Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, analiza los fallos estructurales de los Aportes del Tesoro Nacional. Su crítica: son un instrumento de centralismo político que ahoga la autonomía provincial.
El sistema de “Aportes del Tesoro Nacional (ATN), gestionado con discrecionalidad por el Poder Ejecutivo, representa una distorsión incompatible con los principios federales de la Constitución argentina”. Así lo sostiene el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en un artículo publicado en Infobae, donde desmenuza el conflicto que hoy enfrenta a las provincias con el Estado nacional.
El debate resurge tras la iniciativa de los gobernadores –incluido el jefe de Gobierno porteño– de impulsar un proyecto en el Congreso para reintegrar los ATN al régimen de coparticipación automática, siguiendo el reclamo judicial que La Pampa llevó a la Corte Suprema (Expte. 993/2024).
Federalismo en crisis
Gil Domínguez recuerda que “la autonomía provincial, consagrada desde 1853, es letra muerta sin recursos previsibles. Sin embargo, el actual diseño –heredado de la ley 23.548 (1988)– reserva el 1% de la masa coparticipable para un fondo administrado arbitrariamente por Nación. Una práctica que, advierte, “vulnera el artículo 75, inciso 2 de la Constitución”, donde se exige distribución automática, equitativa y con criterios objetivos”.
Detalla tres fallas estructurales:
1. Discrecionalidad: Los ATN se asignan sin reglas claras, convirtiéndose en herramienta de negociación política.
2. Inequidad: Lejos de compensar asimetrías, profundizan desbalances territoriales.
3. Opacidad: No existen mecanismos transparentes de control sobre su ejecución.
“La Constitución no admite atajos –insiste el jurista–. Los ATN son recursos coparticipables retenidos ilegítimamente”. Su propuesta es clara: esos fondos deben distribuirse “automáticamente”, como el resto de la coparticipación, para garantizar un federalismo real.
¿Hacia un nuevo pacto?
El análisis concluye con una advertencia: sin reformas, el sistema consolidará un “federalismo clientelar”. La alternativa, sugiere, es volver a la esencia del pacto de 1994: provincias como socias activas, no como súbditas financieras.
