Ziliotto no pudo dar más. La intersindical ¿podrá bancarlo más? Se logró el acuerdo con la ANSES. ¿Milei cumplirá el acuerdo? A di Nápoli sólo le interesa su candidatura, pero se le viene la hora de accionar contra Clarín ¿qué pasará?
(Por Javier Urban) Las aglomeraciones en los supermercados y jugueterías, porque a la noche buena se la tenía encima y se debían hacer las muchas compras, habilitadas por el salario más el aguinaldo, recién cobrados, y con la seguridad de que en breve se contaría con más plata, del bono que ayudaría a sobrellevar el largo enero que sigue a las fiestas; será una postal que este año no se vivirá.
Si bien no le falta a la verdad el gobierno provincial cuando asegura que La Pampa es la única provincia que garantiza un aumento del 11 % por encima de la inflación en 2025, en el contexto de ajuste impuesto por la administración nacional; no es menos cierto que, si se tiene en cuenta la caída del poder adquisitivo ocasionada por la inflación que hubo en el 2020, cuando la pandemia, y, fundamentalmente, con la provocada por la bestial devaluación de fines del 2023, dispuesta por Milei ni bien asumió, que hicieron volar la cláusula gatillo por los aires, todavía la recomposición está muy lejos.
Y, sobre todo, la sensación en las y los empleados públicos es que el aumento real que percibirán en diciembre será apenas de un dos por ciento, demasiado poco para quienes estaban acostumbradas y acostumbrados, cada fin de año, a ser protagonistas de aquella imagen del primer párrafo. Para todos ellos, haber “perdido” el bono, es un retroceso.
Decíamos la semana pasada que el desdoblamiento a la hora de cobrar aguinaldo y sueldo, con apenas 7 días de diferencia, no alteraría el humor del personal administrativo, siempre y cuando no se concretara, lo que se veía venir, que no habrá bono este fin de año. Ahora sí, el humor social está candente.
Insisto en que es cierto que el 11% sobre la inflación de este año es un logro de la intersindical, permitido por la vigencia de las negociaciones paritarias que se mantienen firmes en La Pampa, lo que es otro punto a valorizar, en relación a lo que sucede en otras provincias. Lo mismo que vaya a haber un aumento del 10% en las asignaciones familiares (que deja afuera al universo de personas sin hijos, que no son pocos), pero desde lo pragmático y simbólico, que se corte el bono, ya institucionalizado, que se pagaba a fin de año, es algo que no cae bien porque, de vuelta, desde lo pragmático y simbólico equivale a la quita de un derecho cuasi adquirido. Y eso genera bronca. ¿Tanta como para hacerle un paro a un gobierno al que siempre se le reconoció la defensa del Estado que construyen los trabajadores?
Plástico ruin
Y aparece un arma de doble filo que, a primera vista, ha venido siendo una salida a la vulnerabilidad de todas y todos, representada en la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos: las promociones del Banco de La Pampa para comprar utilizando las tarjetas de crédito. Es una herramienta creativa y salvadora (para el usuario y también para los comercios), pero para algún momento en particular. Lo fue en la pandemia, por ejemplo. Pero da la impresión de que el gobierno de Sergio Ziliotto se ha enamorado de esa herramienta e insiste con más promos, ahora de fin de año, que son bienvenidas por aquellos de ingresos medios altos, pero representan una invitación al colapso para la mayoría de las economías personales y familiares.
«Cobran y se quedan sin plata porque se los come la tarjeta de crédito. La nafta aumenta, la obra social aumentó, el supermercado es imposible. Nuestro salario no acompaña lo que se ve en las góndolas», lamentó Marcelo Morales, de ATE, pintado la realidad de muchos. Es un porcentaje altísimo de empleados/as que no pueden pagar más que el mínimo de las tarjetas, quedan a merced de los intereses usureros de las mismas, y algunos ya perdieron el derecho a usarlas. La situación es tremenda y cada vez los plazos se achican más. Frente a esto, el gobierno ya está frente al Franquestein en que se convirtió esa buena herramienta de salida, pero sin que se haya podido salir. El año próximo deberá considerar la creación de un fondo fiduciario de deudores de tarjetas o algo por el estilo, para rescatar a aquellos que están hasta el cuello, o más arriba aún, y sólo sacan créditos y más créditos para poder, endeudándose más, ir cancelando deudas impagables.
