(Por Rodrigo Genoni*) La Ley 2717 no fue una improvisación ni una imposición. Fue el resultado de un amplio consenso social, que unió a trabajadores, sindicatos, cámaras empresariales, pequeños y medianos comerciantes, y dirigentes políticos de diversos espacios. Se construyó con diálogo y con una mirada puesta en el equilibrio entre la vida laboral, familiar y el desarrollo económico.
Por eso sorprende que un grupo de legisladores del bloque PRO-MID haya decidido impulsar su derogación sin convocar a ninguno de esos actores para discutir colectivamente su vigencia. Esa falta de diálogo es el primer gran retroceso.
La ley tiene dos objetivos esenciales:
Económico: proteger a un sector minorista que encuentra en los domingos un día clave de ventas, sobre todo en barrios y localidades del interior.
Social: garantizar que las familias trabajadoras puedan compartir al menos un día completo a la semana. Antes de esta ley, eso era casi imposible.
La propuesta de derogación se sostiene en argumentos equivocados. Se afirma que el cierre dominical afectó el empleo, la actividad y la recaudación. Pero eso no se corresponde con la realidad del funcionamiento del sector.
Los supermercados y grandes cadenas no pagaban horas extras por los domingos, ni contrataban personal adicional ni ofrecían condiciones diferenciales. El descanso semanal quedaba librado a la lógica del mercado, sin criterios de equidad ni de cuidado del trabajador.
En cambio, gracias a la Ley 2717:
Se garantizó un día de descanso real y común para madres, padres e hijos.
El adicional dominical fue reemplazado por un adicional por zona, más alto y más justo.
No se vio afectado el salario de los trabajadores.
Además, la norma es coherente con principios establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo y en la regulación de la jornada laboral. Cualquier discusión seria debería partir del conocimiento de esas leyes, y no de su omisión.
Nos preocupa que se impulsen modificaciones estructurales sin consultar al mundo del trabajo ni a quienes conocen el entramado del comercio, la industria, la salud, las cooperativas y las mutuales. No es posible legislar bien desde el desconocimiento.
Por eso preguntamos, con respeto pero con firmeza:
¿Por qué avanzar con una derogación sin diálogo ni diagnóstico?
¿A quién beneficia esta medida?
¿Qué derechos se pondrán en riesgo si se debilita el equilibrio logrado?
Los convocamos a que reabran la discusión, pero con todos los sectores involucrados. Porque legislar no es imponer: es construir colectivamente un futuro más justo.
* Secretario General del Centro de Empleados de Comercio
