En la previa a la marcha federal por una ley de financiamiento universitario que recoge avales en el peronismo, la izquierda, el radicalismo y algunos macristas, el Deliberante tratará hoy un proyecto de resolución donde debe fijar postura.
En el proyecto de Resolución, el concejal de Patria Grande en el FreJuPa, Mariano Alfageme, propone “expresar el acompañamiento a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa en ocasión de la ‘3ra Marcha Federal Universitaria’ a realizarse el día 26 de junio de 2025, en reclamo de una nueva Ley de Financiamiento Universitario”.
La presentación tensiona la férrea posición opositora, del PRO, UCR y CO, de no expresarse sobre temas nacionales, lo que encierra la definición de no enfrentarse con Javier Milei. Sin embargo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y los delitos de Lesa Humanidad cometidos en el terrorismo de estado durante la última dictadura militar, generó una fisura en una postura tan cerrada, cuando Luján Mazzuco, Camargo y Oddi, acompañaron al oficialismo.
En el artículo 2, de lo que se prevé otra gran discusión en el Concejo Deliberante, Alfageme propone “reafirmar la importancia de que el Estado Nacional cumpla un rol central e indelegable en el financiamiento y sostén del sistema universitario y científico público argentino, para garantizar el derecho humano a la educación superior”, agrega.
Y: “Solicitar a las y los legisladores/as nacionales de La Pampa el pronto tratamiento del proyecto de “Ley de Financiamiento Universitario”, elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina”.
En los fundamentos de la resolución, señala:
Que el día 26 de junio de 2025 se realizará la “Tercera Marcha Federal Universitaria”, con el objetivo de exigir el tratamiento por parte del Congreso Nacional del proyecto de “Ley de Financiamiento Universitario”, que busca garantizar los fondos para el sistema universitario y científico, en un contexto de fuertes recortes presupuestarios.
Que la convocatoria es impulsada por los y las rectores y rectoras de las 61 universidades nacionales nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con los gremios del Frente Sindical de las UU.NN. y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Que el proyecto de “Ley de Financiamiento Universitario” está motivado en el reconocimiento de la educación universitaria como un derecho humano universal y bien público y social, en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática.
Que la Constitución Nacional establece, en su artículo 75°, inciso 19°, que corresponde al Congreso sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales.
Que en el ámbito internacional, Argentina ha ratificado tratados que reconocen el derecho a la educación superior. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 13º que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, en particular por la implantación progresiva de la gratuidad.
Que desde diciembre del 2023, las universidades nacionales e instituciones de educación superior de gestión pública en nuestro país vienen atravesando una situación crítica e incierta desde que el gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto del año anterior, por lo que las partidas destinadas a educación superior son las mismas que se votaron en el Congreso de la Nación en el 2022, para configurar el presupuesto del 2023. La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar los presupuestos implica que, desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 por ciento.
Que, en este contexto, el 23 de abril y el 2 de octubre de 2024 se llevaron a cabo dos históricas Marchas Federales Universitarias, que movilizaron a cientos de miles de personas en todo el país en defensa de la educación pública y gratuita. La masiva participación de estudiantes, docentes, nodocentes y ciudadanas y ciudadanos en general en ambas convocatorias evidenció el amplio respaldo social al sistema universitario público argentino.
Que el Consejo Interuniversitario Nacional ha advertido que la situación salarial de docentes y nodocentes es insostenible, con más del 70 % de trabajadores y trabajadoras percibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza. Además, el presupuesto asignado a las universidades para el 2025 representa solo el 50 % de lo requerido para su funcionamiento, lo que ha llevado a una reducción significativa en las actividades académicas, de investigación y de extensión.
Que la falta de convocatorias a paritarias nacionales de los sectores docentes y nodocentes en estos últimos meses ha provocado una pérdida del valor real del salario que induce a un vaciamiento del sistema universitario y a una pérdida de la calidad educativa de mantenerse esta política. En el caso de la UNLPam, esto se tradujo en la renuncia de más de 70 docentes en los últimos meses.
Que en el periodo noviembre 2023 – enero 2025 las transferencias para sueldos docentes y nodocentes se incrementaron en 103 % contra el 179 % del IPC (lo que equivale a una reducción del 30 % del salario real). Mientras que, si se compara la variación de los sueldos con el incremento del ingreso tributario nacional, se puede observar que el Poder Ejecutivo Nacional redujo en un 50 % las partidas asignadas al sistema universitario nacional.
Que el proyecto de “Ley de Financiamiento Universitario” tiene como objetivo generar una asignación específica de la recaudación impositiva nacional al sistema universitario para que permita asegurar el derecho constitucional a la educación superior. Así, para la efectiva actualización de los gastos de funcionamiento acorde a los índices de inflación, tanto como para la realización de paritarias dignas para los trabajadores docentes y nodocentes, deberán estar garantizadas las partidas a través de transferencias del Poder Ejecutivo al programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, sobre lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 “Coparticipación Federal de Recursos Federales” (recursos pertenecientes a la Nación).
Que estas transferencias serán aplicando una “Proporción Universitaria” sobre los fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los ATN que la misma ley establece. La “Proporción Universitaria” será calculada sobre el último presupuesto aprobado por ley del Congreso entre el cociente del “crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales” y “el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia al artículo 3°, inciso a) de la Ley N° 23548/88 de coparticipación federal”.
Que además de confirmar los ingresos operativos y salariales necesarios, es indispensable que, en el presupuesto nacional, dentro de la sección de Obra Pública, se destine un porcentaje de ella a la infraestructura necesaria para las universidades nacionales.
Que también es fundamental garantizar un sistema de becas estudiantiles que permita las mismas oportunidades para su ingreso, permanencia y terminalidad en sus carreras. El proyecto de “Ley de Financiamiento Universitario” encomienda al Poder Ejecutivo el fortalecimiento de las partidas correspondientes a las Becas PROGRESAR y Manuel Belgrano, acompañado de un aumento sostenido del valor percibido de las becas destinadas a los y las estudiantes universitarios y la disposición de una revisión integral de los requisitos establecidos para la aceptación de solicitudes en el sistema de becas, con el objeto de garantizar una mayor accesibilidad, equidad y adecuación a las condiciones socioeconómicas del estudiantado.
Que la inversión en educación universitaria no solo es una obligación legal y ética del Estado Nacional, sino que, también, constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país.
Que las universidades públicas argentinas han sido, históricamente, motores de innovación, investigación y formación de profesionales altamente capacitados que contribuyen al crecimiento y a la competitividad nacional.
