Tras el fallo que suspendió por seis meses el cierre de Vialidad Nacional, ahora apuntan a evitar que la Agencia de Seguridad Vial corra la misma suerte. El recurso, impulsado por su exdirector, denuncia la inconstitucionalidad del decreto de Milei y advierte que eliminar el organismo “multiplicará las muertes”.
La ofensiva judicial contra el Decreto 461/2025 del Gobierno nacional sumó este miércoles un nuevo capítulo. Luego de que la Justicia ordenara suspender por seis meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), ahora se presentó un amparo para frenar la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
La presentación fue realizada por el exdirector del organismo, Pablo Martínez Carignano, ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2, el mismo que ya había fallado a favor de los trabajadores de la DNV y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La acción judicial, patrocinada por el abogado Federico Paruolo, busca declarar la inconstitucionalidad del decreto firmado por Javier Milei que eliminó tres organismos clave en la estructura del transporte nacional: la DNV, la ANSV y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, publicó el portal Data Clave.
“Cerrar la ANSV no es una mera cuestión administrativa: es un acto de crueldad y una decisión criminal”, denunció Carignano. En su escrito, alertó que la eliminación de la agencia “multiplicará las muertes viales, debilitará la coordinación federal y desmantelará una política pública que salvó miles de vidas”. El exfuncionario recordó que durante su gestión recorrió todas las provincias y trabajó con cada una de ellas: “Por respeto a las familias que convirtieron su dolor en lucha, tengo el deber moral de intentar que la Justicia ponga un límite a esta locura del presidente Milei”, lanzó.
Entre los argumentos jurídicos del amparo se destacan tres pilares:
La ilegalidad del decreto, por exceder las facultades delegadas al Ejecutivo y violar el principio de legalidad, la división de poderes y la reserva de ley.
La vulneración de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, la salud, la circulación y la igualdad ante la ley.
El daño al interés público, dado que en Argentina los siniestros viales son la principal causa de muerte en menores de 35 años.
Además de plantear la inconstitucionalidad del decreto, la demanda solicita una medida cautelar urgente que suspenda sus efectos hasta tanto la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión.
Pero no será la única vía judicial. Desde dentro del organismo, trabajadores autoconvocados también preparan una presentación. Así lo adelantó Evangelina Galiani, vocera de los empleados, quien afirmó que 708 personas se quedaron sin trabajo tras el cierre. La medida que impulsan contempla dos frentes: uno legal, con una nueva acción de amparo; y otro político, que buscará presionar al Congreso para que declare la inconstitucionalidad del decreto.
Por ahora, el antecedente de Vialidad Nacional marca un posible camino. La semana pasada, el mismo juzgado aceptó el pedido del sindicato SEVINA y suspendió por seis meses el cierre del organismo. La resolución judicial se basó en el carácter estratégico del área y su impacto sobre políticas públicas esenciales.
La pulseada judicial por el cierre de organismos estatales ya se convirtió en una batalla central contra los decretos de Milei, que enfrenta cada vez más resistencias no sólo en las calles y en el Congreso, sino también en los tribunales.
