El defensor General Martín Saravia declaró la emergencia, y mientras dure se acotan sus prioridades: cuota alimentaria, régimen comunicacional, violencia de género, familiar, contra niños, niñas, adolescentes y personas adultas.
En la parte resolutiva, Martín Saravia, señala:
1) Declarar la emergencia del servicio público de Defensorías Civiles en todo el territorio provincial.
2) El servicio deberá restringirse a la atención de los temas vinculados a reclamos de cuotas alimentarias, régimen comunicacional en favor de las infancias y acciones urgentes contra la violencia de género, violencia familiar, contra niñas, niños y adolescentes y adultos mayores.
3) Suspender el ingreso de nuevas causas, en todas las materias, hasta el 31 de diciembre de 2025, con excepción de las medidas preventivas urgentes de la ley 26.485.
4) Comunicar a la Secretaria General del SITRAJ en relación a las irregularidades descritas en la presente a los fines que estime corresponder.
5) Comunicar a las Oficinas de Orientación Jurídica y a las Defensorías en la prestación de los servicios que deben considerar prioritarios.
6) Comunicar la presente resolución al Sr. Procurador; al Superior Tribunal de Justicia; a las Oficinas de Gestión Común y al Sr. Ministro de Justicia.
Entre los fundamentos menciona que “el crecimiento constante e ininterrumpido del Ministerio Público Fiscal, con quien se comparte edificio en la ciudad de Santa Rosa, ha hecho que las defensorías civiles se encuentren sin espacio propicio para la tarea”.
“Al menos 6 espacios que fueron originalmente construidos para depósitos, son utilizados como oficinas, por tal razón no tienen ventanas, la ventilación y la iluminación son netamente artificiales y deficientes. Esto impide desarrollar espacios amigables y contenedores para las mujeres y las infancias que asisten a las defensorías. Otro dato a destacar es el hecho de que hay solo 2 baños para 24 personas, los cuales son utilizados también como ‘cocinas’ improvisadas. Párrafo aparte merece la falta de accesibilidad para personas con discapacidad”, enumeró.
“La Defensa Pública, especialmente la del fuero civil, es una red invisibilizada de contención del conflicto social y de prevención del recrudecimiento de la violencia padecida por las poblaciones vulneradas. Reconduce los discursos comunitarios y vehiculiza la solución a las problemáticas de alta sensibilidad como son la salud mental, la violencia de género en todos los ámbitos, la desprotección de las infancias y las adolescencias, la seguridad de las adultas y adultos mayores y las personas con discapacidad”, explicó.
“El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y su correlato es la obligación del Estado de garantizar dispositivos, agencias, bienes técnicos y humanos para hacerlo operativo. Su falta de aseguramiento genera responsabilidad jurídica internacional del Estado argentino en su conjunto”, agregó.
“Cuando la Defensa Pública queda postergada frente a otras instituciones del Poder Judicial, se genera una asimetría estructural que afecta directamente el acceso a la justicia. Sin dudas, esto profundiza las desigualdades sociales. Las personas con recursos pueden contratar abogados privados, mientras que quienes dependen de una defensa pública debilitada reciben un servicio de menor calidad, hecho que consagra y perpetúa la inequidad del sistema”, destacó.
“Prueba de ello es el Programa de Regularización del barrio Río Atuel que emprendimos en una alianza estratégica con el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), que deberá ser suspendido ante la imposibilidad de poder seguir sosteniéndolo por la falta de recursos humanos. Nuestro ministerio no puede continuar brindando este servicio a las y los vecinos de otros barrios sociales de la ciudad de Santa Rosa. Y mucho menos comenzar con los trámites regulatorios de los barrios de la ciudad de General Pico”, ejemplificó.
