
La medida se confirmó este martes a través del Decreto 461/2025 publicado en el Boletín Oficial.
El Gobierno avanzó con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas. Tras el anuncio en Casa Rosada, este martes se confirmó la medida, a través del Decreto 461/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La norma lleva la firma del presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo (Economía), Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (Seguridad). Allí, se precisan los alcances y detalles de la disolución del organismo encargado del control de las rutas y caminos del país.
La normativa propone la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
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En este marco, se decide una “reorganización institucional”. La CNRT se transforma en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (nuevo nombre y funciones ampliadas).
Esta nueva Agencia será la autoridad de aplicación para la fiscalización de concesiones viales y servicios de transporte público (automotor, ferroviario, etc.).
Las funciones claves de la nueva Agencia serán las de “Controlar contratos de concesión y permisos de transporte, aplicar sanciones por incumplimientos, Investigar accidentes ferroviarios y evaluar seguridad, Atender reclamos de usuarios, Cobrar tasas por fiscalización y Promover la suspensión/caducidad de licencias”.
Para ello, se modificaron leyes y decretos que permiten asignar al Ministerio de Economía el control de rutas nacionales (antes a cargo de Vialidad).
Además, se reemplaza a la ANSV por la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación en tránsito.
También se asigna a Gendarmería Nacional funciones de prevención y control en rutas nacionales y se derogan múltiples normas anteriores (como artículos de la Ley 26.363 y del Decreto-Ley 505/1958, entre otros).
En referencia a la seguridad aeronáutica, la Junta de Seguridad en el Transporte pasa a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Sus funciones se concentran ahora exclusivamente en la aviación civil y se establecen sus competencias de investigación técnica, emisión de recomendaciones, publicación de informes, entre otras.
En cuanto a los bienes, el personal y el presupuesto, se detalla, en primer término, que el personal actual se mantiene hasta nueva reestructuración y el Tesoro Nacional podrá disponer de los fondos, títulos y activos de los organismos disueltos.
Se transfiere el control de bienes muebles e inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Por último, hasta que se aprueben nuevas estructuras, los organismos actuales seguirán funcionando transitoriamente.
El Ministerio de Economía deberá proponer una nueva organización interna y dictar normas complementarias.

