponían en la comisión que preside Maximiliano Aliaga. Sin embargo, tampoco estuvieron todos los opositores.
Por momentos se especuló que no había quorum por el viaje a Buenos Aires de la dirigencia peronista y del campo popular para respaldar a Cristina Fernández, pero los que no bajaron, son los vernistas Hernán Pérez Araujo, Juan Barrionuevo, que no se manifestaron en apoyo a CFK.
Tampoco se presentaron los opositores Romina Motta y Sergio Pregno (UCR), y Francisco Traba (MID), y del FreJuPa, Marcela Páez, Leon Nicanoff, César Montes de Oca y Patricia George.
Solo asistieron Maximiliano Aliaga, Sandra Fonseca (CO), Celeste Rivas y Noelia Viara.
En la foto se los ve a Hipólito Altolaguirre, Julián Aguilera (ambos de la UCR), Lucas Lazaric, Laura Trapaglia y Enrique Juan (del PRO), pero ninguno pertenece a la comisión.
Si se presentaban todos los opositores y los dos vernistas, la comisión funcionaba. Pero, de todas maneras, faltó el único invitado, el denunciante Juan Cruz Vega.
Maximiliano Aliaga, diputado provincial de Comunidad Organizada, momentos antes de comenzar la reunión de comisión, le dijo a Plan B que “Estuvimos recorriendo Ceballos hace veinte días y, a partir de ahí, el intendente decidió mandar una carta al gobernador, Sergio Ziliotto, contando las distintas cuestiones que está sufriendo, como acoso de habitantes de la localidad, que pertenecen al Partido Justicialista”.
“También una persona que es llamada puntera, esposa del comisario de turno y se han generado situaciones con amenazas de muerte y de intentos de incendios del municipio. A partir de ahí, se comunica esto al gobernador de La Pampa el viernes. Por eso hoy los vamos a recibir en la Comisión de Administración y Reclamos, que presido, para escuchar qué tiene que decir el intendente respecto a todo esto”, añadió.
Preguntado sobre si la Cámara puede intervenir en este caso, Aliaga dijo que “lo que podemos hacer es exponerlo y darle visibilidad al reclamo. Es la justicia quien, a través de un fiscal, se puede interesar para escuchar a este representante del pueblo que viene al Ejecutivo provincial y a la Cámara de Diputados, por auxilio”.
“No sé por qué se da esta situación. Son pueblos muy pequeños, de 400 habitantes, donde han convivido el radicalismo y el peronismo. Este es un intendente radical, de 32 o 33 años. Es su primera experiencia política y en el pueblo, a partir de un comisario nuevo, con su esposa que se dedica a la actividad política, en el Partido Justicialista, ha generado una especie de división en el pueblo. A partir de ahí, ‘pueblo chico, infierno grande’”, finalizó Aliaga.
