La Procuración Penitenciaria de la Nación manifiestó su preocupación ante la remoción de la jueza de Ejecución de la provincia de Chubut Daniela Arcuri. La jueza fue apartada luego de que el gobernador Ignacio Torres manifestar su “descuerdo” con los fallos judiciales.
La jueza Daniela Arcuri, que denunció haber sido desplazada por pedido de una nota del Subsecretario de Justicia dirigida al Coordinador de Ejecución Penal, Horacio Yanguela, del gobierno de Ignacio Torres.
Arcuri había impulsado en los últimos fallos varios habeas corpus que apuntaban a mejorar las condiciones de encierro en Comodoro Rivadavia, ante la sobrepoblación carcelaria.
Ante ello, la Procuración Penitenciaria Nacional, a cargo de Agustín Cejas Meliare, señaló:
Este tipo de decisiones, adoptadas sin un procedimiento formal ni garantías mínimas, comprometen gravemente la independencia judicial, principio esencial para el funcionamiento de un sistema democrático y para la protección de los derechos fundamentales.
La remoción de una magistrada por el contenido de sus resoluciones judiciales constituye una vulneración directa a la garantía de imparcialidad y autonomía que debe regir la labor jurisdiccional.
En contextos como el de Chubut, donde no existe un servicio penitenciario provincial, el rol de los jueces de ejecución penal adquiere una relevancia aún mayor.
Son ellos quienes deben velar por el cumplimiento de los estándares constitucionales y convencionales en materia de condiciones de detención, en un escenario que presenta serias deficiencias estructurales.
La PPN considera inadmisible que se pretenda condicionar el ejercicio de la función judicial mediante mecanismos informales o decisiones unilaterales que no respetan el marco institucional vigente para la asignación o remoción de jueces.
La independencia judicial no es una prerrogativa personal de los magistrados, sino una garantía colectiva que protege a toda la sociedad frente a posibles abusos de poder.
Por ello, resulta imprescindible que las autoridades competentes se pronuncien con claridad en defensa del orden constitucional y del respeto por las funciones que cada órgano del Estado debe cumplir.
Desde esta PPN, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los DDHH de las personas privadas de libertad y con el fortalecimiento de las instituciones que deben velar por su protección.
Esperamos que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut actúe con la firmeza que la situación requiere, resguardando los principios republicanos y el debido respeto por la función judicial.
Ariel Cejas Meliare, Procurador Penitenciario Adj. de la Nación.