A cruzar los dedos
A esta altura del año, la característica voz de Gonzalito (Luis Roberto González Rivero), sobre todo en los 90, sonaba en todos lados, promocionando los sorteos de navidad y año nuevo con los que soñábamos en “salvarnos”, con su famoso “a cruzar los dedos”.
Aquellos sorteos han perdido la relevancia de entonces, pero la invitación de Gonzalito, hoy la podemos aplicar frente al acuerdo al que llegaron Nación y La Pampa por la deuda previsional que el gobierno de Milei tiene con nuestra provincia después de no haber enviado un solo peso de los que tenía que girar, automáticamente, para dar cumplimiento al convenio destinado a financiar el déficit de las cajas previsionales de las 13 provincias (entre ellas La Pampa) que en la década de 1990, tras la privatización del sistema jubilatorio nacional, no transfirieron a Nación sus regímenes jubilatorios (ley 27.260)
La deuda, por la que La Pampa inició una demanda judicial, de acuerdo con sus estimaciones, asciende a 350 mil millones de pesos. El acuerdo, CSJ mediante, es por $ 62.500 millones y se fundamenta en las auditorías realizadas entre los equipos técnicos del organismo nacional y del Instituto de Seguridad Social de La Pampa. De movida la administración Ziliotto recibirá $ 2.500 millones, y el resto en doce cuotas mensuales y consecutivas de $ 5.000 millones desde enero del año que viene.
Esto, será un respiro para los municipios, que temían que no se alcanzara el acuerdo y, para poder seguir pagándoles a los jubilados y jubiladas, tuvieran que bancarse un recorte más a la coparticipación que reciben. Es más, a los municipios y comisiones de Fomento, les corresponderán el 11,73 % de los pagos recibidos, sumas que les serán transferidas ante cada desembolso de la ANSES.
Pero decíamos que, frente a esto, resuena la voz de Riverito llamándonos a cruzar los dedos, por una serie de motivos que no se pueden dejar de tener en cuenta.
Desde julio del 2020, seguimos esperando por el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia (que es la que tendrá que hacer que Milei “garpe”) que ordenó a la provincia de Mendoza la liberación de un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo del río Atuel en el Puente de los Vinchuqueros. Es más, hace un año, advirtiendo que “diariamente seguimos viendo que Mendoza ya no sabe cómo hacer para impedir que el Atuel llegue en forma permanente y natural, sin obras sino con acciones como dice el fallo”, Ziliotto presentó un recurso ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos instando a dar cumplimiento a esa sentencia, algo que previamente también había hecho el abogado Omar Gebruers. A esta última presentación, la CIDH atendió y emplazó al gobierno de Milei, dándole tres meses para “cumplir o hacer cumplir” ese fallo. Pero todavía nada.
Y lo más curioso de todo, es que lo acordado con Nación, es muy parecido (lo veníamos adelantando en sucesivas editoriales desde que se comenzó con la conciliación convocada por la CSJ) al dispuesto para con la provincia de Córdoba ($ 60 mil millones a pagar en 12 cuotas) y fue la prensa oficial del gobierno de Ziliotto la que, a lo largo de la semana, compartió noticias referentes a lo insuficiente que le ha resultado lo acordado a la administración Martín Llaryora. Es así que pudimos leer en sus informes que “en 2025, tras la intervención de la Corte Suprema, Nación comenzó a enviar $ 5.000 millones en 12 cuotas fijas. Pero ahora hasta esta cifra está en duda. Los técnicos de la Caja estiman que el monto necesario para sostener el sistema rondaría los $ 20.000 millones mensuales, cuatro veces más de lo comprometido por la Nación; que Facundo Torres, presidente del bloque oficialista en la Legislatura reveló que la Caja se encuentra «ante una situación crítica» y «ya se empieza a ver el precipicio», al punto que, también informó la prensa oficial del gobernador, que Llaryora asume que la Nación no pagará lo que debe y habilita un debate de alto voltaje: topes a jubilaciones, más aportes de activos y hasta la posible transferencia de subsistemas. Para el mandatario cordobés (dicen las notas compartidas) en el 2026 tanto los jubilados como los activos que están en los sectores deficitarios, tendrán que hacer un esfuerzo adicional. Los primeros, cobrar menos, y los segundos poner más plata, porque Nación debió haber enviado, de acuerdo a los cálculos que hace Córdoba, 24 mil millones mensuales, “no los mandó ni los va a poner”.
