Johanna Harostegui entró a la vida política de La Libertad Avanza el 5 de diciembre pasado. Poco tiempo después, pasó a ser funcionaria nacional. Se le desconocen antecedentes en la materia que va a manejar, pero, como abogada, en la Provincia, se la recuerda por intervenir en un resonante caso de Grooming (acoso sexual virtual).
Johana Harostegui ingresó a LLA LP como apoderada del partido, en reemplazo del desplazado Juan Pablo Patterer. Apenas 45 días después, ya pasó a ser funcionaria nacional en el distrito 21 de Vialidad Nacional.
La abogada Johanna Harostegui consiguió el conchabo en reemplazo de Julio César Vendramini. Forma parte del desembarco de Adrián Ravier en el partido y en el manejo de la cosa pública vinculada a LLA LP.
En La Pampa no tiene antecedentes relacionados con la función que se le asignó. Al contrario, es conocida por defender a un condenado por acoso sexual virtual. Le consiguió un juicio abreviado y logró que no fuera a prisión.
Harostegui es una abogada que en nuestra provincia defendió a un condenado por grooming, que aceptó un juicio abreviado para no ir a prisión. Intervino en el caso del empresario Oscar Cian, quien aceptó su culpabilidad y recibió una pena de dos años de prisión en suspenso.
Grooming
La abogada que Adrián Ravier eligió como apoderada en reemplazo de Juan Pablo Patterer e hizo designar en Vialidad Nacional, intervino en el juicio abreviado en el que se comprobó que Cian se contactó, a través de la red social Instagram, con una adolescente de 15 años “desde aproximadamente el mes de junio de 2019, a través del usuario ‘Oscar.Cian’. En esa oportunidad, el imputado reaccionó a una foto que la menor subió junto a una amiga, poniéndole un emoticón de ‘cara enamorada’ y luego siguió reaccionando a las fotos de la misma manera, y en algunos casos comentando y escribiéndole hasta fines de marzo. En las conversaciones, Cian le profirió a la víctima palabras obscenas”, se lee en la sentencia. También le envió fotos íntimas.
Cian es un conocido empresario de la noche santarroseña y era uno de los titulares de las panaderías 707, que presentaron quiebra en 2020.
El conflicto penal se resolvió a través de un acuerdo de juicio abreviado convenido entre el fiscal Marcos Hernán Sacco, los defensores particulares Edgardo Daniel González y Johanna Denisse Harostegui y el propio imputado, de 48 años, quien admitió su culpabilidad.
