Por el default de Vicentin, la Justicia convocó a 26 exmiembros de la firma y a exdirectivos del Banco Nación (BNA) para que den explicaciones sobre los créditos otorgados de manera presuntamente irregular entre 2018 y 2019, durante la gestión de Mauricio Macri en el Ejecutivo nacional.
Se trata del mayor incumplimiento de pagos de la historia del sector privado argentino, cuyo perjuicio para el Estado rondaría en los 260 millones de dólares. Entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre se llevarán adelante las medidas dispuestas por el juez federal Julián Ercolini -a instancias del fiscal Gerardo Pollicita- para determinar si hubo un acuerdo entre la cúpula empresaria y los exfuncionarios del banco. La decisión incluye la inhibición general de bienes y la prohibición de salida al extranjero de los imputados.
Según el expediente, el BNA otorgó a la agroexportadora una línea de crédito mayor al 20 por ciento del patrimonio de la entidad, a sabiendas de que la compañía no contaba con calificación de riesgo vigente, ni con las condiciones para recibir nuevos préstamos. Corría el 2019, la cerealera acumulaba deudas impagas por más de 150 millones de dólares y de igual manera obtuvo la refinanciación y nuevos desembolsos.
La operatoria, de acuerdo al dictamen, generó al Estado daño económico por 260 millones de dólares. La investigación alcanza a nombres como Daniel Néstor Buyatti (expresidente de Vicentin) y Alberto Julián Macua (exvicepresidente), Javier González Fraga (expresidente de BNA), Lucas Llach y Carlos Castellani.