Decíamos en editoriales anteriores, también, que en un marco similar el gobierno de Santa Fe rechazó la propuesta del Estado nacional, considerándola “insuficiente”, y ratificó su decisión de avanzar con la demanda judicial. “Que Nación pague lo que tiene que pagar. No vamos a resignar un solo centavo de la provincia de Santa Fe”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro, que calificó de “irrisoria” tanto a la propuesta inicial de 2.000 millones de pesos mensuales durante seis meses, como a la mejora de tres mil millones más, que es a lo que se estiró la administración Milei. Parece que el acuerdo logrado por La Pampa es un poco mejor, pero, también hay que tener en cuenta que, el proyecto de reforma laboral, que el energúmeno quiere que el Senado se lo apruebe sí o sí, contempla que a la ANSES (que es la que tiene que poner la plata acordada) le van a restar 2.500 millones de dólares, que será lo que le reducirán a las patronales de las contribuciones a la seguridad social, que dejarán de aportarlas, para destinar esa plata al fondo de asistencia laboral, FAL, que se hará cargo del pago de las indemnizaciones por despidos. Pero ya volveremos con ese aberrante proyecto de “modernización laboral” que, de paso, se supo que contempla reducciones en el impuesto a las ganancias y, por ende, una reducción de la coparticipación para las provincias que perderían $1.729.044 millones en 2026. Y, de paso también, te cuento que Tucumán recibió $35.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional, consolidándose como la provincia que más fondos receptó en el año, mientras que a La Pampa no vino ni un peso. ¡Cómo no van a votar lo que el Peluca quiera sus legisladores en el Congreso!
En otra, el nuevo chico top
Mientras las angustias de fin de año del gobierno provincial, de los municipios en general y de la gente, que no sabe qué ¿uber? ¿taxi? ¿remis? ¿bici? hay que tomar para seguir. Digresión: en Santa Rosa, vehículo particular no, porque así como el intendente Federico Achával, de Pilar provincia de Buenos Aires, les clavó a los vecinos una “Tasa de Protección Ambiental” que les cobra a los súper e hipermercados, agentes de retención, sobre las compras que la gente realice en ellos; di Nápoli, con su fin recaudatorio, cubrió todo el centro con estacionamiento medido. Volvemos, mientras el final de este 2025 genera “depre” por todos lados, el intendente de Santa Rosa está en otra. Él quiere ser gobernador y se la pasa escribiéndole cartas a Papá Noel o, más precisamente, mostrándose para que se lo candidatee a eso.
Decíamos un par de editoriales atrás, que la primera dama convocaba a comunicadores a su despacho, con la excusa de acordar pautas publicitarias para el año venidero, y se les despachaba conque el momento había llegado, Luciano di Nápoli será candidato a gobernador en el 27, por el peronismo o por afuera, les decía, aclarándoles que no le temía al fracaso porque tanto ella como él, recurrirían al estudio de abogados e inclinaba la cabeza hacia los títulos enmarcados (nadie se salva solo, él con ella y ella con él).
Pero esta semana, la plenipotenciaria fue más a fondo. Así como en la noche de las elecciones quiso entrar a las patadas al Partido Justicialista, para que se les reconozca el triunfo en Santa Rosa, cuando claramente di Nápoli había dicho, cuando se quedó sin nafta para hacer la interna con que amenazó, que “no lo hagan responsable de lo que pasará en las elecciones de octubre” y en la campaña actuaron acorde a eso, o sea no actuaron; esta vez salió a decir que, a diferencia del gobierno provincial, el municipio no desdoblará el pago de sueldos y aguinaldo, con fondos propios, ya que “la incidencia provincial tiene que ver solamente con los aportes coparticipables que le corresponden por ley a la ciudad”.
¿Qué necesidad de semejante patraña, no? Todas y todos saben, en Santa Rosa y en La Pampa, que el saneamiento urbano se lo financia la APA. Que las tan apropiadas como bellas avenida Stieben y calle Felice y el asfalto de las calles por donde pasan los colectivos, las construyeron empresas privadas bancadas por la provincia. Pero además, que con el Plan de Obras de Renovación impulsado por el gobierno pro-vin-cial, las calles Emilio Civit, Chile, Magaldi, Liberato Rosas y Roque Sáenz Peña muestran una nueva cara, con calzadas más seguras y transitables, gracias a los trabajos de pavimentación y repavimentación de Vialidad Provincial, abarcando tanto zonas céntricas como barrios periféricos. Todo se lo ha hecho la provincia, pero cuando te vas de boca, te vas de boca.
