En un documento crítico con la prensa y el gobierno provincial Comunidad Organizada señaló que “sobre el yacimiento hidrocarburífero más importante de la provincia, cuyo contrato vence en junio del año 2026; hemos solicitado que se realice un informe objetivo y actualizado sobre el estado del área y la posible situación de extrema gravedad en materia de contaminación ambiental”.
Indicaron que “los funcionarios enviados por Ziliotto a la Cámara de Diputados manifestaron que recién habían ingresado al área en abril de 2024, es decir, que no habían controlado ni la extracción de petróleo ni su impacto ambiental” y que “el Intendente de 25 de Mayo, al concurrir a la Cámara de Diputados, reconoció que existía impacto ambiental y que él no recibía información al respecto”.
Añaden que “el daño ambiental derivado de este tipo de explotación afecta principalmente a las poblaciones cercanas al yacimiento, como las localidades de 25 de Mayo, Puelen, Colonia Chica y otras del oeste pampeano, así como a los trabajadores”.
Aseveran que el gobierno de Ziliotto “impide de todas las maneras conocer el estado del área, porque con un conocimiento real -que podría lograrse mediante un llamado a licitación nacional e internacional- podría generar reclamos y procesos, incluso penales”.
Denunciaron que los diputados serán “destinatarios de manipulación y extorsión” por parte de un “sindicato o un municipio, confundido o quizá manipulado, por la piratería política del gobierno”.
Pidieron que “cesen en estas instigaciones” como dicen que padecieron con la “ley de aporte solidario”.
