La Cámara baja se reúne desde las 11.18. El proyecto, que cuenta con acompañamiento de dialoguistas, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. También se tratará el Acuerdo Mercosur – Unión Europea.
Tras una jornada exitosa para La Libertad Avanza en el Senado, con la media sanción de la Reforma Laboral, se inició este jueves a las 11.18 la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo, con el acompañamiento de bloques dialoguistas, buscará la media sanción de un nuevo Régimen Penal Juvenil, un tema discutido durante años pero que nunca había llegado al recinto.
El quórum de 129 presentes se alcanzó con 95 diputados de La Libertad Avanza, 20 del interbloque Fuerza del Cambio (10 Pro, 6 UCR, 2 MID, Karina Banfi y José Luis Garrido), 7 integrantes de Innovación Federal (salteños y misioneros), 3 tucumanos del bloque Independencia, 3 catamarqueños del bloque Elijo Catamarca y la exlibertaria Lourdes Arrieta, la única del interbloque Unidos en ingresar para aportar al inicio de la sesión. El massista Ramiro Gutiérrez, miembro de Unión por la Patria, amagó con dar quórum pero finalmente no se sentó.
Los proyectos presentados se debatieron durante 2024 y la primera parte de 2025, pero finalmente el dictamen no se trató por falta de votos. Ahora, con la nueva composición, y a raíz de un nuevo caso mediático como el de Jeremías Monzón, el Gobierno retomó el tema y a fines de enero lo incluyó en la agenda de extraordinarias. La mamá del joven asesinado por un grupo de menores se hizo presente en el Congreso este jueves.
Según estimaciones realizadas durante la reunión de Labor Parlamentaria, se esperan 10 horas de debate para este primer tema. Habrá, además, más de una veintena de cuestiones de privilegio que se intercalarán en tandas entre los oradores del proyecto.
De manera exprés, esta semana se terminaron de constituir las comisiones para el tratamiento del régimen penal juvenil (fueron cuatro) y este miércoles se dictaminó, tomando como base el texto del despacho firmado el año pasado.
A diferencia de aquella vez, este dictamen aclara la asignación presupuestaria para el cumplimiento de la ley. Si bien el Poder Ejecutivo había mandado un nuevo proyecto el lunes pasado -que a las horas retiró-, la iniciativa que llega al recinto contiene las partidas estimadas por el Gobierno: un total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.51 de la Defensoría General de la Nación.
A pedido de la oposición dialoguista y con el objetivo de que Nación afronte los costos que las provincias tengan para adecuar sus sistemas, el articulado reza que «la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción».
El «corazón» del proyecto es, sin dudas, la baja de la edad de imputabilidad, que pasará de los 16 a 14 años. El Gobierno proponía 13, pero los consensos cerraron en 14.
La iniciativa prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podrían aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.
El plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes se fijó en 15 años, aunque originalmente el Poder Ejecutivo proponía 20.
El proyecto también menciona la figura del «supervisor»; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos.
Por otra parte, el temario incluye el proyecto que busca la aprobación del Acuerdo Mercosur – Unión Europea, suscripto el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay. Previamente tuvo dictamen en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur.
En los argumentos de la iniciativa enviada, el Gobierno destacó que el acuerdo tiene como objetivo «establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico».
A causa de este tratado, «Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial», resaltó el Poder Ejecutivo y agregó que «se obtiene acceso a uno de los mayores mercados del mundo» ya que «la UE es un mercado de más de 450.000.000 de personas, por lo que el Acuerdo referido generará un enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios».
Debate del Régimen Penal Juvenil
Primera oradora del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado consideró que el nuevo Régimen Penal Juvenil va a ser «un gran paso para Argentina». «Esta Cámara tuvo muchas intenciones desde el año 2000 de modificar algo que, a todas luces, es tremendamente injusto, que es la manera con el Estado trata a nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal», sostuvo.
En ese sentido, la legisladora bullrichista, integrante del bloque de La Libertad Avanza, señaló que «la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas». Además, detalló los principales puntos del proyecto que se trató en un plenario de comisiones y que ella encabezó como presidenta de Legislación Penal.
A su turno, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que no se «hay un montón de aportes» de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría que «lamentablemente no fueron tenidos en cuenta». «La opinión ha sido muy potente alrededor de que tengamos en este tema todos los cuidados que teníamos que tener, lamentablemente fueron desoídos», agregó.
Para el santafesino, en esta iniciativa hay «un vacío de política pública alrededor de los niños y adolescentes no punibles», al tiempo que «no dice una palabra sobre la cuestión preventiva». «Y hay un abordaje desde el punto de vista presupuestario ínfimo, que no incluye a las provincias», observó. (Parlamentario).