Y a veces, tiene costo. Reconvertido en cooperativista y anti Clarin (alevoso, y muy poco serio, lo de los muchachos de la radio k olaboracionista, diciendo que “di Nápoli sufre fuego amigo, de enemigos internos, malintencionados que lo convencieron para que le abra las puertas a Clarín” apuntando, claro, a Romina Montes de Oca, que se la banca, sabe que tiene que salvarle la ropa y en eso está) en breve, el intendente tendrá que mandar a desenterrar columnas y bajar cableado…¿lo ves?
¿Pasará?
E inevitablemente hay que hablar del proyecto de reforma laboral, que Milei quiere que se apruebe en la Cámara de Senadores antes de fin de año, y puede ser que el jueves, sea un día histórico.
Del proyecto del energúmeno hay que decir que no crea empleos y destruye derechos, además de romper el contrato social al alterar los pilares básicos de la relación laboral en la Argentina. El texto libertario de 109 artículos, propone cambios estructurales en materia de empleo. Entre los puntos principales, plantea reducir las indemnizaciones al eliminar del cálculo los bonos y pagos extraordinarios, lo que disminuiría el monto final a percibir por los trabajadores despedidos. Además, limita la antigüedad reconocida con un tope máximo de diez años, afectando a quienes llevan más tiempo en sus puestos. Y permitiría que parte del salario se pague en “tickets canasta”, habilitando remuneraciones en especie, y crea el sistema de “banco de horas”, que evita el pago de horas extras y permitiría extender las jornadas laborales hasta 12 horas diarias. Todo eso genera incertidumbre y afecta la organización de la vida personal, el descanso y las tareas de cuidado.
Otro de los puntos aberrantes es la modificación de las vacaciones, que podrían fraccionarse y otorgarse según la conveniencia del empleador, eliminando el derecho a tomarlas de forma continua.
Nos quieren hacer creer que esta ley no afecta a los contratos actuales, pero eso es falso. Si se aplica, perjudica a todos: a los que ya están trabajando y a los que ingresen en el futuro. Cada punto del proyecto significa menos estabilidad, menos previsibilidad y menos derechos.
El proyecto debilita el poder colectivo de los trabajadores al promover negociaciones por empresa y eliminar la vigencia de los convenios colectivos, lo que busca romper la organización sindical y dejar al trabajador solo frente a las patronales. El derecho a huelga resulta limitado hasta fronteras desconocidas y los convenios colectivos marchan hacia la negociación por empresa.
El texto también contempla la creación de un Fondo de Cese Laboral, que traslada al trabajador el costo de su propia indemnización, el pago en cuotas, y una reducción de la protección ante despidos. Asimismo, reduce las licencias por enfermedad y debilita la cobertura frente a despidos por motivos de salud.
Cuando tocan el trabajo, tocan la vida entera: el tiempo, el descanso, la familia y la posibilidad de planear un futuro. La discusión de fondo es política y social. Nuestra Constitución lo dice muy claro: los derechos deben ser progresivos y no regresivos. Este proyecto es totalmente inconstitucional.
El patrón regulará tiempo de trabajo como mejor le plazca, a través de los bancos de horas, que habilita jornadas laborales de hasta mitad del día, de modo que la extensión de la jornada a 12 horas deja de generar un costo para el empleador porque diluye el pago por la jornada laboral.
La base de cálculo indemnizatorio deja afuera las vacaciones y el aguinaldo. Los empleadores pasan a contribuir con un 3% de la masa salarial al fondo de asistencia laboral FAL, pero a la par les reducen igual porcentaje en las contribuciones a la seguridad social. Esto hará que a la ANSES le van a restar 2.500 millones de dólares. Esto es, el Estado deja de recibir recursos para el sistema previsional y los redirige a un fondo que cubrirá despidos privados. O sea que los jubilados actuales y futuros financiarán el costo de las indemnizaciones porque los recursos previsionales fondearán los despidos.
