El análisis de los últimos tres ciclos de gobierno en Argentina (2011-2023) revela una persistente repetición de desafíos económicos estructurales, marcados por el déficit crónico y la inflación imparable.
Según el reciente informe del estudio jurídico-contable Clave Legal, la fragilidad macroeconómica se hizo evidente en cada período. Por ejemplo, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) culminó con un déficit fiscal financiero del 5,1% del PBI en 2015, marcando el fin de los superávits.
Posteriormente, el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) dejó un fuerte impacto social, con la pobreza escalando de alrededor del 26% en 2017 a aproximadamente el 36% al final de su mandato. Finalmente, la gestión de Alberto Fernández (2019-2023) culminó con la inflación más alta en tres décadas, alcanzando el 211,4% en 2023.
Cristina Fernández de Kirchner – Segundo mandato (2011-2015)
Aunque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner emerge tras la reelección con una imagen pública de aparente crecimiento económico, bajas tasas de desempleo, salarios nominales en ascenso, esta situación fue solo coyuntural y distó mucho de lo que, poco a poco, se comenzó a vislumbrar bajo esa fachada: el modelo ya empezaba a traer aparejados graves inconvenientes con la espiralada subida inflacionaria atribuida al continuo circuito gasto-déficit-emisión. Es en este contexto que el “voto castigo” en las elecciones legislativas de 2013, denota la clara pérdida de apoyo político. Aunque el Frente para la Victoria retuvo la mayoría en el Congreso, fue derrotado en jurisdicciones clave como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. El resultado marcó una clara señal de desgaste: el fin del impulso político que había acompañado la reelección de 2011 y el comienzo de una etapa más defensiva en materia económica.
En el plano económico, el gobierno aplicó medidas de contención, más que cambios estructurales. Así, profundizó las restricciones cambiarias —el llamado “cepo”—, impuso cláusulas más exigentes para la compra de dólares y aplicó trabas a las importaciones para cuidar las reservas del Banco Central. También hubo cambios en el gabinete: Axel Kicillof asumió como ministro de Economía y Juan Carlos Fábrega reemplazó a Mercedes Marcó del Pont en el Banco Central, en un intento de recuperar credibilidad y estabilizar los desequilibrios macroeconómicos.
A pesar de los intentos, los resultados económicos fueron menos que deseables. En 2014 la economía entró en recesión: la fuga de capitales producto de la desconfianza generalizada, provocó que el gobierno cediera a la presión cambiaria con una fuerte devaluación, y con ello, trajo a su paso el shock inflacionario (las estimaciones privadas ubicaron a la inflación en torno al 35% -no se sabe con certeza puesto que el INDEC estaba intervenido-), en tanto que las reservas internacionales continuaron cayendo. El gobierno priorizó sostener el gasto social y los subsidios, pero la falta de divisas y el financiamiento con emisión agravaron los desequilibrios y la presión inflacionaria.
Así, tras las legislativas, Cristina Fernández de Kirchner enfrentó el tramo final de su mandato con menor margen político, con un déficit fiscal del 5.1 % del PBI que señalaba el peor registro de la gestión kirchnerista y con el consecuente agotamiento del modelo de la “década ganada”.
Mauricio Macri (2015-2019)
El gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos), iniciado en diciembre de 2015, se presentó bajo la consigna del “cambio”, encontrando a una parte de la sociedad receptiva a esta propuesta tras el ciclo kirchnerista. Esa adhesión se consolidó en las elecciones legislativas de 2017, impulsada por la expectativa de normalización económica y por el desgaste del oficialismo anterior. El respaldo fue contundente: Cambiemos se convirtió en la coalición más votada del país, con el 41,75 % de los votos válidos y triunfos en los principales distritos, incluida la provincia de Buenos Aires. Con este empuje, el gobierno se sintió legitimado para profundizar su agenda reformista y acelerar el ritmo de sus políticas expansivas. No obstante, culmina chocando con una realidad que no perdona y un ciclo que se repite: los desequilibrios estructurales dejan al descubierto la fragilidad del modelo.
Entre las medidas económicas más relevantes, el gobierno modificó la fórmula de cálculo de los haberes jubilatorios con el objetivo de contener el gasto y reducir el déficit fiscal. Esta medida generó preocupación por su posible impacto sobre los ingresos de los jubilados. En el plano tributario, su intento de incentivar a las empresas disminuyendo la presión impositiva de manera gradual, si bien buscó la eficiencia a largo plazo, en el corto plazo solo disminuyó la recaudación esperada y agravó la necesidad de financiamiento del Déficit Primario.
