La Agrupación feminista del Partido Socialista de los Trabajadores de La Pampa, Pan y Rosas, pidió la “absolución para Melanie”
“Anto y Melanie, dos jóvenes madres que en junio de 2024 ocuparon viviendas municipales deshabitadas en Toay ante la imposibilidad de acceder a un alquiler o una vivienda digna, fueron denunciadas penalmente por la municipalidad de Toay (intendente Ariel Rojas). Además de criminalizarlas y hostigarlas, se procedió al corte de servicios básicos como luz, agua y gas en pleno invierno, lo que agravó la precariedad habitacional. Frente a esta situación, la Asamblea contra el ajuste de Milei, decidió acompañarlas, documentar su caso y buscar soluciones institucionales”, señalaron.
“Se enviaron notas al intendente Rojas y a las autoridades provinciales de niñez (Meacca y Lofvall), solicitando una audiencia y medidas urgentes. En la reunión (31/7) que mantuvieron varias mujeres del movimiento feminista, estas autoridades reconocieron conocer la situación y mencionaron una oferta de pago de alquiler ($300.000), rechazada por las jóvenes ante su carácter transitorio e incierto. Se prometió gestionar la reconexión de luz y asistencia alimentaria, así como promover su inscripción en el IPAV para acceder a viviendas en comodato. Sin embargo, ninguna medida estructural fue concretada. Durante los meses siguientes, Anto y Melanie siguieron sin servicios básicos, pese a las gestiones reiteradas. Además, denunciaron trato desigual y discriminación institucional, ya que otras familias en situación similar recibieron mejoras en viviendas lindantes también propiedad del Municipio de Toay”, resaltaron.
“El acompañamiento social se redujo a la entrega esporádica de alimentos y una garrafa, mientras persistían las obstaculizaciones administrativas para acceder a recursos mínimos, como así también el destrato constante. El 8 de diciembre de 2024, Antonella Villalba se quitó la vida. Tras su muerte, ni su familia ni Melanie López recibieron asistencia inmediata del equipo posvención de la Subsecretaría de Salud Mental, aunque luego se gestionó acompañamiento desde el Hospital de Toay”, indicaron.
“Sostenemos que Estado municipal y provincial incumplieron su deber de protección y acompañamiento, exponiendo a Melanie y sus hijos a condiciones indignas, estigmatización, amenazas y violencia institucional. Además, alertamos sobre casos similares de criminalización de la pobreza en mujeres madres en situación de vulnerabilidad, reclamando una intervención efectiva que garantice derechos y evite la repetición de hechos trágicos”, resaltaron.
“A fin de 2024, con la Asamblea contra el ajuste de Milei iniciamos, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, una denuncia a funcionarios públicos, que aún está en proceso de instrucción. Ahora en octubre de 2025, el miércoles y jueves pasado, Melanie fue llevada a juicio penal por el delito de usurpación. Se espera el veredicto para el viernes 17 del corriente. Por eso, ante esto, exigimos su absolución en la causa”, pidieron.
“¡Ser pobre no es delito! ¡Vivir con dignidad es un derecho, no un privilegio! ¡Basta de criminalizar a las mujeres y niñeces que luchan por techo, pan y trabajo!”, finalizaron.