A las vacaciones, se las podrán dividir a los trabajadores en tramos de al menos 7 días y se autoriza su asignación en cualquier momento del año. El descanso de verano se transforma en un beneficio excepcional que sólo se podrá usar una vez cada tres años. Durante los dos periodos restantes, el empleador podrá mover las vacaciones a meses fuera de temporada, con todo lo que esto significa para la organización familiar y el calendario escolar. Un descalabro.
Definitivamente la reforma laboral de Milei, no crea empleo (lo admitió el abogado laboralista Julián de Diego, uno de los redactores del borrador de la reforma laboral, «si no hay una etapa de crecimiento económico sustentable, no hay inversiones ni generación de empleo», dijo) y destruye derechos (el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas, Matías Cremonte, aseguró que “lo único que va a hacer esta reforma es que se pierdan derechos”). E incluso nada menos que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dijo que “podría quedar frenada por fallos judiciales durante meses o años, ya que nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”.
Por eso decimos que el jueves puede ser histórico. Los antecedentes de querer imponer una reforma laboral han sido catastróficos para quienes lo intentaron. Fue el primer gran tropezón de Raúl Alfonsín, perdiendo la votación en su mejor momento, por aquel recordado voto de Alvaro Alsogaray que no acompañó su proyecto. La misma suerte corrió Fernando de la Rúa que quiso comprar voluntades, Banelco mediante, y perdió a su vicepresidente Chacho Álvarez que no quiso ser parte de semejante chanchullo. Pero además, esta arremetida libertaria, nos lleva a recordar que Mauricio Macri, inmediatamente después de ganar las elecciones de medio término, se chocó con su punto de inflexión cuando intentó avanzar con la reforma previsional. Macri estaba más consolidado que Milei porque en el 2017, ganó las elecciones legislativas por mucho más margen que Milei ahora. Porque Macri sacó más votos en esa oportunidad que cuando le ganó el ballotage a Scioli, mientras que Milei ganó las elecciones de octubre con el 40,4 % de los votos, y venía de ganar la presidencial contra Massa con el 53,7%. A Macri se le empezó a pudrir todo cuando quiso imponer la reforma previsional y se encontró con la resistencia de los ajustados. La gente en la calle le demostró que no quería eso y no quería más nada de su gobierno.
Y ahora, esta arremetida del neurodivergente para sacar la ley de reforma laboral, cambió el escenario. Hasta ahora a algunos, no pocos, dirigentes peronistas, se los veía medio taciturnos, medio con brazos caídos. Es que después de la derrota electoral, habían adoptado una posición de extrema prudencia, de quietud, ante la pregunta de si con los resultados electorales dados ¿se aceleró o se retrasó la revolución peronista? Mientras que ahora se impone otra pregunta ¿No será que la reforma laboral, más allá de si la logran hacer o no, sea desde el punto de vista político el punto de inflexión del mileismo?
Con la CGT, todos
En ese sentido, entusiasma como pocas veces, la decisión tomada por la CGT de movilizar a Plaza de Mayo. Porque el gobierno puso y sacó el tema de las cuotas sindicales, suponiendo que al preservar las cuotas sindicales amortiguaban a la CGT. Pero los nuevos líderes de la CGT se plantaron diciendo que la reforma es toda mala, no es sólo el tema de la cuota sindical. Y que ellos están en contra integralmente de la reforma y llamaron a una gran movilización a Plaza de Mayo, no al Congreso, porque es en Plaza de Mayo donde se demuestra el “derpo”.
Una movilización que va a ser importante, porque si han decidido hacer una marcha a todo trapo, hay que aguantar una marcha a todo trapo del movimiento obrero organizado a Plaza de Mayo. Y hay una decisión contundente de decir, vamos a llenar la plaza, lo vamos a hacer. Y habrá una cantidad de gente tan importante movilizándose que inhibirá la posibilidad de los aparatos represivos, porque hay un momento en que ya los aparatos represivos no tienen cabida. Será tan importante la gente que se movilice, que va a quedar como un punto de referencia del proceso de resistencia a este ajuste estructural ilimitado, que pone en marcha el gobierno con todo este paquete de leyes que mandó, porque estamos hablando solamente de la reforma laboral, pero que incluye, además, una reforma impositiva que rebaja las alícuotas más altas del impuesto a las ganancias de los empresarios, y donde hasta han colado la quita de un impuesto a los yates.
Entonces, es la oportunidad histórica ¿no será que el jueves vaya a ser el punto de inicio de un proceso de resistencia al ajuste?