Como el gobierno no estaba pudiendo cubrir el déficit fiscal con rapidez suficiente, recurrió a medidas más gravosas: emisión de dinero y financiamiento externo. Así, el mal crónico de Argentina volvió a imponerse. Inicialmente, el Banco Central buscaba sostener un régimen de metas inflacionarias del 10 % para anclar las expectativas de precios: la idea era subir la tasa de interés, encarecer el crédito y reducir el dinero en circulación, de modo que los precios se estabilizaran.
Sin embargo, el flujo de pesos continuaba por el déficit financiado con emisión y deuda, y el gobierno decidió aumentar la meta inflacionaria al 15 %. Esto rompió la credibilidad del sistema, los agentes económicos ajustaron sus expectativas y, en consecuencia, las tasas de interés se dispararon, mientras los precios seguían subiendo.
La pobreza también se agravó: tras un leve descenso inicial, pasó de alrededor del 26 % en 2017 al 36 % al final del mandato, reflejando el impacto de la inflación y la recesión en los sectores más vulnerables.
A pesar de los intentos de contener el déficit y reactivar la economía, los resultados fueron poco alentadores. La combinación de ajuste fiscal, recorte de subsidios y financiamiento vía deuda y emisión no solo no logró estabilizar los precios como se había previsto e incentivar el crecimiento, sino que comprometió las finanzas futuras: la inflación continuó elevada y el crédito se volvió más caro, mientras la economía empezaba a entrar en recesión y el país quedaba expuesto. La pérdida de confianza de los mercados y de los agentes económicos llevó a una fuerte depreciación del peso y a un aumento del endeudamiento externo, que tensionó la balanza de pagos y generó incertidumbre y desconfianza generalizada.
De esta manera, culmina la luz verde para Mauricio Macri y finaliza una etapa en la que el “cambio” termina siendo el de gobierno.
Alberto Fernández (2019-2023)
En las elecciones de noviembre de 2021, el oficialismo sufrió una derrota significativa del poder legislativo: el Frente de Todos perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el control en el Senado, complicando la capacidad del gobierno de Alberto Fernández para aprobar leyes sin negociar con la oposición y aliados. Las premisas fundamentales de campaña en las que se basó al iniciar su gestión respecto de la lucha contra el hambre y las recomposiciones de las jubilaciones y salarios, al ser incumplidas generaron un descontento social que era evidente y el intento de subsanarlo por medio de medidas expansivas en términos asistencialistas solo demostró con mayor crudeza la inestabilidad en la conducción.
Respecto de las medidas tomadas, reorientó su economía en un tenso pacto con el Fondo Monetario Internacional. En marzo de 2022, la firma del acuerdo por unos USD 44.000 millones evitó el default, pero dejó al país comprometido con metas de reducción del déficit, limitación de la asistencia del Banco Central al Tesoro y eliminación gradual de la financiación monetaria.
Asimismo, el Gobierno desplegó un paquete de medidas de urgencia. El “tarifazo segmentado” en energía y gas se convirtió en una estrategia que buscó ajustar sin admitirlo, trasladando el peso del equilibrio fiscal a los consumidores, ya que implicó un aumento directo en las tarifas que pagan los hogares. Mientras, El Banco Central elevó de manera progresiva las tasas de interés para intentar contener los precios y sostener la demanda de pesos, aunque esto encareció el crédito y afectó la actividad. Además, se mantuvieron y reforzaron las restricciones cambiarias, y se implementaron esquemas como el “dólar soja” para incentivar la liquidación de exportaciones y recomponer reservas. Se avanzó además con una intervención más activa del Estado en el control de precios y en acuerdos de precios-salarios, intentando anclar las expectativas inflacionarias, pero los resultados fueron limitados.
Aunque buscó estabilizar la economía, la inflación se disparó al 211,4% en 2023, la más alta en tres décadas, erosionando el poder adquisitivo mientras que la brecha cambiaria superó el 200%, niveles comparables a los de la hiperinflación de 1989.
Cierra así la etapa de Alberto Fernández, y una vez más la historia se repite: desequilibrio crónico, inflación imparable y la sensación de estar en un país que parece condenado a seguir igual.
