El Consejo Local de Unidades Básicas expresó un firme rechazo a la reforma laboral impulsada a nivel nacional, al considerar que representa un grave retroceso en las conquistas históricas del movimiento obrero, profundiza la precarización y traslada los riesgos económicos a los trabajadores.
A través de un extenso documento, el espacio justicialista reafirmó su compromiso con la defensa del trabajo digno, la estabilidad laboral y la justicia social, pilares fundamentales del desarrollo con equidad.
Textalmente señala esto el documento:
Desde nuestra identidad política, históricamente comprometida con la ampliación de derechos sociales y laborales en la Argentina, manifestamos nuestro rechazo a toda reforma laboral que implique un retroceso en las conquistas alcanzadas por el pueblo trabajador.
El movimiento justicialista nació reconociendo al trabajo como columna vertebral de la organización social, institucionalizando la justicia social como principio rector del Estado. En ese marco, cualquier modificación normativa debe evaluarse no desde la retórica de la “modernización”, sino desde su impacto concreto en la dignidad, la estabilidad y el poder adquisitivo de quienes viven de su esfuerzo cotidiano.
La reducción de derechos laborales no es una reforma técnica: es una decisión política que traslada riesgos económicos al trabajador, debilita su capacidad de negociación y profundiza desigualdades estructurales. La experiencia histórica argentina demuestra que los procesos de flexibilización no generaron empleo sostenido ni desarrollo productivo; por el contrario, incrementaron la informalidad, precarizaron condiciones laborales y deterioraron el tejido social.
La realidad actual es clara: inflación persistente, caída del poder adquisitivo y ausencia de inversiones productivas de magnitud. En este contexto, exponer aún más a los trabajadores a la incertidumbre económica no es una solución; es agravar el problema.
Frente a ello, resulta legítimo que la sociedad pampeana se pregunte a quién representan quienes acompañan estas iniciativas en el Congreso Nacional. Las decisiones legislativas no son neutras: definen quién asume los costos del ajuste y quiénes resultan beneficiados.
Nuestra posición no responde a una negativa dogmática, sino a una convicción histórica y programática: el desarrollo nacional solo es posible con trabajo digno, estabilidad laboral y fortalecimiento del mercado interno.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa y ampliación de los derechos del pueblo trabajador como condición indispensable para la justicia social y el crecimiento con equidad.
