El gobierno de Milei tuvo cinco bajas esta semana: una asociada a una sospecha de corrupción con subsidios al transporte y otra relacionada con la presión de Luis Caputo a la UIF para que reglamente la ley de inocencia fiscal que se contradice con la ley de lavado de activos.
El gobierno de Milei otra vez bajo sospecha, pero no por el periodismo: se fueron funcionarios que se negaron a reglamentar el nuevo blanqueo porque sería inconstitucional y podría implicar la comisión de delitos penales.
Se trata de la renuncia de Paul Starc, quien rechazó las presiones de Luis Caputo y Santiago Bausili para reglamentar la ley de “Inocencia Fiscal” y se alejó de la dirección de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La ley de inocencia fiscal va contra la ley de lavado y la Argentina está bajo seguimiento de GAFI, por lo que Starc no quería modificar las resoluciones que, además, podrían ser inconstitucionales.
Con él se fue todo el equipo de la UIF: Eduardo De Biase, el subdirector de litigios penales y el director de Coordinación Internacional, Eduardo Muñoz. También renunció Martín Montero, el director de Análisis, y los directores de despacho y de administración.
Además de Starc y su gente, renunciaron Luis Pierrini (Transporte); Carlos Casares (Enargas) y Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, quienes estaban a cargo de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, respectivamente.
También hubo movimientos en la Aduana, área que controla Andrés Vázquez, el titular de la ARCA y hombre cercano a Caputo. A quince días de haber asumido su cargo, Gustavo Mariezcurrena renunció como jefe de la Aduana en Ezeiza por razones de salud. Esta vez, se fueron perfiles más técnicos que políticos.
Corrupción
Luis Toto Caputo echó al secretario de Transporte, Luis Pierrini, tras una denuncia por corrupción que involucra una estafa con los fondos de la tarjeta SUBE. El perjuicio al Estado se calcula en 30 mil millones de pesos mediante la alteración de datos técnicos del sistema de pago electrónico.
Acorralado, el funcionario de origen mendocino no se esforzó mucho por disfrazar su salida y argumentó «motivos personales» para dejar el cargo. Pero lo cierto es que el ministro de Economía decidió echarlo luego que se revelara una supuesta estafa de la empresa de colectivos La Nueva Metropol de la familia Zbikoski, que le habría causado al tesoro un perjuicio de 3 mil millones de pesos mensuales durante la gestión de Pierrini.
La Asociación Arco (Arco Social) fue quien destapó el caso, al presentar una denuncia penal contra Caputo y el ahora ex secretario de Transporte «por presuntas maniobras irregulares en el sistema de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el AMBA, que podrían haber provocado un perjuicio multimillonario al Estado nacional»
La maniobra consistía en realizar un corrimiento artificial de validaciones desde tramos cortos a tramos largos en el sistema de la tarjeta SUBE. Eso provocaba un aumento en el monto de los subsidios percibidos por determinadas empresas, «sin correlato real en pasajeros transportados ni en kilómetros recorridos», sostiene la denuncia de Arco Social.
