En un comunicado de prensa señalaron que “protestar no es un delito” y denunciaron criminalización de la protesta social.
El grupo de vecinos y vecinas de El Amanecer, que el domingo a la noche comenzó el piquete en la entrada del relleno sanitario, hasta las 17 del lunes, denunció persecución judicial y represión.
Durante varias horas cortaron el acceso de los camiones de residuos al relleno para descargar y volver a hacer la recolección, lo que el municipio consideró un delito por tratarse de un servicio esencial, y los denunció. Cerca de las 17, el GEO ejecutó la orden judicial de desalojo y detuvo a doce personas. Siete fueron liberadas al poco tiempo y otras cinco, formalizadas al día siguiente.
Durante el piquete, pidieron que se apagara el fuego y que el intendente se presentara en el relleno a negociar.
Con el fuego apagado esa misma mañana, Luciano di Nápoli les ofreció una mesa de negociación en el municipio, que rechazaron. El municipio dijo que unas 15 personas tomaban de rehén a 120 mil habitantes a los que no les permitían acceder al servicio de recolección de residuos, y pidieron el desalojo.
Tras la denuncia penal y el desalojo, los vecinos y vecinas señalaron:
Los vecinos y vecinas del Barrio El Amanecer, de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, denunciamos públicamente el grave accionar represivo, judicial y policial desplegado por el Estado frente a una protesta social legítima en defensa del derecho a vivir en un ambiente sano.
El Barrio El Amanecer existe desde hace más de 20 años y se encuentra ubicado junto al relleno sanitario que recibe residuos de toda la ciudad. Durante décadas, el Estado municipal ha omitido dar respuestas estructurales frente a una situación ambiental y sanitaria crítica, que incluye humo permanente, incendios frecuentes, contaminación y riesgos para nuestra salud.
Ante el hartazgo y la falta absoluta de respuestas, se llevó adelante una medida de fuerza pacífica. La respuesta estatal no fue el diálogo ni la búsqueda de soluciones, sino el amedrentamiento y la represión.
Hubo presencia policial solicitando datos personales, una supuesta instancia de negociación con condiciones impuestas de manera unilateral por el municipio y, finalmente, un operativo policial desmedido, con intervención del grupo GEO.
Este accionar culminó con el desalojo y la detención ilegal de cinco vecinos y vecinas. Se trató de un abuso de poder y un uso irracional y desproporcionado de la fuerza, orientado a disciplinar y silenciar un reclamo legítimo de un barrio popular organizado.
Durante la detención, se produjo una grave vulneración del derecho a la defensa, ya que se nos negó reiteradamente la posibilidad de realizar una llamada telefónica para comunicarnos con familiares o con un abogado, violando garantías constitucionales básicas y normas del derecho internacional de los derechos humanos.
Lejos de asumir su responsabilidad, la Municipalidad de Santa Rosa avanzó con una denuncia penal, profundizando la criminalización de la pobreza y de la protesta social, utilizando el aparato judicial y represivo del Estado contra quienes reclamamos condiciones de vida dignas.
Dejamos en claro que no vamos a ser silenciados. La intimidación, la represión y la judicialización no detendrán un reclamo justo.
Exigimos el cese inmediato de la persecución judicial, el esclarecimiento del accionar policial, respuestas urgentes frente a la crisis ambiental y la renuncia de Federico Iñasewski, responsable del relleno sanitario, por su inoperancia como funcionario público.
Seguiremos reclamando con firmeza y, ante este atropello, iremos hasta las últimas consecuencias.
