El procurador penitenciario de la Nación, Ariel Cejas Meilare, denunció “la nueva esclavitud” surgida de la Reforma Laboral que sancionó la Cámara de Diputados y que se convertiría en ley antes de fin de febrero.
Uno de los últimos artículos de la reforma laboral sancionada en Diputados deroga dos artículos de la Ley de Ejecución de la Pena. De aprobarse en el Senado, tal como está pautado, no habrá más regulación del trabajo en situación de encierro. Las personas detenidas ya no tendrán salario por su labor dentro de la cárcel.
Se estima que el 29 por ciento de los 121 mil personas detenidas realiza alguna tarea. Es un universo de 35 mil detenidos. “Si no hay remuneración, y si no está regulado, el trabajo se convierte en esclavitud”, denunciaron desde el Comité contra la Prevención de la Tortura.
“La esclavitud no es nueva. Desde hace más de 40 años persiste en las 23 provincias de nuestro país donde las PPL trabajan sin percibir peculio. Más de 100.000 personas privadas de libertad trabajan sin remuneración. Lo grave es que esto se extienda ahora también al ámbito federal, donde hay 11.500 detenidos más”, señaló Cejas Meliare.
“El trabajo en contextos de encierro no constituye un beneficio ni una concesión administrativa. La Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional reconocen la protección del trabajo en sus diversas formas y establecen que la ejecución de la pena debe orientarse a la reinserción social. En ese marco, el trabajo penitenciario cumple una función central: organiza la vida intramuros, favorece la convivencia, permite sostener vínculos familiares y contribuye a la preparación para la vida en libertad”, destacó.
“La Procuración Penitenciaria de la Nación sostiene que la exclusión general del régimen laboral común sin la adopción de una regulación específica equivalente plantea serias objeciones constitucionales. Asimismo, advierte que el proyecto se aparta de la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, que ha reconocido al trabajo penitenciario como una forma de trabajo humano protegida constitucionalmente, y que implicaría una reducción del nivel de tutela actualmente vigente”, resaltaron.
“La Procuración Penitenciaria de la Nación reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y con el impulso de políticas penitenciarias acordes al marco constitucional y la jurisprudencia vigente. Si bien en el ámbito federal el trabajo intramuros mantiene su carácter remunerado, el organismo advierte que aún persisten desigualdades en las jurisdicciones provinciales y subraya la necesidad de garantizar en todo el país la protección jurídica y la retribución laboral conforme a los estándares internacionales asumidos por el Estado argentino”, finalizó.
