Los diputados Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga Souto presentaron este miércoles una denuncia penal por presuntas irregularidades en la empresa Refi Pampa S.A., que habría realizado movimientos societarios y recibido petróleo pampeano sin la autorización exigida por ley, poniendo en riesgo créditos públicos por más de $1.500 millones.
La denuncia, radicada ante la Policía de La Pampa, se centra en la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a una serie de operaciones realizadas por Refi Pampa S.A., empresa que se encuentra actualmente en cesación de pagos a pesar de haber recibido importantes fondos públicos a través de créditos de Promoción Industrial.
Falta de autorización en movimientos societarios
Uno de los puntos centrales de la denuncia señala que los cambios en la estructura accionaria de Refi Pampa S.A. -incluyendo fusiones y reorganizaciones- se realizaron sin la autorización previa del Estado Provincial, tal como exige el artículo 10° de la Ley Provincial N° 2675. Esta norma establece que cualquier empresa con participación estatal debe contar con el consentimiento expreso del gobierno provincial para realizar este tipo de operaciones.
«Los movimientos societarios fueron de público conocimiento, incluso publicados en boletines oficiales, y desde el Estado Provincial no hubo intervención ni oposición alguna», afirmaron los legisladores en su presentación.
Entrega de petróleo sin licitación
La denuncia también cuestiona que Pampetrol S.A.P.E.M. habría continuado entregando petróleo pampeano en forma directa y sin licitación a Refi Pampa S.A., a pesar de conocer la crítica situación financiera de la empresa y de que esta ya presentaba cheques rechazados.
Esta situación «agrava aún más el posible perjuicio al erario público provincial», según señalaron los denunciantes, quienes estiman que el Estado provincial mantiene un crédito impago de aproximadamente $1.500 millones con la empresa.
Cuestionamiento al Poder Judicial
Fonseca y Aliaga también manifestaron su preocupación por la actuación del sistema judicial pampeano, solicitando que los fiscales con «directa relación con el gobierno provincial» se aparten de la investigación.
«Lamentablemente, el Poder Judicial de La Pampa, con varios de sus integrantes, tiene vinculación directa con el Poder Ejecutivo Provincial», afirmaron los legisladores, quienes destacaron que esta situación ha sido señalada en reiteradas oportunidades en la Cámara de Diputados.
La presentación judicial busca que se investiguen las responsabilidades de los funcionarios públicos que, por acción u omisión, no habrían cumplido con su obligación de controlar y proteger los recursos petroleros de la provincia.
