El informe mensual de la Fundación Pensar a nivel nacional, analizó a las empresas del estado desde el punto de vista del gasto público y concluyó que Milei “solo privatizó una y cerró otra”.
“Desde diciembre de 2023, la administración entrante puso en marcha un programa de fuerte ajuste con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal. Con el recorte del gasto como prioridad, las empresas públicas quedaron en el centro de la discusión”, señalan desde la usina de ideas del PRO en el informe del mes de julio.
Si bien destacan que “Se lograron importantes avances en materia de ahorro fiscal (0,4% del PIB) a través de una caída real del gasto consolidado del 40% y una caída en la planta de personal del 15%.”, añaden que “solamente se privatizó una empresa (IMPSA – que no figura en la nómina de la Ley Bases) y se cerró otra (DECAHF)”.
Molestos y críticos por derecha a la ultraderecha que encarna Javier Milei, indican que “empresas como Télam, cuyo cierre fue anunciado, solamente cambiaron de nombre (APE S.A.U.)”.
“Otros casos llaman la atención, como EDUC.AR, que aumentó las transferencias del Estado en un 302% o YPF, que aumentó un 55% su gasto en publicidad (alcanzó $100.000 millones en 2024, el mayor desde su reestatización)”, añaden en el informe elaborado por el economista Nicolás Gadano.
El inicio
El PRO señala que “apenas llegado, el gobierno sancionó el DNU 70/2023. Entre muchas otras iniciativas, a través de su artículo 48 el Decreto eliminó la figura de empresas del Estado; debiendo las empresas comprendidas bajo esta categoría transformarse en sociedades anónimas en un plazo máximo de 180 días. Además, en el artículo 50 estipuló que las empresas en las que el Estado nacional fuera accionista no gozarían de prerrogativas de derecho público y que el Estado no podría disponer de privilegios en su favor”.
“También en diciembre de 2023, el Ejecutivo envió al Congreso una primera propuesta de la ‘Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ que, en su versión original, incluía disposiciones significativas respecto a las empresas públicas”, indican.
“Específicamente, los artículos 7 y 11 declaraban sujetas a privatización a 41 empresas estatales (todas las comprendidas en este documento excepto IMPSA), otorgando al Poder Ejecutivo la facultad de proceder a su privatización total o parcial, concesionar los servicios que prestaban o, en su defecto, liquidarlas y cerrarlas. No obstante, su debate no prosperó en el recinto por lo que no se convirtió en ley”, recuerdan.
“En junio de 2024, el gobierno envió un nuevo proyecto al Congreso que terminó con la sanción de la Ley N° 27.742, que aprobó la posibilidad de privatizar un conjunto más reducido de empresas públicas” y mencionan que “la ley bases inicial proponía privatizar 41 empresas y la aprobada solo incluyó a 8”.
A modo de caricia, en la conclusión del informe de 29 páginas, dicen que “aunque con una agenda originalmente más ambiciosa, la actual administración ha logrado avances significativos, permitiendo que en el primer año de gestión las transferencias del Tesoro a las empresas que consolidan cayeran en 0,2% del PBI, y que, aún con esta reducción de ingresos redujeran su déficit a partir de una reducción real de gastos del 40%”
Festejan que “el total de empleo público en estas empresas cayó en casi 14.000 empleados (-15%)”, pero “las experiencias de las 42 empresas aquí analizadas han sido heterogéneas: algunas empresas
demandaron más fondos al Estado Nacional que en 2023 (EDUC.AR, Casa de la Moneda y FASE); mientras que Correo redujo su dotación de personal en más de 4.000 empleados, YMAD la aumentó; sólo las empresas asociadas a la prestación de servicios públicos vieron aumentados sus ingresos propios (de la mano de la suba de tarifas); y 5 de las 33 empresas que consolidan aumentaron su gasto”.
Un mandato social que reclama una mayor eficiencia del gasto público representa una oportunidad para redefinir el rol estratégico de las empresas públicas dentro del Estado.
