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Pide por su hija de diez años, trasladada a otra provincia con su padre

15 enero, 2026
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“Mi hija fue apartada de su centro de vida y trasladada a más de 300 km, sin que la Justicia la haya escuchado en más de tres años de proceso judicial”, contó Gabriela Yanel Buffa. Además, a la mujer le prohíben nombrarla en medios de comunicación

“La decisión fue tomada por la jueza Alejandra Noemí Campos, del Juzgado de Familia N.º 2 de General Pico, a pesar de no existir denuncias penales vigentes en mi contra ni impedimentos legales para el cuidado materno”, agregó.
“Actualmente, además, se nos impuso una restricción de comunicación por 60 días que nos impide saber cómo se encuentra la niña”, lamentó.
“No sabemos como se encuentra emocionalmente, como se esta dando la vinculación con su progenitor y su familia paterna ampliada, ni que abordaje psicológico o terapeutico esta recibiendo en este momento tan complejo”, resaltó.

Bozal legal

En una nota enviada a esta redacción, Buffa contó que “en las últimas horas se ha presentado un escrito judicial por parte de la abogada del progenitor de mi hija, en el que se solicita que se me intime a NO nombrarla ni mostrar su imagen en redes sociales o medios de comunicación”.

“Como madre, me veo en la obligación de expresar con claridad algo que resulta tan básico como irrenunciable: nadie puede intimar a una madre a NO nombrar a su hija. Nombrar es reconocer, es ejercer el vínculo, es sostener la identidad. El nombre no es una estrategia ni una provocación: es un derecho humano fundamental”, agregó.

“Resulta llamativo que mientras se intenta silenciar mi voz como madre, no exista el mismo celo respecto de una nota periodística previamente brindada por la misma profesional interviniente, en la cual se estigmatizó, rotuló y expuso públicamente a mi hija, vulnerando gravemente sus derechos”, dijo.

“En dicha intervención mediática, la Dra. manifiesto supuesta afirmaciones profundamente dañinas, ya que mi hija por encima de todo es una niña con identidad, con nombre y apellido, con historia, con emociones y con derechos”, enumeró.

Recordó que “la Convención sobre los Derechos del Niño es clara: los niños y niñas tienen derecho a la dignidad, a la honra, a la identidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Etiquetar públicamente a una niña, sin respaldo clínico y sin necesidad alguna, constituye una forma de violencia simbólica que deja huellas”.

“No se protege a una niña silenciando a su madre. No se cuida el interés superior del niño exponiéndolo mediáticamente con rótulos estigmatizantes. No se garantiza justicia cuando se pretende callar a quien reclama”, advirtió.

“Como madre, seguiré nombrando a mi hija. Porque nombrarla es cuidarla. Porque hablar es resistir. Y porque el verdadero resguardo de la infancia no se logra con intimidaciones, sino con responsabilidad, ética y verdad”, adelantó.

“Asimismo, resulta preocupante que se pretenda afirmar que ella ‘está muy bien’ únicamente mediante la presentación de fotografías sueltas y un informe elaborado por la propia parte interesada junto a su abogada, sin ningún abordaje profesional real ni seguimiento integral que evalúe su estado emocional, físico, alimentario y vincular. El bienestar de una niña no se acredita con imágenes circunstanciales, sino con intervenciones interdisciplinarias serias, con profesionales idóneos, independientes y con continuidad en el tiempo. Nada de eso ha sido garantizado”, aseveró.

“Decir que una niña ‘está muy bien’ exige responsabilidad. No alcanza con afirmarlo, ni con mostrar fotos, se debe demostrar con hechos, con cuidado real, con respeto por su identidad, sus necesidades y su historia. Y, sobre todo exige un abordaje real e integral por equipos interdisciplinarios especializados ante tan compleja situación”, finalizó.

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