La diputada Sandra Fonseca y el diputado Maximiliano Aliaga Souto volvieron a presentar un Proyecto de Ley para crear la Mesa Salarial Policial “con el objetivo de establecer un ámbito formal y permanente de negociación salarial y condiciones laborales entre la Policía de La Pampa y la Administración Pública Provincial”.
“La iniciativa busca terminar con una discriminación histórica que afecta a los/as trabajadores de las fuerzas de seguridad, quienes actualmente no cuentan con un mecanismo específico de discusión paritaria dentro del esquema general de la administración pública”, señalaron.
La legislación actual impide la agremiación de la policía en todo el país y en La Pampa, se le aplican los mismos aumentos que se determinan para todo el personal de la administración pública.
Desde Comunidad Organizada “sostenemos que el personal policial son trabajadores del Estado y, como tal, deben gozar de los derechos consagrados por la Constitución Nacional, particularmente lo establecido en el artículo 14 bis respecto a condiciones dignas y equitativas de labor, retribución justa e igualdad de remuneración, así como el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
El proyecto establece que la negociación salarial se canalice a través de una Mesa integrada en igualdad de condiciones por representantes del Poder Ejecutivo y por una Comisión de Trabajo Salarial conformada por integrantes de la Policía de La Pampa, elegidos mediante voto secreto”.
El proyecto de CO establece que la comisión “sea integrada por dos miembros, un varón y una mujer, sin distinción de jerarquía, y podrá ser elegida tanto por personal en actividad como retirado, garantizando así legitimidad y representación real”.
La propuesta recupera antecedentes legislativos impulsados por Comunidad Organizada en los años 2012, 2020 y 2024, “reafirmando una posición sostenida en el tiempo: adecuar la legislación provincial a los estándares internacionales en materia de derechos laborales”.
“El proyecto se interpreta conforme a los Convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por la República Argentina, que promueven la negociación colectiva en la administración pública y establecen que la legislación debe determinar el alcance de estos derechos respecto de las fuerzas de seguridad. Cabe resaltar que la ley aprobada N° 3469 de Seguridad Publica y Ciudadana podría haber garantizado de manera efectiva el acceso a esta mesa salarial, pero el titular del Poder Ejecutivo se negó a hacerlo”, añadieron.
“Desde el bloque sostenemos que modernizar las instituciones también implica garantizar derechos laborales básicos. No reconocer un ámbito de discusión salarial para el personal policial constituye una discriminación negativa hacia un sector esencial que presta un servicio público permanente, bajo altos niveles de exigencia y responsabilidad en La Pampa”, indicaron.
“La creación de la Mesa Salarial Policial permitirá canalizar las demandas dentro de un marco institucional claro, con reglas transparentes y resoluciones fundadas, fortaleciendo el diálogo, la previsibilidad y significativamente evitar conflictos como los ocurridos en diferentes provincias incluida La Pampa”, finalizaron.
