La abogada Victoria Rambur, que en su momento impulsó junto a otros militantes la Tercera Vía en La Libertad Avanza La Pampa, alertó que “un diputado no es un adorno institucional, cumple una función fundamental para la democracia: representar al pueblo y ejercer control sobre el gobierno”.
Frente a la elección de este domingo, Rambur cuestionó a quienes adelantaron que quieren ser diputados nacionales para “votarle todo” al gobierno de Milei porque “la Argentina no necesita empleados, necesita representantes”.
“Resulta preocupante, y hasta peligroso para la salud institucional de la República, escuchar a candidatos a diputado nacional afirmar sin pudor que su única propuesta es votarle todo al poder ejecutivo. Esa frase, repetida como lema electoral, evidencia un alarmante desconocimiento de la Constitución Nacional y un desprecio absoluto por la función para la cual se postulan”, señaló quien fuera una de las impulsoras de la Tercera Vía en La Libertad Avanza La Pampa.
“La promesa política de votarle todo al Poder Ejecutivo es más que una muestra de irresponsabilidad: es un absurdo institucional. Implica renunciar explícitamente a la división de poderes”, agregó.
“Si el Congreso fuera un mero espacio de obediencia, entonces no sentido su existencia. Sin control, sin deliberación y sin pluralidad, la democracia se degrada hasta convertirse en un caudillismo barato”, resaltó.
Dicotomía: yo o el caos
Rambur, que fue raleada junto a varios militantes que quisieron sumarse a LLA LP destacó que “a este vaciamiento del rol legislativo se suma una peligrosa táctica discursiva basada en falacias argumentativas, especialmente la llamada falacia del falso dilema. Se presenta la política como una opción extrema entre ‘yo o el caos’, ‘nosotros o el diablo’, como si no existieran otras alternativas democráticas posibles. También se recurre a la falacia ad hominem, demonizando a todo aquel que piense distinto, deshumanizando adversarios y empobreciendo cualquier posibilidad de debate racional. Este recurso alarmante y emocional es efectivo para manipular, pero destructivo para construir una Nación plural y madura”.
“Un verdadero diputado nacional no es un adorno institucional ni un aplaudidor, sino que cumple una función fundamental: representar al pueblo y ejercer control sobre el gobierno. No se espera de él fanatismo, sino un compromiso republicano. Para aplaudir están los estadios y para defender la democracia está el Congreso. Porque la Argentina necesita representantes, no empleados”, resaltó.
Discapacidad
Victoria Rambur también manifestó su rechazo a la decisión de Javier Milei de no implementar las leyes emanadas del Congreso y en el caso de la emergencia por Discapacidad, recordó que el juez federal Adrián González Charvay dijo en su fallo que del 18 de agosto que “el derecho de los niños con discapacidad prevalece ante cuestiones presupuestarias” y comentó que “para entender la decisión, primero hay que entender el llamado ‘bloque constitucional–convencional’. En simples palabras, nuestra Constitución Nacional funciona como parte de un andamiaje dinámico y expansivo, donde armoniza con los tratados internacionales de derechos humanos y las interpretaciones de sus respectivos comités”.
“Esto significa que los derechos allí consagrados –a la salud, a la educación, a la inclusión de las personas con discapacidad, entre muchos otros– son obligatorios para el Estado argentino, al más alto nivel legal. Son innegociables. Si faltan recursos, habrá que reasignarlos de otro lado, pero los derechos de las personas no se ponen en pausa ni se reducen porque las cuentas no cierren” ,enfatizó.
Y enumeró que “la ley vetada destinaba fondos a pensiones, terapias y transportes para personas con discapacidad, con un costo estimado muy bajo en proporción al tamaño de la economía (alrededor de entre 0,22% y 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso). Hablamos de centavos dentro del gran presupuesto nacional, pero que marcan la diferencia entre un centro de rehabilitación abierto o cerrado, entre un chico recibiendo su terapia o quedándose sin apoyo”.
“¿Qué pasa cuando el Poder Ejecutivo y el Legislativo no cumplen con estas obligaciones? En una república democrática, los jueces no solo están para dirimir disputas entre partes, sino también para asegurar que ninguno de los otros poderes del Estado viole la Constitución y los tratados de derechos humanos. Al hacer lugar al amparo de las familias afectadas, el juez no hizo política partidaria, sino que cumplió su rol constitucional”, finalizó.
