Este 30 de diciembre se cumplieron 5 años de la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que reconoce el aborto como un derecho y, por tanto, como una política de salud pública.
“Dicha Ley fue el resultado de muchos años de una construcción federal, transversal, plural, interseccional y diversa: la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que comenzó a articular en 2005 una lucha feminista, colectiva y sostenida incansablemente en todo el territorio nacional por la autonomía, la dignidad y la libertad de decidir.”, señalaron desde la Campaña Nacional y la Campaña Provincial por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
“El derecho al aborto legal, seguro y gratuito es ley porque fue palabra, organización y deseo. Porque fue educación, diálogo y construcción colectiva. Porque fue la decisión de mujeres, lesbianas, travestis, trans, personas no binarias y miles de personas que nunca aceptaron que otros decidieran sobre sus cuerpos y proyectos de vida”, añadieron.
“A 5 años de su sanción, afirmamos que la Ley 27.610 salva vidas, amplía derechos y fortalece la autonomía de las mujeres y las personas gestantes en todo el país. Aun con desigualdades en su implementación y resistencias persistentes, el acceso al aborto legal demostró que garantizar derechos es garantizar libertad: libertad para elegir, para vivir sin violencias, para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, tejimos redes para acompañarnos y seguir exigiendo la implementación en todos los territorios”, destacaron.
“Hoy, estos derechos, logros de una gran lucha de la sociedad y consolidados legalmente, están amenazados por el vaciamiento de políticas públicas, con un brutal desfinanciamiento en salud, en la Ley 25.673 del Programa de Salud Sexual, reproductiva y (no) reproductiva y con cero partida presupuestaria del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia para 2026 y por el desfinanciamiento en la educación y la Educación Sexual Integral (ESI)”, advirtieron.
“El avance de los discursos violentos buscan retroceder en consensos democráticos, poniendo en riesgo nuestros derechos y nuestras libertades fundamentales. Frente a un gobierno misógino que pretende eliminar derechos y coartar nuestra libertad, frente a quienes promueven el odio, la exclusión, la reducción de presupuestos y el control sobre nuestros cuerpos, reafirmamos que no aceptamos retrocesos”, resaltaron.
“Defender el derecho al acceso al aborto legal, seguro y gratuito es defender la vida digna y la justicia social. Defender la ESI es defender el derecho a decidir con información para que niñeces y adolescencias puedan crecer y tener una vida sin violencias. Reafirmamos fuertemente, ¡son niñas, no madres!. Defender la autonomía de nuestros cuerpos y nuestros proyectos de vida es defender la libertad”, finalizaron.
